Montero quiere hacer funcionarios a 658 interinos sin examen

La última maniobra de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para regularizar por la puerta de atrás a más de 600 interventores y secretarios locales interinos por concurso se ha topado con el rechazo frontal de Apsital, la asociación que agrupa a este colectivo de funcionarios, que denuncia que Montero pretende convertir en empleados públicos con plenos derechos a personal temporal con el único «requisito de un grado universitario, sin realizar ninguna prueba que permita acreditar la adquisición de conocimientos y con un peso excesivo de la experiencia como interino», denuncia Alberto Bravo Queipo de Llano, portavoz de Apsital, que advierte de que muchos de estos puestos han sido asignados en ayuntamientos pequeños, «sin ninguna claridad en el proceso y prácticamente a dedo».

También avisa de que el objetivo que se pretende de acabar «supuestamente» con la temporalidad tendrá un efecto contrario en los municipios más pequeños, que seguirán sufriendo lagunas en estos puestos, ya que una vez que los interinos hayan conseguido una plaza fija a través de esta regularización «podrán pedir su traslado a cualquier destino, ya que tendrán los mismos derechos de otros interventores que tuvieron que superar una oposición, incluso superándoles en el escalafón».

Se refieren en esta organización a que estos funcionarios tuvieron que aprobar un durísimo examen de 150 temas, con ejercicio oral y prueba práctica. «Se produce así un inadmisible agravio comparativo, porque los interinos que pueden entrar sin haber acreditado unos conocimientos mínimos serán empleados de pleno derecho por el mero hecho de tener cinco años de experiencia en el cargo, gracias a este proceso a la carta que va a desprestigiar el cuerpo y empeorar el servicio público».

El proceso que denuncian estos empleados locales se refiere a las 807 plazas convocadas por Hacienda, de las que 658 será cubiertas por un concurso directo de méritos, sin ninguna prueba adicional. Por ello, este colectivo ha solicitado al Ministerio la paralización del proceso hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo que debe amparar esta convocatoria, y que está prevista se conozca la primera quincena de julio. El Alto Tribunal debe decidir si priman más los derechos adquiridos de los interinos, aunque los hubieran logrado en procesos irregulares sin respetar los principios de mérito y capacidad, o tiene en cuenta que el proceso concursal ha incurrido en irregularidades y debe ser paralizado y anulado.

Tanto Apsital como otras asociaciones del colectivo, como Cosital, realizaron una campaña informativa entre los altos cuerpos del Estado que debían integrar los tribunales concursales del proceso de estabilización de este cuerpo a los que se advirtió de la «artimaña» utilizada por el Ministerio de Montero para regularizar por la vía rápida a estos centenares de interinos. La consecuencia directa fue la renuncia de casi una veintena de estos examinadores –entre los que hay inspectores de Hacienda, administradores civiles del Estado o interventores generales, entre otros– y la paralización de muchos de estos procesos hasta que se pueda volver a asignar miembros del tribunal.

Esta situación pone en peligro el objetivo de Función Pública de acelerar el proceso selectivo antes de la elecciones y da tiempo a que el Supremo dicte sentencia sobre la denuncia presentada por Apsital que pare este «proceso fraudulento» que pone en duda la propia legalidad de la normativa del funcionariado. «Es una decisión claramente electoralista porque quieren vender que han reducido la temporalidad en el sector público y cumplido con las exigencias de la Unión Europea», insisten desde Apsital, que recuerdan que estos interinos «ni siquiera son capaces superar las pruebas de acceso, y no es por falta de plazas».