Los inspectores piden confidentes «antifraude» pagados por Hacienda

La Organización de inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propuso ayer al Gobierno que el futuro Estatuto de la Agencia Tributaria (AEAT) dote al organismo de capital para pagar a confidentes que destapen fraude fiscal. Para ello, el presidente de la organización, Ransés Pérez, apuntó la posibilidad de que estos fondos se utilicen en un régimen similar al que utilizan la Guardia Civil y la Policía, un mecanismo que debería evitar malversaciones. El Ministerio de Hacienda no se plantea utilizar estos métodos, por el momento.

Además, los inspectores también piden que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria tengan la potestad de publicar una lista con los mayores morosos y defraudadores, una posibilidad que el ministro, Cristóbal Montoro, ya apuntó el año pasado. En línea con la propuesta de reforma del Estatuto de la AEAT que maneja el Gobierno, adelantado por LA RAZÓN, el colectivo de funcionarios del organismo también pide que la institución que hoy dirige Santiago Menéndez se pueda autofinanciar.

Fondos para información confidencial

La propuesta del colectivo de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) establece que «la Agencia Tributaria deberá disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales de las que se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas». Con el pago a «chivatos», la AEAT elevará la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal, consideran los inspectores.

Inspecciones de incógnito

El presidente del colectivo, Ransés Pérez, aseguró ayer que a los inspectores «se nos deben permitir las inspecciones de incógnito, trabajar por sorpresa sin necesidad de que tengamos que identificarnos previamente».

Lista de defraudadores

Los inspectores reiteran la necesidad de que se publique «un censo de condenados por delito (a partir de 120.000 euros), sancionados y deudores (en cuantía a establecer), en el que figurarían su nombre, NIF, provincia, administradores y socios, y el importe pendiente de pago. Su publicidad sería a través de sedes electrónicas y sus consecuencias podrían ir desde la mera imposibilidad de obtener certificados tributarios, pasando por la revocación del NIF, hasta las repercusiones en el ámbito civil (inhabilitación de gestores, o filtro para la concesión de beneficios económicos o sociales)». Estas listas ya se utilizan en países como Irlanda o Reino Unido para presionar a grandes defraudadores.

Autonomía financiera

El colectivo quiere que la financiación de la Agencia Tributaria se desligue de los Presupuestos Generales del Estado, que actualmente aportan el «65% del presupuesto de la AEAT», apunta la propuesta de los inspectores. Como fuentes de ingresos alternativas, propone que la AEAT se reserve para su presupuesto el «18% de sus actos de liquidación y gestión recaudatoria», «los recargos de apremio de las deudas cobradas en período ejecutivo», «los recursos derivados de la prestación de servicios de cobranza» y «el cobro por determinados servicios prestados para otros órganos y administraciones», entre otros.

Más recursos humanos

El colectivo de inspectores reitera que la AEAT cuenta con pocos efectivos. En concreto, dicen que «está a la cola de disponibilidad de medios personales» y que «se está aplicando una baja tasa de reposición». Por otra parte, los inspectores denuncian que «la inadecuada composición de los equipos y la ausencia de personal administrativo hacen que inspectores y técnicos dediquen mucho tiempo a tareas burocráticas». Proponen la «contratación –al menos a corto plazo–, con los recursos disponibles, de un mayor número de funcionarios que realizarían las actuaciones de índole administrativo».

Mayor independencia

Ransés Pérez señaló ayer que «en los últimos tiempos se ha puesto en duda la credibilidad e independencia de la Agencia Tributaria, con casos como el de Cemex o el de la Infanta, y creemos que hay que decir basta ya». Para recuperar el prestigio perdido, los inspectores piden que el director general sea «nombrado por las Cortes por mayoría cualificada de dos tercios, por período de cinco años, y con causas de destitución reguladas». Además, éste sólo podría nombrar a un número reducido de colaboradores por libre designación.

Oficina contra el fraude

Los inspectores proponen la creación de una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) «que integrará en un mismo organismo funcionarios propios, del Ministerio Fiscal y de una policía fiscal. Asumiría las competencias de investigación del fraude fiscal organizado, del contrabando y del blanqueo de capitales».

El nuevo estatuto de la Agencia entrará en vigor en 2016

La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) cree que el nuevo estatuto de la Agencia Tributaria (AEAT) no estará listo hasta 2016, coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación del organismo. No obstante, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro quiere hacer coincidir su reforma con la remodelación del sistema tributario, prevista para el mes que viene. Los principales cambios que propone el Ministerio residen en el incremento de la parte variable del sueldo de los funcionarios, vinculado a los logros económicos de las inspecciones, y en la limitación de la permanencia de los funcionarios de libre designación en sus puestos, como ya adelantó LA RAZÓN el pasado sábado.