Madrid, la gran perdedora de la «amnistía» de deuda

La crónica anunciada hace ya varios días cristalizó el jueves con el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y ERC, por el que, entre otras concesiones, se borra de un plumazo parte de la deuda que acumula Cataluña con el Estado. La Generalitat acumula una deuda de 84.327 millones de euros, la más grande de todas las regiones, lo que se traduciría en 10.982 euros por habitante, más del doble que Madrid. Pero con la quita de 15.000 millones aprobada por Pedro Sánchez, el equivalente al 20% del agujero acumulado con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la deuda se rebajaría a 58.110 millones, y además se ahorraría unos 1.300 millones en intereses asociados, con lo que la cifra final sería de 16.300 millones –que ERC eleva a 19.000 con otros fondos adicionales–. Aún así, el Estado seguiría siendo de largo el principal acreedor de la Generalitat, pero rebajaría su peso hasta el 81%, contando también con las provisiones llegadas desde el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que implican controles más laxos que el FLA.

Este acuerdo ha caído como una bomba en el resto de comunidades autónomas, tanto gobernadas por el Partido Popular como por el PSOE u otras formaciones, que denuncian falta de igualdad de trato por parte del Gobierno y a favor de Cataluña. Un hecho confirmado por fuentes de la negociación, que indicaron a LA RAZÓN que se pretende extrapolar al resto de comunidades autónomas esta medida, pero el porcentaje en todas ellas «no será necesariamente del 20%, sino que se fijará según cada caso en función de la infrafinanciación que soportaron cada una de ellas durante la crisis financiera de 2008», con lo que el principio de equidad quedaría en entredicho, al relacionar la quita con la crisis financiera, sin tener en cuenta crisis posteriores.

Entre las grandes perdedoras de esta acuerdo están, primero, la propia Administración central, ya que no recuperará esos 15.000 millones prestados y perderá los 1.300 millones de intereses devengados, y ni siquiera se rebajará el nivel de deuda autonómica, simplemente cambia el reparto porcentual entre las distintas administraciones. Y segundo, entre las comunidades más perjudicadas sobresale por encima de todas la Comunidad de Madrid, la única que no tiene ni un euro de deuda con el Estado, y que se ha financiado en los mercados internacionales, ante los que tiene que rendir cuentas, devolver el dinero y pagar sus intereses. Sin embargo, puede haber una puerta abierta a la que el gobierno madrileño podría agarrarse.

El documento del acuerdo especifica que las comunidades autónomas «podrán acudir a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario» para que «permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica originada por el impacto negativo del ciclo económico», por lo que aunque Madrid no tenga ninguna deuda con el Estado, podría arrogarse a esa cláusula en caso de necesitar una condonación. Lo que pasa es que sólo podría hacerlo en el caso de que una crisis impactara de lleno sobre la economía madrileña y no le permitiera hacer frente a sus compromisos en el mercado, explicaron a LA RAZÓN expertos financieros, con lo cual ahora mismo estaría fuera y se vería discriminada ante el resto de regiones.

En el caso de País Vasco y Navarra, que tampoco tienen deudas con el Estado, quedan al margen de cualquier negociación al no formar parte del régimen común de las autonomías al tener Hacienda propia.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió ayer la condonación de parte de la deuda a las regiones porque, «a diferencia de lo que pasó con la banca y la Sareb, lo de ahora es una transferencia entre administraciones que no impacta a la posición de España en los mercados financieros». Además, justificó la medida por ser «extensible a las comunidades gobernadas por el PP, algunas de las cuales arrastran un enorme volumen de deuda pública desde hace décadas que lastra su vuelta a la disciplina financiera». También reiteró que «desde el Gobierno garantizamos la igualdad de trato de todas la comunidades autónomas», pero evitó pronunciarse sobre cómo se hará el reparto de la quita.