Los impuestos calientan el debate electoral

Las reformas tributarias serán de las promesas más escuchadas durante la campaña. El PP habla de una auténtica «revolución» fiscal, el PSOE seguirá

con lo estipulado en los Presupuestos, Ciudadanos pretende eliminar Sucesiones, y una de las medidas estrella de Podemos será el impuesto a la banca.

El 28 de abril tendremos elecciones generales, una de las más particulares de nuestra historia democrática por una característica. Son totalmente imprevisibles porque la mayoría de los votantes no se casan con ningún partido. Quien se atreve a apostar en la quiniela política lo hace con grandes probabilidades de desacierto. Y ya ni siquiera los resultados del CIS son fiables en este sentido. Por lo tanto, todo está abierto y la campaña será más decisiva que nunca. Los políticos que sean más convincentes serán los vencedores. Y la forma de convencer es a través de promesas electorales atractivas, como las relacionadas con los impuestos, un tema que afecta directamente al bolsillo de los votantes. Por ese motivo, la fiscalidad estará en el centro del debate hasta el día de los comicios.

No obstante, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, admite que «es una lástima» que se use la fiscalidad como arma electoral. Según él, se trata de «uno de los cimientos del estado y, por ello, debería someterse a un pacto estatal». La realidad es que los impuestos tienen y tendrán un fuerte componente ideológico. La derecha, con su idea liberal de la economía, tiende a bajarlos, y la izquierda, con sus ganas de aumentar el gasto social, desea subirlos. Así que resulta inevitable que los tributos sean protagonistas en campaña.

Partido Popular: El partido que más ha apostado por las reformas tributarias como eje de su campaña ha sido el Partido Popular. Su candidato, Pablo Casado, ha hablado de «revolución fiscal», para la cual ha propuesto una gruesa batería de medidas orientadas a una reducción de la presión impositiva en nuestro país.

Entre ellas se encuentra la rebajar del Impuesto de Sociedades hasta situarlo por debajo del 20%. Las empresas, por lo tanto, se someterían a una menor carga tributaria, mientras que a día de hoy soportan un 30% más de costes que la media europea, según el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. Por lo tanto, este exceso impositivo supone un obstáculo para la contratación, contra lo que pretende luchar Casado con esta medida.

El líder del Partido Popular ha hablado de que su proyecto fiscal está orientado en hacer posible el ahorro. Para ello, ha anunciado que bajará el tipo máximo del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por debajo del 40% y, de esta manera, que se coloque a la altura de la media europea. El plan de Casado es el de continuar con la línea marcada en 2016 por el Gobierno de Rajoy, que rebajó el tipo máximo al 45% desde el 52% en el que se encontraba en 2012.

Quien invierta en una vivienda como ahorro para su jubilación podrá deducirse hasta 8.000 euros o el 30% neto en el IRPF. Con esta medida, Casado ha señalado la jubilación como una de sus prioridades en campaña. En ese sentido, promete que quien quiera acceder a sus ingresos acumulados en un plan de ahorro o de pensiones en el momento de su jubilación no sufrirá un gravamen fiscal.

Estas ventajas tributarias al ahorro a Cruzado le parecen algo contradictorias. Para él, «chocan un poco con este momento en el que las cotizaciones sociales son insuficientes y porque quitaría recaudación al estado cuando justo se necesita ingresar para asegurar la solvencia del sistema de pensiones».

El PP también propone la eliminación del impuesto de Patrimonio (que los países europeos han ido suprimiendo), cuya recaudación está estimada en 2018 en 1,14 millones de euros, una aportación muy residual (0,54%) para la totalidad de los ingresos. Igualmente, Casado ha anunciado la anulación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los bancos en los últimos meses porque el Partido Socialista le ha obligado a asumirlo en lugar de los clientes, como había dictado el Tribunal Supremo.

Por último, otro polémico impuesto que quiere borrar es el de Sucesiones y Donaciones, que a día de hoy crea bastantes desigualdades territoriales porque las autonomías tienen el 100% de las competencias sobre el mismo. En comunidades como Madrid, Cantabria o Canarias los herederos pueden acceder a una bonificación del 99% de la carga fiscal, por lo que por una herencia de 250.000 euros sólo abonarían 125 euros. Por otro lado, en territorios como Valencia se pagarían unos 16.000 euros si se reciben 300.000.

