Los Presupuestos, a punto

De Guindos adelanta que los ministros de Finanzas de la UE estudiarán las cuentas públicas españolas en la reunión de enero. El PP ultima con el PNV los acuerdos políticos necesarios

El Ejecutivo español ultima el anteproyecto de presupuestos que enviará a la capital comunitaria. Según aseguró ayer Luis de Guindos tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho, España espera que las cuentas españolas para el año 2017 sean examinadas en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona en enero después de que el ejecutivo comunitario haya realizado su análisis. Esto significaría que el Ejecutivo debería dar el visto bueno a las cuentas públicas para el próximo ejercicio éste o el viernes de la próxima semana para que el proyecto de ley sea enviado al Congreso de los Diputados para su debate. Serán tres meses más tarde de lo que manda la Constitución, por lo que los PGE de este año serán prorrogados automáticamente el próximo 1 de enero.

El Gobierno se muestra convencido de que la Comisión no pondrá grandes obstáculos a los nuevos presupuestos españoles después de que Bruselas haya hecho una primera valoración preliminar positiva.

Las medidas «van en la buena dirección» según aseguró el pasado lunes el Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, tras el anuncio, el pasado viernes, de cambios en la tributación de impuestos especiales a las bebidas alcohólicas y los cambios en el Impuesto sobre Sociedades a través de la eliminación de ciertas deducciones.

Respaldo político

Dentro de esta revisión de las cuentas públicas para cumplir el objetivo del 3,1% de déficit público suscrito con nuestros socios europeos, el Ejecutivo también contabilizará los 1.000 millones de euros que el Estado piensa ahorrar tras una auditoría del gasto público que tiene como objeto eliminar duplicidades entre las administraciones públicas y nuevos impuestos verdes, aunque De Guindos ayer no quiso adelantar más detalles.

Mientras por el lado económico el camino ha quedado expedito, faltan aún algunos flecos en el ámbito político que pueden quedar despejados en las próximas horas. Ciudadanos ha dado su visto bueno no sólo con su acuerdo de investidura, sino asegurándose que en el texto del Gobierno habrá 3.850 millones de euros para aplicar las reformas acordadas entre ambas formaciones. Con los votos de Ciudadanos y Coalición Canaria asegurados, el Partido Popular busca el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que parece también garantizado. Las peticiones del PNV quedarán recogidas, según apuntan las fuentes consultadas por este diario en la fase de tramitación parlamentaria, a través de las correspondientes enmiendas.

Ciudadanos no se muestra preocupado por el hecho de que el Gobierno alcance acuerdos puntuales con el PSOE, como el referido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, o con el PNV. Su líder, Albert Rivera, aseguró ayer que «corresponde al Gobierno buscar alianzas» y que se necesitan 176 votos a favor, porque «supongo que tendrán que entrar otros partidos en juego».

El que tiene muy clara su posición, al menos hasta ayer, es el PSOE. Aunque Rivera se alegra de que haya pasado del «no es no» a estar hablando del techo de gasto y de los presupuestos. El presidente de la gestora que está al frente del PSOE, Javier Fernández, ha defendido ayer mismo que en estas primeras semanas de Gobierno de Mariano Rajoy se ha visto que el PSOE está «en la centralidad», porque ha podido pactar con todos los partidos del arco parlamentario: PP, Podemos y Ciudadanos. Eso sí, ha dicho que es imposible que vayan a apoyar los Presupuestos.

En la línea

Según las previsiones del Ejecutivo español, gracias a los vientos favorables de la recuperación económica el crecimiento económico del 2,3% el año que viene permitirá que nuestro país alcance un déficit público del 3,6% y tan sólo será necesario un ajuste de 5.000 millones de euros. Las cuentas de Bruselas, hasta el momento, no son tan optimistas y prevén que debido al gasto público el déficit alcance el 3,8% sin medidas adicionales. A pesar de estas discrepancias de fondo, Luis de Guindos se mostró ayer confiado en que el análisis pormenorizado de la Comisión Europea acabará siendo favorable a España y que el objetivo del 3,1% es «perfectamente factible» sin más ajustes.

Según el ejecutivo español, las medidas anunciadas el pasado viernes tras el Consejo de Ministros supondrán un impacto valorado en 4.800 millones de euros. El Ejecutivo comunitario pide a nuestro país un denominado ajuste estructural de 5.000 millones de euros en 2017 y la misma cifra en 2018, no sujeto a las variables del ciclo económico. Si los cálculos de Bruselas sobre el déficit español se hacen una realidad, este ajuste podría ascender a 7.000 millones tan sólo el año que viene. En el mes de julio, después de que España lograra sortear una multa de 2.000 millones de euros, nuestros socios europeos decidieron otorgar dos años más a España, hasta 2018, para reducir el déficit público por debajo del 3% que propugna el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como buen augurio, las cuentas de la Comisión y de España coinciden en el ejercicio de 2016 y nuestro país cumplirá sin problemas el objetivo del 4,6% pactado con Bruselas después de los últimos cambios en el Impuesto de Sociedades.

De Guindos también aprovechó ayer la ocasión para explicar la postura española respecto al debate europeo sobre la necesidad de llevar una política fiscal expansiva (incremento del gasto público) o neutra. Ayer los países del norte rechazaron la recomendación de la Comisión Europea de poner en marcha un aumento del gasto de 50.000 millones de euros en el conjunto de la zona euro (un 0,5% del PIB) dirigido a los países con superávit presupuestario como Alemania, Holanda y Luxemburgo. De Guindos no dudó ayer en considerar que «la política monetaria» ha llegado a su límite, aunque expresó la dificultad de llevar a cabo políticas comunes expansivas sin instrumentos comunes.