Los particulares podrán invertir hasta 10.000 euros al año en «crowdfunding»

Los inversores particulares y no cualificados podrán invertir hasta un máximo de 10.000 euros anuales y no más de 3.000 por proyecto en actividades de micromecenzago o «crowdfunding».

Los inversores particulares y no cualificados podrán invertir hasta un máximo de 10.000 euros anuales y no más de 3.000 por proyecto en actividades de micromecenzago o “crowdfunding”, según el proyecto de ley de Fomento de la Financiación empresarial aprobado hoy por el Gobierno.

Entre otras cosas, se establece un régimen jurídico para las plataformas de internet que este tipo de inversión o participación en proyectos empresariales, con lo que se contará con un marco adecuado que permita la protección de los inversores al tiempo que se pone en marcha una herramienta novedosa de financiación.

De este modo, se distingue entre inversores acreditados e inversores no acreditados; los primeros son inversores institucionales o empresas que superen un millón de euros de activos, dos millones de euros de cifra de negocio, o 300.000 de recursos propios.

También serán inversores cualificados, y podrán invertir sin límite, las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros, en tanto que el resto de inversores, minoristas, podrán invertir sólo 3.000 euros anuales en cada proyecto y un máximo de 10.000 euros anuales en distintas inversiones de este tipo.

Estos pequeños inversores tendrán que firmar de su puño y letra su consentimiento, en el que figurará que han sido advertidos de los riesgos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha indicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este tipo de micromecenazgo supone una idea aún novedosa en el mundo económico, pero es corriente en el mundo desarrollado, que tiene que estar “abierto” a este tipo de iniciativas.

Por eso, ha añadido, es necesario que la regulación de estas plataformas sea “transparente”.

La norma garantiza que todos los inversores tengan acceso a toda la información sobre la plataforma de financiación, sobre su promotor, sobre cómo se han obtenido los fondos y sobre todos los riesgos que implica la inversión.

El proyecto de ley regula exclusivamente las operaciones de financiación que busquen un rendimiento derivado de la financiación empresarial o de consumo, por lo que quedan excluidos el mecenazgo o la compraventa.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) será la encargada de supervisar esta actividad en aquellos casos en los que se dé intermediación de préstamos.