Montero ofrece un pacto fiscal a la carta a Cataluña en plena negociación de la presidencia de Illa

El Gobierno negocia ya una posible pacto fiscal a la carta con Cataluña que incluiría la condonación de 15.000 millones de deuda que tiene la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en RNE, tras anunciar que prepara con representantes de Junts y ERC la aplicación de una "financiación singular" adaptada a las "peculiaridades de la comunidad", para que ambas formaciones independentistas logren "ver satisfechas sus necesidades" fiscales y de financiación, justo en plena negociación de investidura de Salvador Illa, que intenta liderar el próximo Gobierno catalán, lo que ha levantado todas las suspicacias sobre la verdadera intención de estas palabras de la ministra.

Montero, que ha intentado dejar claro que esta propuesta entra dentro del marco de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, no ha podido evitar las suspicacias sobre que Cataluña vaya a tener un tratamiento fiscal especial, una de las demandas prioritarias para las fuerzas separatistas, a las que la ministra ha abierto la puerta al reconocer la "singularidad" y las "peculiaridades" fiscales de la región. Por tanto, se abriría la puerta a que Cataluña pueda acceder al control total de sus impuestos a través de su propia Agencia Tributaria y dar luz verde al denominado cupo catalán. Para curarse en salud, la vicepresidenta ha matizado que todo lo que se negocie debe estar dentro "de un modelo válido común para todas las comunidades".

En este sentido, el nuevo modelo de financiación que pretende llevar a cabo será "para todas las comunidades autónomas" pero con un "tratamiento especial" para "aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña". Dentro de estas "cuestiones singulares", la ministra incidió en que eso no significa que Cataluña vaya a tener una financiación singular y todo lo que se desarrolle será en el marco de los pactos de Gobierno con ERC. "Tenemos que hacer ambas cosas y ser capaces de impulsar un modelo que sea válido para todas las comunidades", aunque volvió a sembrar dudas cuando añadió que Cataluña "tendrá que ver satisfechas sus necesidades en las competencias singulares que tiene". Es decir, sería un pacto fiscal a la carta.

Aunque siempre ha negado Montero que vaya a entablar una negociación bilateral con la Generalitat de Cataluña para la condonación de la deuda y se ha limitado a asegurar que la voluntad del Gobierno "siempre ha sido hacerlo con todas las comunidades mediante una ley que beneficiará a todas las de régimen común que estén suscritas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o con las entidades financieras", las declaraciones de hoy rubrican que Cataluña sigue al margen del resto de comunidades, como ya ocurrió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que no se presentó, y negocia en paralelo.

Organismos oficiales como el Banco de España o la Airef, e independientes como Fedea o el IEE, han advertido de que la condonación de deuda a Cataluña impactará de forma negativa en el PIB, el empleo y las cuentas públicas porque "contribuirá a agravar los problemas de indisciplina fiscal que ya sufren" y afectará a la "cohesión social y territorial". Desde Fedea apuntan que el coste total de esta operación financiera alcanzaría casi 88.000 millones de euros. En el caso de Cataluña, el acuerdo con ERC incluye una quita de 15.000 millones de euros, que supondría en torno al 20% de la deuda total de la comunidad, lo que se traduciría en 1.980 euros por habitante ajustado.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron en su momento que esta operación para reducir la carga de deuda no supondrá un aumento de la ratio de la deuda sobre el PIB al utilizar un subterfugio financiero para ello, a través de la reasignación de la deuda entre diferentes niveles de la Administración con una "transferencia interna entre subsectores del conjunto de las Administraciones Públicas", por lo que Economía aseguraba que no tendría ningún impacto sobre las emisiones del Tesoro en 2024, la ratio deuda-PIB o de la deuda global. A falta de concretar todavía el mecanismo, esta reasignación de deuda podría incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que el Ejecutivo tendría que recurrir a mecanismos adicionales de financiación, situación que se contempla de forma excepcional por el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas, como ya ocurrió en la crisis de 2008, aunque fuentes gubernamentales tampoco descartan que deba hacerse alguna modificación normativa para evitar problemas legales.

La vicepresidenta primera también ha adelantado en RNE que presentará los Presupuestos Generales del Estado de 2025 "antes de que acabe el año", a más tardar octubre, para "cumplir con la hoja de ruta" prevista. "Trabajamos desde abril en estos presupuestos, desde que se decidió que era mejor empezar a elaborar los del año que viene con conversaciones intensas con todos los grupos", sólo interrumpidas por las citas electorales del último trimestre.