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Los acusados piden la nulidad de la lista de gastos de las «black»

Las defensas hacen causa común para expulsar a Bankia del juicio porque «no es perjudicada»

  • Los 65 acusados en el juicio de las «tarjetas black», con Blesa y Rato en primera fila tras Díaz Ferrán, ayer, en la primera sesión de la vista oral
    Los 65 acusados en el juicio de las «tarjetas black», con Blesa y Rato en primera fila tras Díaz Ferrán, ayer, en la primera sesión de la vista oral

Tiempo de lectura 5 min.

27 de septiembre de 2016. 04:05h

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Ricardo Coarasa Madrid. 26/9/2016

Las defensas de los 65 acusados de apropiación indebida y, en su caso, administración desleal por el uso de las «tarjetas black» –con los ex presidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato a la cabeza– emplearon ayer la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional en intentar apartar del procedimiento a Bankia, a la que niegan la condición de perjudicada. La entidad bancaria, que ejerce la acusación particular, estuvo en todo momento en el punto de mira de los letrados que, adhesión tras adhesión, cuestionaron también el modo en que Bankia obtuvo los extractos que detallan cómo se gastaron los ex altos cargos 12,4 millones de euros con esos plásticos opacos entre 2003 y 2012. Hasta el punto de que denunciaron su origen ilícito y reclamaron su nulidad al tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo y que a última hora alteró su composición con la entrada de Juan Francisco Martel.

La mayoría de las defensas de los acusados coincidió igualmente en reclamar la prescripción del delito de apropiación indebida del que están acusados los ex directivos por el uso que hicieron de las tarjetas, que la Fiscalía considera una retribución «de libre disposición» que se ocultó a Hacienda durante años.

El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, abrió el fuego al asegurar que Bankia no obtuvo de forma legal el listado de gastos de los usuarios de esas visas, mientras el de Rato, Ignacio Ayala, denunciaba la violación –por parte de la entidad que presidió su cliente– del derecho a la intimidad y de la Ley de Protección de Datos al hacer públicos esos extractos, algunos de cuyos gastos los acusados no reconocen y que no se pueden corroborar con recibo alguno. A esas peticiones de nulidad se fueron sumando, uno tras otro, el resto de letrados, que también secundaron los argumentos de la defensa de Estanislao Rodríguez-Ponga sobre la falta de legitimidad de Bankia y del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) para acusar a sus representados. Ambos, se quejó el abogado, «se disputan la condición de agraviados en una especie de ataque a bulto». El letrado insistió en que fue Caja Madrid la que hizo frente a los gastos de las tarjetas, y no la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), ni la propia entidad, porque con anterioridad a enero de 2011 «ni siquiera existían», por lo que no pueden invocar perjuicio alguno.

La vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías fue también una de las cuestiones previas planteadas de forma recurrente por las defensas. Y casi siempre con el origen del listado excell de los extractos de gastos de las «tarjetas black» como «Pim pam pum». «Parece que estamos ante una mera chapuza de un colegial», ironizó Carlos Pardo, abogado del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (el único de los procesados que se encuentra en prisión, aunque cumpliendo condena por otra causa).

La abogada del ex secretario general de CC OO en Madrid Rodolfo Benito hizo hincapié en que Bankia «no ha conseguido acreditar por ningún medio» la procedencia de ese listado, lo que en frase feliz María Jesús Díaz Veiga calificó como «el gran misterio de este proceso». La letrada argumentó que, si «es imposible determinar de dónde lo obtuvo, esos extractos carecen de validez». La abogada del ex sindicalista también criticó que Bankia no haya puesto a disposición de la Audiencia Nacional los libros de contabilidad que permitan corroborar esos desembolsos. «Ha aportado al proceso la verdad que le interesaba –lamentó–, no la que deberíamos conocer».

El burofax de Bankia

A esa ofensiva procesal contra Bankia añadió más argumentos José María de Pablo, abogado del ex presidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, que recordó el burofax que la entidad remitió a su cliente en noviembre de 2014 cuando el ex político le planteó sus dudas sobre cómo proceder tributariamente tras salir a la luz la investigación judicial de las «tarjetas black». En ese escrito, incorporado a la causa, el director corporativo de Personas de la entidad informaba a Pedroche de que todo lo relativo «a las retribuciones y gastos de los miembros de los órganos de gobierno de Caja Madrid es competencia de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, entidad sucesora de la citada caja». Esa respuesta, según De Pablo, excluye la condición de perjudicado de Bankia. «Si hay algún perjudicado, sólo podría serlo la Fundación Caja Madrid», remachó el letrado de Pablo Abejas, ex consejero de la caja, una muestra más de la sincronizada carrera de relevos procesal puesta en marcha por las defensas.

La segunda sesión del juicio –en la que llegará el turno del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón y del resto de las acusaciones– podría celebrarse con la primera baja en el banquillo. El abogado de Díaz Ferrán pidió ayer al tribunal que le exima de asistir por motivos de salud. Hoy le examinarán los forenses antes de que el tribunal dirima la cuestión.

«Coreografía» a la americana

La imagen del «hall» de la sala de vistas era, a las diez de la mañana, más propia de los corrillos previos a un consejo de administración que de un juicio. «No se veían tantas corbatas en la Audiencia Nacional desde el juicio de Banesto», se escuchaba en los pasillos, y no sin razón. Una vez en la sala de vistas, lo primero que llama la atención es la desigualdad de géneros. Apenas tres mujeres entre las decenas de abogados y cuatro en el banquillo reservado a los 65 acusados. Sólo eran mayoría en el tribunal, que no es poco. Blesa, seguido de Rato, fueron los primeros acusados en ser llamados para ocupar su lugar en la primera de las ocho filas de asientos. Como a colegiales en su primer día de clase, el agente judicial los conminaba a mantener su sitio durante todas las sesiones. Algunos, previsores, vinieron preparados con tabletas para el tedio de las cuestiones previas. Durante el receso, frisando el reloj las dos de la tarde, encontrar un sitio libre en los lavabos se convirtió en una odisea (¿se imaginan a más de un centenar de personas intentando aliviar la vejiga al mismo tiempo?). La anécdota de la jornada se produjo al reincorporarse a la sala el tribunal. Fue ver entrar a los magistrados y levantarse al unísono de sus asientos los acusados, en una demostración marcial –más propia de una película americana– que habría firmado una compañía de marines.

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