Montero eleva a cinco las retribuciones complementarias de los funcionarios con la nueva Ley de Función Pública

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de la Función Pública, paso previo a su remisión al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. Pero el texto al que se ha dado luz verde no es el que logró consensuar el Gobierno el pasado 28 de febrero únicamente con dos de los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, ya que el mayoritario de la Administración General del Estado, CSIF, se negó a rubricarlo porque «no garantiza unos servicios públicos de calidad», rechazo al que se unieron todas las organizaciones de los altos funcionarios, de la escala A-1, que se han mostrado frontalmente en contra de aspectos como la promoción interna o la disposición adicional décima, que permite «los ascensos politizados a dedo», como han denunciado en varias ocasiones.

Entre otros aspectos, se han introducido cambios sustanciales en el texto final, como la incorporación de una prueba anual de control del desempeño de los empleados públicos, que podrá ser causa de la degradación de funcionarios por concurso con «rendimiento insuficiente», una cuestión que elevó las protestas de los sindicatos firmantes, que amenazaron incluso con plantarse. Por ello, el Gobierno decidió suavizar este artículo, eliminando las menciones a efectos negativos -como la degradación o el despido- para convertirla en una medida de incentivo y de extensión de mejores prácticas en la Administración. Por eso ha incorporado que, en caso de lograr evaluaciones favorables, los funcionarios podrán beneficiarse del futuro complemento salarial por desempeño, lograr nuevos ascensos o garantizarse su continuidad en su puesto de trabajo. Eso sí, los sindicatos no consiguieron evitar que los empleados públicos podrán ser «removidos», aunque no perderían su condición de empleado público pese a ser degradados.

Además, los funcionarios podrán disfrutar de dos nuevos complementos salariales, uno vinculado de forma directa con la evaluación obligatoria de su desempeño laboral, ya que el funcionario lo percibirá en función de sus resultados, y otro relacionado con la progresión dentro de la Administración General. Así, los funcionarios podrían tener acceso a cinco retribuciones complementarias: el complemento por destino, el específico, el de desempeño y el de carrera. A estos hay que sumar el renombrado complemento por servicios extraordinarios, que es el que retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria.

CC OO y UGT recibieron con satisfacción la aprobación de esta ley, mientras que CSIF volvió a cargar contra el texto. Los dos sindicatos firmantes celebraron que , celebran que recoja "expresamente" que ha de contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, garantizar el reconocimiento de sus derechos, así como los principios y elementos transversales como la igualdad, la transparencia en la gestión pública y la participación sindical. Sin embargo pese a su apoyo, ya han advertido que tratarán de introducir algunas enmiendas al articulado para "el perfeccionamiento" de determinadas materias como la evaluación del desempeño, el régimen disciplinario, el estudio de la brecha salarial, la garantía de paridad en el personal directivo, la movilidad o la obligatoriedad de cumplimiento de los pactos y acuerdos. También lo hará así en el desarrollo reglamentario, que será relevante para desarrollar la ley una vez se apruebe. "Todo ello repercutir en la prestación de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía", han subrayaron en un comunicado conjunto.

Una visión muy diferente tiene CSIF, que le ha llevado a rechazar el anteproyecto porque no garantiza la evaluación del desempeño, la carrera profesional, la jornada laboral de 35 horas, ni el teletrabajo. El sindicato se desmarcó de las negociaciones y ahora tratará de enmendar el texto durante el debate parlamentario. En su opinión, "llega con 15 años de retraso" y "ha perdido la oportunidad de regular de manera adecuada cuestiones fundamentales" porque carece de dotación presupuestaria, "limita el derecho a la movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo".