La mitad de las familias españolas, en problemas para llegar a final de mes

«La primavera económica que se inició a finales de 2021 tiene un sol que no calienta por igual a todos los hogares». Así se manifestó el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, que denuncia el problema de la pobreza, sobre todo la infantil, sigue al alza y sitúa ya a España como el país de la UE con una mayor tasa. «No puedo entender cómo lo aceptamos siendo un país con una economía rica, un sistema político democrático consolidado y una sociedad decente», dijo durante la presentación de la Memoria Socioeconómica de 2023, en la que el director del informe, Ignacio Conde, denunció que «la pobreza infantil es un gran problema político» porque termina generando conflictos por negarle la prosperidad a esa parte de la población. La pobreza infantil no es solo un problema moral, es un despilfarro de recursos económicos», ya que las elevadas tasas restan más de cinco puntos al PIB, tratándose la inversión destinada a la infancia de una de las que tienen mayor tasa de retorno.

Según cuantifica la Memoria, casi 13 millones de personas se encuentran en España en riesgo de pobreza o exclusión social, tras pasar del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, la falta de acceso a la vivienda o la precariedad laboral, que no se ha resuelto con la reforma laboral. Preocupa especialmente que 9,7 millones de personas vivan en riesgo directo de pobreza, con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo. Además, el 37% de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Asimismo, el porcentaje de hogares que declaran algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes ha seguido creciendo y alcanza ya el 48,5% del total. También han aumentado los problemas para afrontar gastos imprevistos hasta el 36%, así como la pobreza energética, elevándose al 21% la proporción de hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada de sus viviendas en invierno.

Aunque en menor medida, también siguen al alza aquellos que no pueden comer carne o pescado al menos dos días a la semana, llegando a afectar al 6,7% de los hogares, cuando en 2019 apenas afectaba al 3,7%.

Las familias con mayor vulnerabilidad económica también han aumentado, continuando la tendencia de los últimos cuatro años, como muestra que el 9,3% declare tener mucha dificultad para llegar a fin de mes, frente al 7,4% en 2019. Estas mayores dificultades se concentran, sobre todo, en los hogares con menores a su cargo y, en especial, en los monoparentales –afectados en un 21%– y que en su gran mayoría están encabezados por mujeres. «No es de extrañar, pues, que la carencia material severa, referida a la imposibilidad de acceder a cuatro o más bienes, haya alcanzado su máximo de los últimos años, afectando al 9% de los hogares», detalla el CES.

También pone énfasis en que el sector poblacional más afectado por la pérdida de renta es la clase media. «Los grupos peor posicionados en el reparto de rentas son las capas medias y media-bajas de la sociedad», que agrupan al 60% de la población.

El informe recuerda que pese al despliegue de medidas de apoyo a los hogares para atenuar el impacto de la inflación, no ha sido suficiente, especialmente entre los más vulnerables, ya que «la carestía de la vida se tradujo en un aumento de la carencia material severa para los hogares que llegaban a fin de mes con mucha dificultad (9%) y de la pobreza energética (20,7%).

Otro de los elementos distorsionadores es la vivienda, cuyo acceso «continúa siendo uno de los principales desafíos sociales», insiste el CES., que incide en que, durante 2023, «los precios continuaron al alza y se endurecieron las condiciones de acceso al crédito inmobiliario, agravando las dificultades». No en vano, los gastos de vivienda absorben ya la tercera parte del gasto medio en los hogares. Además, el informe explica que «el aumento del volumen de hogares por encima del crecimiento del parque de viviendas confluye con un déficit de vivienda nueva, dificultando la absorción de la demanda en algunas comunidades y repercutiendo en el retraso de edad de emancipación de los jóvenes».

El informe recuerda que el riesgo de exclusión social es especialmente significativo entre la población infantil, alcanzado una tasa del 33,5%. «Se trata de unos datos preocupantes, no solo desde el punto de vista de justicia social, sino también económico, que el coste de esta pobreza infantil suponen más de 63.000 millones de euros anuales, el equivalente al 5,1% del PIB.