Cruzado explica que en el ISD «se ven claramente las desigaldades autonómicas en materia fiscal». Y añade que «una Comisión de Expertos del Ministerio de Hacienda afirma que se debe mantener este impuesto, pero está claro que es necesario armonizarlo», igual que el resto de figuras tributarias que generan brechas territoriales.

Ciudadanos: Ciudadanos también aboga por la eliminación del ISD y, de hecho, cuando formaba gobierno en Andalucía con Susana Díaz, empujó a la socialista a bonificarlo para no forzar una convocatoria adelantada de elecciones. Esta es la medida estrella de un plan generalizado de rebaja fiscal que no se ha detallado todavía. Y, además, en su programa aseguran que podrán reducir los impuestos aunque descienda la recaudación porque, por otro lado, ingresararán «recortando en gastos absurdos» dentro de la Administración.

Partido Socialista: En cuanto al Partido Socialista, su programa electoral son los Presupuestos Generales del Estado que no fue capaz de aprobar. De hecho, Pedro Sánchez dejó bien claro que convocaba elecciones para que los ciudadanos le diesen en los comicios más apoyo parlamentario para, de ese modo, poder ratificar los PGE en el Congreso.

En aquel documento se contemplaba un aumento del tipo mínimo hasta el 15% para las grandes compañías, y hasta el 18% en el caso de las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos. Las rentas superiores a los 130.000 euros también tendrían que soportar mayor carga fiscal en el IRPF, y las grandes fortunas en el Impuestos sobre el Patrimonio. En definitiva, el PSOE y el PP, en materia tributaria, llevan dos caminos totalmente opuestos en esta campaña electoral.

En los PGE, además de rebajas del IVA para algunos productos, se incluían dos tributos que gravaban aún más a determinados sectores. En primer lugar, la famosa tasa Google que imponía un tipo del 3% y una liquidación trimestral del impuesto a las empresas tecnológicas. Según la patronal Ametic, esta reforma fiscal impactaría «negativamente en la economía española, aumentando el coste del capital, desincentivando la atracción de inversiones respecto a otros países en los que no se haya creado este impuesto y, por tanto, reduciendo el crecimiento económico». En segundo lugar, la tasa Tobin o impuesto a las transacciones financieras, es decir, a la banca. Esta actividad se deseaba gravar con un 0,2%, afectando, sobre todo, a la compraventa de acciones.

Podemos: Ese «asalto a la banca» también lo propone Podemos con el objetivo de que, a través de este tributo, los españoles recuperen los más de 60.000 millones de euros que el estado destinó a salvar a las entidades financieras durante la crisis. Sin embargo, difícilmente se lograría recaudar tal cantidad, según admite el propio presidente de la Asociación Bancaria Española, José María Roldán.

El responsable de la patronal bancaria cree que los ingresos por esta figura fiscal serían mínimos porque los inversores en las acciones evitarían hacer nergocios en España y trasladarían su capital a otros países. No obstante, para la formación de Pablo Iglesias el impuesto a la banca será una medida fundamental durante la campaña para reforzar su discurso de «justicieros» de España.

Con eso en mente, en su programa proponen un aumento del número de tramos del IRPF a partir de 60.000 euros anuales y del tipo marginal de cada grupo desde el 45% al 55% para rentas superiores a los 300.000. Respecto a Sociedades, establecerán un «tipo estándar para los beneficios distribuidos a los accionistas (30 %) y un tipo inferior (25 %) para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa, en particular en actividades de ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades de I+D+i». Por último, subirán el IVA a los alimentos y bebidas no alcohólicas con un tipo superreducido del 4% y reducirán al 10% el de los suministros básicos.

El reto del próximo Gobierno

Uno de los retos que deberá afrontar el próximo Gobierno será el de la financiación autonómica. ¿Y qué tiene que ver eso con los impuestos? Pues que si las comunidades exigen más fondos al Estado, la administración central tiene que pedir a cambio un sentido de corresponsabilidad fiscal. Es decir, si quieras más, también debes contribuir más a la recaudación tributaria. Ahora mismo, afirma Carlos Cruzado, nos encontramos justo con lo contrario, hay un problema de «irresponsabilidad fiscal de las CC AA porque rebajan impuesto y, al mismo tiempo, reclaman mayor financiación». Esto, añade, «tendría que haberse abordado hace unos años», y quien lo ha intentado no lo ha logrado porque es difícil ponerse de acuerdo con los partidos regionalistas presentes en el Congreso, que no están dispuestos a aumentar la presión fiscal en sus territorio a cambio de recibir más fondos.