La UE llega a un acuerdo sobre la "Ley Rider" europea con la abstención de España

Los Veintisiete han llegado este lunes a un acuerdo sobre la normativa bautizada como "Ley Rider" europea que busca mejorar las condiciones de las personas que trabajan para las plataformas. Antes de que conociera la luz verde de este acuerdo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anunciado la abstención de España al considerar que esta nueva legislación europea “está fuera del sentido común” y es “difícilmente comprensible en términos democráticos”.

La propuesta inicial de la Comisión Europea resultaba muy parecida a la "Ley Rider" española, pero el desacuerdo entre las capitales europeas a este texto ha hecho que el resultado final no satisfaga al Gobierno español que espera que esto sea enmendado por la Eurocámara. Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Rumanía y Eslovenia también comparten la posición española y han firmado un documento conjunto.

El punto de principal disputa durante las negociaciones ha sido qué criterios deben aplicarse para considerar a estos empleados como autónomos o como trabajadores por cuenta propia de estas empresas en los procedimientos administrativos y judiciales. El pacto final establece siete criterios de los que deben cumplirse al menos tres para que la plataforma esté obligada a considerar a uno de estos trabajadores como asalariado. Estas condiciones incluyen que la plataforma determine los límites de remuneración de los empleados; que estos deban respetar una serie de normas como su apariencia o conducta respecto al consumidor, que la empresa supervise el trabajo incluyendo medios electrónicos, que ésta además limite la organización laboral de estos empleados, incluyendo sanciones, en ámbitos como las horas de trabajo o de ausencia, la capacidad de aceptar diferentes tareas o la posibilidad de subcontratar la actividad o buscar sustitutos, establecer una red propia de clientes o trabajar para un tercero.

Este estatus legal no se aplicará a los procesos de seguridad social, fiscalidad y de naturaleza criminal, aunque cada país europeo podrá incluir esto en su ordenamiento jurídico si así lo considera necesario. Además, las autoridades nacionales quedarán exentas de esto último si ya están en marcha procedimientos realizados por su cuenta para conocer el estatus de esos trabajadores o si resulta manifiesto que la persona no es un empleado de la plataforma.

Estas excepciones no gustan a España que considera que el texto final supone una rebaja de derechos. “Un joven con bicicleta y una app en su mano no es un emprendedor y merece toda la protección con identidad de derechos laborales”, ha declarado Díaz ante los medios de comunicación en Luxemburgo. Los países firmantes que han adoptado la misma posición que España señalan que "es necesario establecer la presunción de laboralidad sin restricciones o excepciones, ya que esto solamente perpetuaría el desequilibrio actual entre las plataformas digitales y las personas que trabajan en ellas, e incluso entre intermediarios, lo que ha llevado a la existencia de miles de falsos autónomos en Europa y a condiciones laborales precarias".

Por su parte, la industria del delivery, representada en la coalición "Delivery Platforms Europe, de la que son miembros Uber Eats, Glovo, Delivery Hero, Deliveroo, Bolt y Wolt, considera que "aunque el texto aprobado hoy aporta más claridad que la propuesta original, sigue sin trazar una línea suficientemente clara entre el empleo asalariado y el trabajo autónomo y hace poco por mejorar la situación de los auténticos trabajadores por cuenta propia. Esperamos que estos temas puedan abordarse mejor durante las próximas negociaciones".

Just Eat, en cambio, tiene un postura más positiva sobre el acuerdo. "Desde Just Eat entendemos el acuerdo alcanzado en el Consejo de la Unión Europea sobre la directiva que regula las condiciones laborales de los trabajadores en plataformas digitales, como un paso en la buena dirección para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones a nivel de la UE, que es necesaria para reforzar la competitividad en nuestro sector, donde actualmente se hace un uso impune de falsos autónomos en una mayoría de países europeos. Instamos a las tres instituciones europeas a que pongan en marcha el proceso de trilogos para lograr derechos y seguridad adecuados cuanto antes para los trabajadores de plataformas sobre unas bases seguras y sostenibles que permitan el desarrollo del sector", señala la compañía a LA RAZÓN. El acuerdo político alcanzado este lunes aún está pendiente de la posición del Parlamento Europeo de cara a las negociaciones entre ambos colegisladores sobre esta directiva.