Los jueces decidirán la honorabilidad de los banqueros

Los jueces decidirán el grado de honorabilidad comercial y profesional de los miembros de los consejos de administración de una entidad financiera y de los máximos ejecutivos.

Los jueces decidirán el grado de honorabilidad comercial y profesional de los miembros de los consejos de administración de una entidad financiera y de los máximos ejecutivos. El Gobierno ha introducido en el periodo de consulta pública, que finalizó el pasado viernes, la posibilidad de que el Banco de España, la institución en la que recaía la última palabra sobre este asunto, recabe el «informe del tribunal sentenciador en los casos de delito o faltas donde éste se pronuncie acerca de la incidencia de la condena sobre el cumplimiento del requisito».

Hasta la fecha, el Banco de España, en virtud del real decreto 12145/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, tenía la última palabra a la hora de pronunciarse sobre la conveniencia o no de que una persona imputada o condenada por un tribunal pudiera seguir teniendo la responsabilidad de dirigir o presidir una entidad.

El proyecto de real decreto por el que se modifican los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito se encuentra desde el pasado viernes en el Consejo de Estado para su consulta y dictamen. El Gobierno tiene previsto llevarlo para aprobación en Consejo de Ministros a lo largo del próximo mes de marzo.

Legislación europea

Las modificaciones realizadas a la normativa de 1995 están vinculadas con las atribuciones que el Parlamento Europeo dio a la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), con el fin de garantizar la existencia de directrices para la evaluación de la idoneidad de las personas que dirigen la actividad de una entidad de crédito. La EBA emitió el 22 de noviembre del pasado año directrices en materia de gobierno corporativo de entidades de crédito. Aunque estas recomendaciones no tienen carácter vinculante, el Gobierno ha considerado positivo alinear la regulación financiera, cuanto antes, con los estándares europeos.

Según la nueva redacción del real decreto, la institución que dirige Luis María Linde tendrá un plazo de dos meses –frente a los diez días que se daban en un principio– para notificar su valoración de idoneidad en el caso de que tenga que analizar a un banquero porque existan «indicios fundados» de que podría generar conflictos de honorabilidad. Si en este plazo el Banco de España no se pronuncia, se podrá entender que la valoración es positiva. Sin embargo, si la valoración es negativa «la entidad deberá abstenerse de nombrar o de dar posesión en el cargo» a la persona analizada. «En caso de tratarse de una circunstancia sobrevenida, deberá adoptar las medidas más oportunas para subsanar las deficiencias identificadas y, cuando resulte necesario, disponer su suspensión temporal o cese definitivo», aclara.

Las entidades tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto para sustituir a los consejeros, directores generales o asimilados y otros empleados «en los que no concurra la exigida honorabilidad comercial y profesional, no posean los conocimientos y la experiencia adecuados para ejercer sus funciones o, en el caso de los consejeros, no estén en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad».

Nuevo organismo

España se dotará en los próximos meses de un Consejo de Estabilidad Financiera similar al que ya existe en EE UU y en otros países europeos, y que trabajará para mitigar los efectos de la crisis y evitar futuras recaídas.

En una conferencia pronunciada en París, en el seno de la IV Cumbre sobre el Futuro de la Banca, organizada por «The Economist», el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha explicado que el organismo ya está trabajando en el diseño de esta nueva autoridad supervisora, en colaboración con el Ministerio de Economía. En su exposición, Linde explica que la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de poner en marcha nuevos instrumentos de supervisión, ante la incapacidad de los bancos centrales de todo el mundo para evitar la crisis. En concreto, aboga por lo que se ha dado en llamar «supervisión macroprudencial», aquella que examina los riesgos del conjunto del sistema financiero.