Política

Macron inicia su ambiciosa reforma del modelo social

Emmanuel Macron afronta la reforma laboral con su menor índice de popularidad desde que llegó al Elíseo en mayo
Emmanuel Macron afronta la reforma laboral con su menor índice de popularidad desde que llegó al Elíseo en mayolarazon

Tras llegar al poder con la promesa de transformar Francia, el presidente se juega su futuro con una ley que flexibiliza el despido y la contratación para combatir el desempleo estructural y atraer las inversiones.

Emmanuel Macron, el joven de 39 años que llegó al poder en mayo con la promesa bajo el brazo de transformar Francia tras décadas de parálisis, ha decidido coger el toro por los cuernos e iniciar su mandato poniendo en marcha su promesa electoral estrella: la reforma del sacrosanto Código Laboral francés, un mamotreto de 3.334 páginas de tapas rojas y redactado en 1910 cuya revisión ha costado incontables disgustos tanto a gobiernos de izquierdas como de derechas.

Recién pasado el rubicón de los simbólicos cien primeros días en el Elíseo, Macron quiere a toda costa desmentir la profecía de Jacques Attali, el consejero de François Mitterrand, que advierte de que «lo que no hace un presidente en sus tres primeros meses de mandato ya no lo hace nunca». Dicho y hecho. Tras 300 horas de discusiones con sindicatos y patronal durante los meses de verano, el Gobierno de Édouard Philippe presentó el 31 de agosto las líneas maestras de la primera gran reforma económica de la «era Macron». Aquélla que marcará el devenir de su quinquenio al frente de Francia. Y es que la reforma laboral es sólo la primera piedra de una larga lista que incluye el seguro de desempleo (el más generoso de Europa con hasta 6.200 euros) y la formación profesional».

Para el presidente galo, el diagnóstico es claro: Francia ha fracasado en la lucha contra el paro, que no ha bajado del 7% desde 1983. «Somos la única gran economía de la Unión Europea que en las últimas tres décadas no ha logrado derrotar al de-sempleo masivo», lo que, según explica Macron en una entrevista al semanario «Le Point», exige una «transformación profunda» en materia de empleo. A su juicio, el problema es que el sistema actual «protege muy bien» a los que tienen «un contrato estable, pero al precio de la exclusión completa de los demás, los más jóvenes, los menos cualificados».

Diagnosticada la enfermedad, el ex banquero de Rothschild propone como tratamiento dar más facilidades a las empresas para despedir y contratar con la intención de crear empleo e impulsar las inversiones extranjeras. En palabras de Macron, se trata de «una reforma de transformación profunda y, como me he comprometido, tiene que ser ambiciosa y eficaz para seguir haciendo bajar el paro masivo y no tener que volver a abordar este tema durante el quinquenio». Y es que el ex consejero y ex ministro de Economía del ex presidente François Hollande ha aprendido de los errores de su padrino político. En vez de enredarse en interminables discusiones con los interlocutores sociales y en enmiendas parlamentarias, el Gobierno ha conseguido la autorización de la Asamblea Nacional (de aplastante mayoría «macronista») para legislar como ordenanzas su reforma laboral. Es decir, el texto, que será aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de septiembre, será remitido inmediatamente al Parlamento, donde no tardará en ser aprobado o rechazado, puesto que sus señorías no podrán presentar enmiendas. Con una popularidad en caída libre (30%), Macron asume que «tendré que vivir con la impaciencia de la gente los próximos meses»

En opinión de Christian Lequesne, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales (CERI), esta reforma es «una prueba» para Macron, ya que «la percepción general de Francia en los países vecinos es que se trata de un país incapaz de reformar sus políticas públicas sin que haya una guerra social».

En su intento de flexibilizar la contratación y el despido a las empresas, el nuevo Código Laboral reforma radicalmente el sistema de las indemnizaciones en caso de los despidos improcedentes que concede la Magistratura de Trabajo. En opinión del presidente de la República, resulta «abusivo y absurdo» que no se conozca su cuantía de antemano». El texto sitúa en un máximo de 20 meses la indemnización que un trabajador podrá cobrar en caso de despido injustificado si ha estado en nómina un mínimo de 28 años. Así, por ejemplo, un empleado que cobrara 60.000 euros brutos anuales recibiría una compensación de entre 150.000 y 200.000 euros. La indeminización mínima se sitúa en un mes para los contratos de antigüedad menor a un año. Como contrapartida, el Gobierno ha decidido aumentar las indemnizaciones actuales para los despidos legales un 25%. Por ejemplo, un empleado que gane 2.000 euros al mes y sea despedido tras diez años de servicio a una empresa verá aumentar su finiquito de los 4.000 euros actuales a los 5.000 con esta reforma.

