Los Presupuestos destinan el 56% al gasto social, un 1,7% más que en 2016

Afirma que «impulsan el empleo» y serán el enlace para las cuentas de 2018, que serán presentadas en junio.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha pedido responsabilidad a todos los partidos políticos para poder aprobar los Presupuestos de 2017, que "impulsan el empleo"y que serán el enlace para las cuentas de 2018, que serán presentadas en junio.

Montoro ha presentado en rueda de prensa en el Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 que ha dicho, tiene como objetivo reforzar el crecimiento económico y cumplir con el objetivo de déficit del 3,1 % del PIB para este año.

Los presupuestos buscan alcanzar dos objetivos interrelacionados: afianzar la consolidación del crecimiento económico y de la creación de empleo, a la par que se reduce déficit y deuda pública.

Para ello, la política fiscal debe iniciar una nueva fase “para reducir la deuda pública y mantenerla en una senda sostenible” liberando recursos para continuar con la recuperación económica.

Según ha afirmado en la rueda de prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estos presupuestos sitúan a España en “la puerta de salida” del procedimiento de déficit excesivo abierto por la UE, que se alcanzará en 2018.

La reducción del déficit público es la variable “clave” para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento económico y de empleo, subrayan.

Para ello, el Gobierno ha fijado ese ajuste fiscal equivalente a 1,2 puntos del PIB para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1 % tras haber logrado reducirlo al 4,3 % en 2016, “un buen punto de partida”.

“La economía española mantiene un ritmo sostenido de crecimiento que paulatinamente está situando las principales variables económicas en los niveles previos a la crisis”, arranca el proyecto de cuentas para este año.

Así, se esperan unos ingresos tributarios de 200.963 millones, un 7,9 % más, apoyados en ese contexto de recuperación, mientras que en los gastos se continuará con un “estricto control” con un fuerte componente social con más 55 % del gasto total para estas partidas.

En concreto, 139.647 millones irán a pensiones, lo que supone un 40 % del gasto de presupuesto consolidado.

El reto es triple, resume el Gobierno, mantener el ritmo de crecimiento y continuar con la reducción del desempleo, reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas preservando el gasto social y fortalecer la economía española frente a shock externos.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Estado de 2017 destina el 56 % de los fondos al gasto social, que aumenta el 1,7 % respecto al presupuestado para 2016 y alcanza 191.356 millones de euros.

Gasto en pensiones

El gasto en pensiones representa más del 40 % del total del gasto presupuestado consolidado y su crecimiento esta ligado a la revalorización en el 0,25 % de estas prestaciones, al aumento del número de pensionistas y al incremento de la pensión media de los nuevos beneficiados.

De hecho, el pago de las pensiones se llevará 40,7 euros de cada cien de los presupuestos generales del Estado consolidados para 2017, frente a los 38,5 euros que recogían las cuentas de 2016.

De acuerdo con el proyecto, presentado hoy en el Congreso, el pago de los intereses de la deuda pública se quedará con 9,4 euros de cada cien, frente a los 9,5 euros de 2016.

Dentro del gasto social, que se queda con 55,8 euros de cada cien (frente a los 53,5 euros del año pasado), destaca -además de las pensiones- la partida que se destinará al desempleo, que recibirá este año 5,3 euros de cada cien (5,6 euros en 2016).

Además, otras prestaciones económicas se llevarán 3,9 euros (frente a 3,3 euros en 2016); los servicios sociales, 0,7 euros (0,6 euros); el fomento del empleo, 1,6 euros (1,5 euros); el acceso a la vivienda, 0,1 euros (0,2 euros); y la administración de la seguridad social, 1,2 euros (1,7 euros).

También dentro del gasto social y como parte de los servicios públicos de carácter preferente, la sanidad recibirá 1,2 euros de cada cien (frente a 1,1 euros de 2016); la educación, 0,7 euros, y la cultura, 0,2 euros (las mismas cuantías que el año pasado).

Los considerados servicios públicos básicos, que incluyen la seguridad ciudadana, la defensa, la justicia y la política exterior, se quedarán con 4,9 euros de cada cien (cuando en las cuentas de 2016 se quedaban con 4,8 euros).

Dentro de las actuaciones de carácter económico, la agricultura, pesca y alimentación recibirán 2,2 euros de cada cien (frente a los 2,1 euros de 2016); la industria y energía, 1,6 euros (la misma cantidad); el comercio, turismo y pyme, 0,3 euros (también lo mismo); las subvenciones al transporte, 0,4 euros (la misma cifra); las infraestructuras, 1,6 euros (1,7 euros); y la I+D+i, 1,8 euros (1,6 euros).

El ministro ha dicho que el objetivo de este aumento del gasto social es “reforzar el Estado de Bienestar”.

Servicios sociales

El Gobierno ha destinado a la política de servicios sociales y promoción social 2.408 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento sobre el año 2016, yen concreto la partida destinada a la dependencia sube un 8,2 por ciento hasta los 1.355 millones de euros.

Las actuaciones de Acción Social dirigidas especialmente a los colectivos de ancianos, personas dependientes, migrantes, extranjería, infancia y familia y drogodependientes se dotan con 2.303 millones de euros.

En el ámbito de estos colectivos que requieren mayor protección, se dedica 342 millones de euros para la protección familiar y lucha contra la pobreza infantil, entre los que se incluye 140 millones para el programa de reasentamiento y reubicación de refugiados para familias con menores.

