Más privación material y más pobreza

España figura ya como el sexto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de hogares en situación de privación material. Un indicador que, lejos de la retórica gubernamental, nos ofrece una radiografía cruda de la pobreza real en nuestro país. Según Eurostat, una familia sufre privación material cuando no puede afrontar al menos tres de nueve gastos básicos: desde cubrir imprevistos o pagar una semana de vacaciones hasta mantener la vivienda caliente, comer carne cada dos días o disponer de coche, lavadora o teléfono. En España, el 9,7% de los hogares cumple hoy con esa definición.

El dato debería escandalizarnos. No sólo porque llevamos siete años bajo gobiernos de izquierda cuya bandera es combatir la pobreza mediante redistribución, sino porque la evolución ha sido negativa. En 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la tasa era del 9,1%. En 2015, en plena crisis y con el desempleo duplicando al actual, era del 9,3%. Hoy, tras un lustro de crecimiento económico vigoroso y el mayor despliegue de políticas sociales de nuestra historia, estamos peor.

La comparación internacional lo agrava. En 2015, España estaba bastante por debajo de la media europea: 9,3% frente al 12%. Ahora estamos claramente por encima: 9,7% frente al 8,4%. Mientras nuestros vecinos reducían su pobreza, nosotros nos estancábamos. El fracaso redistributivo no puede ser más evidente.

¿Dónde se esconde la trampa? En la orientación del gasto público. Si desglosamos la privación material por edades, encontramos que entre 2015 y 2024 la tasa entre los jubilados cayó del 16,3% al 11,5%. En cambio, entre los trabajadores de 18 a 64 años subió del 9,7% al 11,2%. Es decir, los mayores han visto mejorar sus condiciones de vida, mientras los activos se empobrecen pese a que el paro se redujo del 21% al 10%.

La explicación es doble. De un lado, el Estado redistribuye cada vez más hacia las pensiones, drenando recursos de quienes trabajan. De otro, la vivienda se ha convertido en un cepo para las nuevas generaciones: precios al alza, acceso vetado a la propiedad y alquileres inflados, mientras los jubilados —en su mayoría propietarios o rentistas— permanecen blindados.

En definitiva, los trabajadores cargan con impuestos crecientes y con un mercado inmobiliario asfixiante. Los jubilados, en cambio, reciben transferencias crecientes y disfrutan de activos revalorizados. El resultado es una redistribución que no alivia la pobreza, sino que traslada la carga de una generación a otra.