La segunda columna del proyecto incide en reforzar la autonomía interna de las empresas con menos de 20 trabajadores para negociar sin la participación sindical asuntos como las condiciones de trabajo y la jornada laboral. Dichos acuerdos podrán ser sometidos a referendos. «Creo que los asalariados y sus representantes son los que están en mejor situación para negociar la organización del tiempo de trabajo, las remuneraciones y las condiciones laborales», asegura Macron para justificar este golpe a las negociaciones sectoriales. Esta medida, en consecuencia, flexibiliza la ley de las 35 horas semanales impulsada por la exministra de Trabajo socialista Martine Aubry hace ahora 20 años.

Asimismo, se fusionan en uno solo las cuatro instancias donde ahora están representados los trabajadores (comité de empresa, delegado de personal, comité de higiene y seguridad y comité de condiciones de trabajo).

La flexiseguridad

Por último, en un intento de atraer las inversiones extranjeras, la reforma autoriza el despido colectivo en empresas que justifiquen exclusivamente pérdidas en Francia sin ser necesario que sus filiales también sean deficitarias en otros países, tal y como ocurre en la actualidad.

A través de las 36 medidas repartidas en sus 200 páginas, el nuevo Código Laboral trata de implantar en el rígido mercado de trabajo francés la flexiseguridad puesta en marcha en las últimas dos décadas en los países escandinavos o en Alemania con Gerhard Schröder. El modelo favorece la movilidad laboral al proporcionar a las empresas flexibilidad para contratar y despedir, al mismo tiempo que el Estado garantiza seguridad a los trabajadores. «Esta ley –insiste Philippe– compensará los años perdidos».

A diferencia de otras ocasiones, la presentación de la ley no augura un otoño caliente. En su mayoría, los sindicatos parecen resignados a la inevitable vuelta de tuerca al modelo social francés que encabezaba el programa de Macron. Las mayores críticas proceden de la segunda central sindical del Hexágono, la Confederación General de Trabajadores (CGT), que ha convocado una huelga general para el 12 septiembre. Su secretario general, Philippe Martinez, acusa al presidente de «haber acabado con los contratos indefinidos». «Se han confirmado nuestros temores. Esto es el fin del contrato laboral», clama. En cambio, la mayoritaria Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), en boca de Laurent Berger, se muestra «profundamente decepcionado» por algunos puntos del texto, pero no se movilizará. Desde la petronal (Medef), Pierre Gataz confía en que contribuya a «hacer volver la confianza y, a fin de cuentas, el empleo.

Julie Hamann, politóloga del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, considera que «los franceses tienen altas expectativas del Estado en su función de proporcionar la garantía social». «Al momento de anunciarse reformas que puedan recortar la ayuda social o crear inseguridad en el mercado laboral –explica– se crean de inmediato grandes miedos emocionales». Lo que ha cambiado ahora, añade la experta, es que «existe una conciencia en Francia, también entre los sindicatos, de que las reformas son necesarias y están dispuestos a llevarlas a cabo».

Con el viento económico a su favor

A penas 100 días después de llegar al Elíseo, Emmanuel Macron disfruta del viento ecónomico a su favor para poner en marcha su plan de reformas. Tras años de estancamiento económico, la sexta economía mundial acumula un buen número de indicadores positivos que han permitido al ministro de Economía, Bruno Le Maire, a reconocer que «sí, Francia vuelve a arrancar». El desempleo, en un 9,5%, ha caído por debajo del nivel que se encontró François Hollande al llegar al poder en 2012; el sector turístico sigue creciendo pese a la amenaza del terrorismo yihadista, y la confianza empresarial y el consumo privado se han recuperado. Incluso el crecimiento industrial ha recuperado el nivel previo a la crisis de 2007. Aunque más débil que el alemán o el español, el PIB podría cerrar este año con un crecimiento del 1,6%-1,8%, superior al de los últimos años.

Los expertos consideran prematuro atribuir a Macron el cambio en la coyuntura económica y prefieren, en cambio, explicar las buenas noticias como una combinación de factores: la coyuntura internacional (60%), la compra de bonos por el BCE y los bajos tipos de interés (20%) y las rebajas de impuestos a las empresas aprobadas por Hollande. Precisamente, el expresidente se ha apresurado a reivindicar su gestión. «Ahí están los resultados. Ya habían aparecido en los últimos meses de [mi] quinquenio y ahora son más evidentes. Lo vimos desde 2015: el crecimiento volvía y el desempleo empezaba a disminuir.