México se niega a embargar 3 fincas de Díaz Ferrán

La Audiencia Nacional ha recibido el primer jarro de agua fría en las comisiones rogatorias cursadas al extranjero para intentar bloquear el patrimonio del grupo Marsans que supuestamente habrían ocultado Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, de común acuerdo con el empresario Ángel de Cabo, para no afrontar los pagos con sus numerosos acreedores. Las autoridades mexicanas se han negado a atender, según ha podido saber LA RAZÓN, la comisión rogatoria cursada por el juez Eloy Velasco –instructor del «caso Crucero»– en la que el magistrado instaba el embargo de tres fincas situadas en el municipio de Los Cabos, en el estado mexicano de Baja California.

El tribunal español invocó el Tratado bilateral de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal de 29 de septiembre de 2006, pero México ha denegado esa petición de auxilio. Y es que los terrenos en cuestión son propiedad de la empresa mexicana Desarrolladora Saclol S. A.

Aval «insólito»

¿Por qué entonces la Audiencia Nacional solicitó que se bloquearan esas propiedades? Para entender la iniciativa del juez español hay que remontarse al 27 de septiembre de 2007, cuando Travel Bus S. A., una de las empresas de Díaz Ferrán y Pascual, compró a la sociedad holandesa Lismore Investment S. L. la empresa Ubert Real Estates B.V., también holandesa, a cambio de 35 millones de dólares. En esa operación, los dos propietarios de Marsans dejaron pendientes de pago 26,9 millones que avalaron, el 15 de febrero de 2010, de forma solidaria poniendo sobre la mesa como garantía las tres fincas mexicanas. Este hecho ya fue denunciado en la querella presentada el pasado enero por Meliá, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur contra Díaz Ferrán, Pascual y De Cabo. En la denuncia, la defensa de los querellantes (que ejerce el despacho de abogados Ashurst) calificaba de «insólito» que una empresa mexicana garantizase con su patrimonio una deuda contraída por los entonces propietarios de Marsans (apenas cuatro meses antes de que traspasaran el grupo a De Cabo).

Pero resulta que el representante de la sociedad mexicana encargado de avalar ese reconocimiento de deuda era Gerardo Díaz Santamaría, uno de los hijos de Díaz Ferrán. Para la Audiencia Nacional, se trataría de un ardid más para poner a buen recaudo el patrimonio del grupo Marsans, en este caso a través de familiares directos. De ahí que solicitase a las autoridades mexicanas su embargo para conseguir ejecutar esas propiedades en el marco del proceso concursal puesto en marcha por la Justicia española para intentar que los acreedores de Marsans cobren sus deudas.

No obstante, el hecho de que ni Díaz Ferrán ni Pascual figuren como propietarios de Desarrolladora Saclol S. A. ha sido determinante para que México rechace bloquear esas propiedades.

La petición de auxilio judicial al país azteca se cursó, aseguraron fuentes jurídicas, con anterioridad a que la Audiencia Nacional despachara, hace unos días, otras seis comisiones rogatorias a Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia para intentar bloquear las cuentas y propiedades de la trama en el extranjero.

¿Quién está detrás de la empresa avalista mexicana?

En la denuncia contra Díaz Ferrán, Pascual y De Cabo presentada por las cuatro empresas mayoristas, se solicitaba a la Audiencia Nacional que recabase de las autoridades mexicanas información sobre los accionistas y beneficiarios de Desarrolladora Saclol S. A., así como que identificase a sus administradores y directivos. Del mismo modo, los querellantes pretendían que México ratificase que la sociedad es la propietaria de esos terrenos en San José del Cabo. Por último, instaba a la Justicia del país americano a acordar el embargo preventivo de esas fincas y a prohibir disponer de ellas, y de cualesquiera otros bienes, a la sociedad bajo sospecha, Desarrolladora Saclol S. A.