La decisión de Hacienda retrasar un año en la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas VeriFactu, por el que cada factura genera un registro accesible para la Agencia Tributaria que no puede ser modificado ni borrado, ha abierto heridas entre empresas y autónomos que invirtieron en costosos procesos para adaptarse a la nueva legislación y los que iban con retraso o ni siquiera habían iniciado el proceso. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que esta decisión se había tomado para «facilitar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas y profesionales».

El Ministerio que dirige María Jesús Montero fue más expresivo y defendió que «el aplazamiento da mayor margen para adecuar los sistemas informáticos, al tiempo que garantiza una implantación ordenada y homogénea del nuevo sistema, cuya misión es dar más seguridad y trazabilidad a la facturación».

Estaba previsto que VeriFactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos. Sin embargo, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Después de culminarse esta prórroga, las reacciones fueron diversas y contrarias casi a partes iguales. Entre las asociaciones y patronales, mientras desde Cepyme y ATA celebraron el retraso, UPTA y Uatae mostraron reticencias y críticas.

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, celebró el aplazamiento como una medida «necesaria y largamente reclamada» por las pequeñas empresas, que necesitaban un mayor margen para adaptarse de manera efectiva y sin poner en riesgo su actividad, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, recibió «con alivio» la noticia porque la entrada en vigor de VeriFactu «estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos».

En cambio, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, tacha el retraso de «despropósito» porque «estar continuamente planteando temas y luego dando marcha atrás genera desconfianza». Uatae afea que este cambio en el último momento contribuye «a la inseguridad jurídica» y recuerda que VeriFactu «no tiene incidencia práctica en el trabajo autónomo», ya que son los proveedores de software los que tienen que adaptarse.

En el mismo sentido, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) apunta que el aplazamiento a un mes de la entrada en vigor prevista «transmite un mensaje profundamente negativo para la sociedad y el conjunto del empresariado». El aplazamiento anunciado constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente para garantizar una implantación ordenada, gradual y técnicamente solvente porque afecta a la confianza de las empresas en la estabilidad normativa y genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal».

En la misma línea, el Consejo General de Economistas (CGE) cree que el retraso tardío de la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación «complica la organización interna de las empresas y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo». Aunque reconoce que la ampliación del plazo puede suponer un «respiro» para las empresas que todavía se estaban adaptando al nuevo reglamento, para las que ya lo habían hecho «va a implicar sobrecostes adicionales derivados de ajustes de última hora». Los economistas defienden que los plazos de entrada en vigor se tienen que mantener estables para que las empresas puedan planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbre».

El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, reclamó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «que piense en la relevancia de las funciones superiores que desarrollan los técnicos y les informe de los proyectos de ley en materias tributarias y del control del gasto público porque en nosotros recae el peso de la información y gestión del nuevo sistema». No obstante, el sindicato consideró que la prórroga «puede ser útil para casi cinco millones de pymes y autónomos, que ahora dispondrán de tiempo más que suficiente para cumplir los requerimientos de VeriFactu». Respecto a su impacto en términos de recaudación, Gestha consideró que es una herramienta «clave en la lucha contra el fraude fiscal, al garantizar que los registros de facturas no puedan ser manipulados ni alterados después de generarlas».

Por su parte, el Consejo General de Gestores Administrativos sí ha celebrado la decisión del Ministerio de Hacienda porque «aporta, por fin, la tranquilidad que las empresas y los autónomos no han tenido en todo este año». Pero su presidente, Fernando Jesús Santiago, advierte de que este aplazamiento «solo tendrá sentido si se utiliza para hacer bien aquello que no se ha hecho hasta ahora», es decir, aclarar quién debe acogerse al sistema, ordenar su implantación y evitar que el mercado vuelva a sufrir una oleada de confusión. La Agencia Tributaria generó la sensación de que todos debían acogerse, cuando el reglamento dice lo contrario. La normativa siempre ha sido clara y solo están obligados quienes facturan a través de un sistema informático de facturación, en los propios términos del reglamento, exclusivamente.

Entre dos aguas se ha colocado también Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que asegura «llevamos pidiendo desde mucho tiempo esta prórroga, porque realmente la mayoría de las empresas españolas, es decir, el 99% son pequeñitas y no están adaptadas para hacer este proceso, y lo que se está pidiendo es más tiempo para adaptarse». No obstante, critica los tiempos en los que se ha procedido a retrasar la entrada en vigor de VeriFactu y considera que se podría haber planteado «con más calma y más tiempo para tomar decisiones, algo vital para las empresas».

Para la patronal catalana Foment del Treball, la moratoria «permitirá afrontar de manera escalonada el proceso de adaptación a la facturación electrónica, en línea con la capacidad operativa de las empresas de menor tamaño y sin comprometer su viabilidad económica y su futuro, aunque la decisión debía haberse tomado antes para evitar costes adicionales».