Los cursos de formación empeoraron el empleo del 25% de los alumnos

Si los rendimientos financieros de los planes de formación profesional demuestran el escaso aprovechamiento de los recursos dedicados en este campo (220.967 euros para unos fondos públicos de 426,4 millones de euros), su eficacia deja aún más que desear. Según el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2010, el 46,71% de los alumnos no consiguió mejorar sus condiciones laborales después de las acciones formativas, entendiendo por ello que simplemente mantuvieron el mismo grupo de cotización. Y lo que es más dramático, uno de cada cuatro vio reducido su grupo de cotización a lo largo del periodo objeto de análisis.

Según el tribunal, tan sólo un 15,74% del colectivo de participantes en las acciones formativas de la convocatoria del año analizado vio mejoradas sus condiciones laborales, «lo cual denota un escaso porcentaje de impacto de la eficacia de dichas acciones formativas en la consecución de uno de los objetivos, como es la promoción profesional de los trabajadores». No existe comparación con otros ejercicios y tampoco grado de cumplimiento de lo previsto, toda vez que no existían objetivos explícitos.

Cuando el Tribunal de Cuentas habla de los rendimientos financieros de los 300 planes de formación aprobados asegura que en 71 de ellos, algo menos de la cuarta parte, no superaron la cifra de 100 euros. En 24 de ellos, es decir, en el 8%, el importe declarado como rendimiento financiero fue de 1 céntimo. A pesar de esta situación, ni la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo ni el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) exigieron a los representantes legales de las entidades beneficarias certificación relativa a los motivos que impidieron su obtención.

15 cursos por alumno

Los agentes sociales beneficiaron a sus propios trabajadores, los de las empresas subcontratadas y otras «amigas» con cursos a cargo de las subvenciones públicas. En total, se repartieron 40,1 millones de euros en formación para un total de 43.707 trabajadores de las entidades beneficiarias, asociadas, vinculadas o de las propias empresas privadas impartidoras de la formación. En ningún caso dichas entidades participaron en la cofinanciación del curso, como habría sido preceptivo, según denuncia el informe del Tribunal de Cuentas.

En concreto, un total de 1.039 alumnos participaron en estas acciones formativas por cuenta de las subvenciones públicas concedidas por el Estado siendo trabajadores directos de las propias entidades beneficiarias, con un coste de 747.697 euros. Otros 21.439 alumnos eran trabajadores de los organismos asociados a los agentes sociales, considerados personal de las propias entidades beneficiarias. El coste estimado en este caso asciende a 3.844.891 euros. En relación con las entidades vinculadas a los agentes sociales, el Tribunal de Cuentas constata la participación de 9.131 alumnos, con un coste de 2.389.281 euros y de otros, al menos, 12.098 trabajadores de las empresas privadas impartidoras de la formación, subcontratadas por las beneficiarias, con un coste estimado de 1.970.089 euros.

Además, el informe remarca que los agentes destinaron 31,4 millones de euros para impartir cursos en empresas «amigas» ya que en un total de 7.776 grupos formativos, todos los participantes en cada uno de estos grupos pertenecían a la misma empresa.

El tribunal detecta también en su informe de fiscalización «una excesiva multiparticipación». De hecho, la simple relación entre el número total de cursos realizados (6.068) y el de alumnos (398) da una media de 15 anuales por estudiante. El récord lo tiene un alumno que realizó la friolera de 101 cursos de formación, lo que significa uno por cada dos días laborables. La mayor parte de los alumnos (336) realizaron entre 10 y 19 cursos o acciones formativas. El informe se ha centrado en las iniciativas de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados gestionadas en el ámbito estatal por el Sepe.

Las patronales defienden su gestión «legal»

Las patronales aseguraron ayer que gestionaron los planes de formación «dentro de la más absoluta legalidad» y que reiterarán sus alegaciones, si fuera necesario, «en vía administrativa y judicial». CEOE y Cepyme resaltan que la formación que impartieron supuso más de dos millones y medio de horas; la realización de 856 cursos y atendió a más de 35.000 alumnos de toda España. El grado de satisfacción de los participantes fue 8,5 puntos sobre 10 en el caso de CEOE y de 8,86 en el caso de Cepyme.