Más de medio millón de hogares, en peligro de perder su casa

El número de familias que podrían acogerse a las medidas de alivio hipotecarias, aprobadas por el Gobierno y la banca, será muy inferior al millón previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos. Según el Informe de Estabilidad Financiera publicado ayer por el Banco de España, más de 550.000 hogares vulnerables –familias cuya deuda sobre su renta supera el 40% de sus ingresos– están en riesgo de acudir al nuevo Código de Buenas Prácticas si el incremento de los tipos de interés se dispara por encima del 4%, pasando el porcentaje de hogares vulnerables del 10,4% antes del cambio de política monetaria a más del 14% en la actualidad, unos 1,12 millones. Una cifra que se elevaría en 375.000 hogares más si los tipos se elevaran otros 400 puntos básicos, con lo que las familias en riesgo de impago podrían dispararse hasta el 1,5 millones. Sin embargo, ahora mismo y según las cifras presentadas ayer, esta cifra se ha rebajado sustancialmente y los hogares vulnerables con protección ante la subida de tipos, que el Ejecutivo cifró en que beneficiaría a un millón de familias, solo alcanza a 220.000 familias, es decir, 780.000 hogares menos.

Sin entrar a valorar expresamente estas cifras, el departamento que dirige Nadia Calviño tuvo que reconocer ayer que el número de beneficiarios será sensiblemente inferior al estimado en un primer momento, situación que ha achacado al menor impacto de los tipos de interés en la renta disponible.

Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España detalló que el capital pendiente de amortizar de estos hogares elegibles por el nuevo Código sería de unos 46.900 millones de euros, unos 37.700 millones de euros de euros más que con las condiciones originales del anterior Código de Buenas Prácticas. Además, existirían casi 220.000 hogares que podrían acogerse al mecanismo «más estructural» del código de 2012 en su versión reformada en noviembre de 2022, 73.000 hogares más de los que habrían podido acogerse al texto anterior. El capital pendiente de amortizar de estos hogares sería de unos 17.900 millones de euros, unos 4.800 millones de euros más. En total, los fondos dudosos en peligro de impago sería unos 64.800 millones. El Banco de España indica que es previsible que «no todos los hogares que pueden acogerse al código lo soliciten».

En este contexto, avisa sobre un posible pinchazo del sector inmobiliario por los «signos incipientes de desequilibrios». Aunque Estrada descarta un pinchazo de una posible burbuja inmobiliaria, «porque en España ahora no existe», sí que ve «riesgos a tener en cuenta, sobre todo por el aumento de los impagos por la subida de los tipos de interés». Según detalla el informe, el número de compraventas de vivienda y el flujo de nuevo crédito hipotecario se frenaron notablemente en la segunda mitad de 2022, llegando a registrar tasas de variación interanual negativas durante el cuarto trimestre de 2022. En particular, el volumen de nuevas hipotecas concedidas durante los últimos tres meses de 2022 fue un 5,4% inferior al observado en el mismo período del año anterior. Los precios de la vivienda se sitúan a diciembre de 2022 un 12,6% por encima del nivel observado al inicio de la pandemia. Además, la ratio de precios de la vivienda en relación con la renta de los hogares se sitúa en niveles relativamente elevados y mantiene una tendencia ascendente desde 2014. Para Estrada, «tanto la compraventa como la concesión de hipotecas están disminuyendo, por lo que si esta situación continúa así, forzada por la presión del alza de los tipos de interés, los precios de las viviendas se corregirán a la baja y se moderarían las sobrevaloraciones que existen en la actualidad». Pese a ello, descarta que se vaya a producir un crack inmobiliario como el de 2008. “«La situación es completamente diferente, al menos en España».

El informe también detalla aspectos macroeconómicos. En este sentido, Estrada advierte de que «la desaceleración económica es un hecho, aunque ha sido más moderada de la que se esperaba. Pero los riesgos que han producido la elevada inflación –sobre todo la subyacente–, las tensiones geopolíticas, las turbulencias financieras y la elevada incertidumbre incrementa el riesgo de vulnerabilidades de empresas y hogares en el corto y medio plazo».

Por ello, el supervisor bancario pone énfasis sobre el alto nivel de endeudamiento público, que continuará durante en los próximos años, junto a un nivel de déficit público estructural también elevado, por lo que reclama al Gobierno que inicie un «proceso de consolidación fiscal, ya en 2023, que permita reducir progresivamente el nivel de esta vulnerabilidad y mejorar el margen de actuación de la política fiscal ante futuras perturbaciones», que junto al uso intensivo de los fondos europeos permita «reducir el coste del gasto a corto plazo» y poner la balanza en equilibrio.