Los funcionarios recuperarán parte de la rebaja salarial de 2010

El Gobierno valora reintegrar a lo largo de la legislatura el 5% perdido de media con el PSOE

En 2010, ante la gravísima situación a la que se enfrentaba España, el Gobierno socialista se vio forzado por primera vez en la historia a bajar el sueldo a los empleados públicos, que llevaban a su vez casi 20 años en la nevera. Además, el Ejecutivo del PSOE anunció la congelación salarial para los funcionarios en 2011, agravando aún más su pérdida de poder adquisitivo. Luego llegaron las purgas de días «moscosos» y «canosos» y la congelación de la paga extra de diciembre de 2012 ante la excepcionalidad de la situación económica española, entre otras medidas de choque que afectaron muy especialmente a la Función Pública.

Con la recuperación, el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido devolviendo gradualmente desde mediados de 2015 todos los sacrificios realizados por los empleados públicos, que vieron cómo en 2016 se les aplicaba por fin una subida del 1%, tras cinco años consecutivos de congelaciones desde la bajada aprobada por los socialistas en 2010.

Sin embargo, la devolución de aquella rebaja continúa pendiente y el Ejecutivo popular se muestra dispuesto a afrontarla al menos en parte, según han confirmado fuentes sindicales a este diario. La disposición del Gobierno es favorable a alcanzar un pacto de legislatura para que las alzas salariales sean superiores al 1% anual con el objeto de recuperar en función de la marcha de la economía aquella fuerte pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios.

Pérdida de poder adquisitivo

Según estimaciones sindicales, la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los funcionarios es del 7,4% desde 2008 aunque alcanzaría en algunas regiones hasta el 20% en función del incremento del coste de la vida.

Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas, trasladó la semana pasada a la recién nombrada secretaria de Estado para la Función Pública, Elena Collado, la necesidad de lograr un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años y el 5% de bajada se produjo en 2010. Además, CSIF considera que es necesaria una ley de Función Pública que clarifique y blinde el desempeño de su trabajo y en la que se recoja la jornada laboral de 35 horas y la equiparación de los derechos de los trabajadores interinos al resto de empleados, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de septiembre que equiparó los costes de despido de los interinos y los trabajadores fijos.

Por su parte, las centrales de clase CC OO y UGT han solicitado unas alzas para los empleados públicos de entre el 1,5% y el 1,7% para el próximo ejercicio. Su propuesta la impulsará Unidos Podemos mediante una proposición de ley en el Congreso. En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, anunció ayer que planteará el jueves a Rajoy la recuperación de los salarios tanto para los funcionarios como al conjunto de los trabajadores, y cubrir con personal las necesidades de la función pública. Álvarez recordó que el sindicato ha establecido una franja salarial de subida de salarios de entre el 1,8% y el 3%.

Sin embargo, el Ejecutivo no está dispuesto a saltarse las líneas rojas del déficit público por lo que el regreso a la casilla de salida salarial de 2010 no será un camino libre de espinas y, probablemente, no se logre alcanzar las mismas retribuciones que en 2010 más las alzas correspondientes vinculadas al IPC. Aunque de media las rebajas fueron del 4,7%, algunos sueldos más elevados se vieron reducidos por encima del 10%.

Montoro rebaja las pretensiones

Aunque el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, volvió ayer a poner en valor la importancia del desempeño del trabajo de los empleados públicos descartó que los funcionarios vayan a recuperar la todo lo perdido en 2010.

Según Montoro, España tiene uno de los mejores cuerpos funcionariales del mundo desarrollado, «eficaz y comprometido», que aporta «seguridad y viabilidad» a la función pública y evita sus «veleidades excesivas», el abuso de poder político y la corrupción, pero no es necesario ofrecer «compensaciones» por los sacrificios realizados hasta la fecha.

«No se trata de recuperar nada», indicó el titular de Hacienda en declaraciones a los medios tras su intervención en una jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Cuerpos de la Administración Civil del Estado (Fedeca). «Se trata de ganar ese futuro», concluyó.