El importe destinado al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) asciende en el presupuesto 2017 a 1.355 millones de euros, de los que se destinan 1.262 para Nivel Mínimo de Dependencia, 100 millones de euros más que en 2016 por el aumento progresivo de beneficiarios una vez se ha completada la aplicación de la Ley a todos los grados de dependencia.

Además, dentro del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se continúa dotando un Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del SAAD con 5 millones de euros al objeto de prestar apoyo financiero a las empresas que se encarguen de la promoción y el desarrollo de infraestructuras y servicios de este sistema.

En el programa “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género”, se han incrementado un 9,9 por ciento las dotaciones hasta alcanzar los 28 millones de euros, figurando créditos para transferencias a Comunidades Autónomas (7 millones de euros) y para familias e instituciones sin fines de lucro (7 millones de euros) para la financiación de programas de asistencia social en las CCAA y ayuntamientos.

La dotación en inversión en este programa alcanza los 10 millones de euros, un 19,5 por ciento más que en 2016 para proyectos como el de “Dispositivos electrónicos. Seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento”, y el de “Campañas de información y sensibilización para prevenir las distintas formas de la violencia de género”.

Por último, el presupuesto se completa con 27 millones de euros para la gestión de los Servicios Sociales.

Infraestructuras

La política de infraestructuras, que engloba a Fomento, Agricultura y Energía, contará este año con un presupuesto para inversiones de 7.480 millones de euros, incluidas las correspondientes al sector público empresarial, un descenso del 21,2 % respeto a lo presupuestado para 2016 (9.492,5 millones).

En total, el Estado invertirá 2.697 millones de euros, mientras que los entes públicos y las sociedades mercantiles estatales aportarán 4.841, según el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2017.

Por ministerios, Fomento dispondrá de 3.626 millones de euros en 2017, de los que 1.758 millones corresponden a inversiones; mientras que Agricultura contará con 1.723 millones, 940 de ellos para inversión.

Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dispondrá de 30 millones de euros.

A estas cantidades hay que sumar los 13 millones en subvenciones de capital para financiar inversiones en infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla y Málaga.

Por segmentos, las actuaciones en carreteras sumarán 1.913 millones y se centrarán en la mejora de las redes de alta capacidad, de las carreteras convencionales y de los entornos urbanos.

En ferrocarril, las inversiones sumarán 3.057 millones e irán dirigidas a completar las líneas de Alta Velocidad, elevar la calidad del servicio de Cercanías y mejorar la red convencional para garantizar la vertebración territorial.

Los puertos contarán con una partida de 868 millones de euros, y los aeropuertos con 615 millones, según el documento.

El marco de la política de aguas contempla abordar el Pacto Nacional del Agua, con el objetivo de garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad suficiente, de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional, asegurando a su vez una adecuada protección del medio ambiente.

En materia hidráulica, Agricultura y las sociedades de agua invertirán 826 millones, en tanto que a la protección del litoral se destinarán 57 millones y a la protección del medioambiente 155 millones.

Sanidad

En loq eu respecta a Sanidad, el Gobierno ha destinado para las políticas sanitarias se incrementa un 2,3 % hasta llegar a los 4.093 millones de euros frente a los 4.001 millones que reflejaban las cuentas del año anterior.

Según el proyecto de Presupuestos, presentado hoy en el Congreso, la partida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es de 2.180 millones de euros, un 8 % más que en 2016.

Los créditos asignados al Ministerio y a sus organismos autónomos de carácter sanitario (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y Organización Nacional de Trasplantes) y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ascienden a 172 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 %.

El volumen más importante corresponde a las entidades que forman el Mutualismo Administrativo (Muface, Isfas y Muge-Ju), que asignan un total de 2.178 millones de euros para la asistencia de colectivo (0,6 más que el año anterior).

Los presupuestos destinan 4 millones para hacer frente a enfermedades raras y a programas de prevención y control del sida y otras enfermedades de transmisión sexual, al fomento de la donación y el trasplante de órganos, y la mejora de los sistemas de información sanitaria, además de 5 millones para el desarrollo de sistemas públicos digitales y desarrollo de aplicaciones

Industria y Energía

Las políticas de Industria y Energía contarán en 2017 con unos recursos de 5.445 millones de euros, un 0,2 % menos que en 2017, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

De este importe, 3.896 millones de euros corresponden a partidas destinadas a financiar parcialmente los costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema.

El proyecto de Presupuestos Generales consigna dotaciones para hacer aportaciones a partir de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética por importe de 2.650 millones de euros.

También recoge una partida derivada del porcentaje del ingreso estimado por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero por un importe de 360 millones de euros.

Asimismo, el proyecto incluye las aportaciones para la financiación del 50 % de los extracostes de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares, para lo que computan 736 millones de euros, así como para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables, por importe de 150 millones de euros.

Además, para reconversión y reindustrialización se destinarán 875 millones de euros, un 3,6 % más que en 2016, y para el programa de desarrollo industrial 25 millones de euros, que se destinan a actuaciones que permitan paliar las consecuencias negativas de la deslocalización de empresas industriales.

Para la regulación y protección de la propiedad industrial, el proyecto de Presupuestos destina 47 millones de euros y para incentivos regionales a la localización industrial, que consigna las subvenciones a fondo perdido a empresas privadas que realicen proyectos de inversión en áreas geográficas definidas por el Gobierno, se destinan 64 millones de euros.

Justicia

Los presupuestos de Justicia para 2017 ascienden a 1.726 millones de euros, un 7,6 por ciento más que los del pasado ejercicio, con lo que se convierten en una de las partidas que más sube de todas las del Estado y permitirán crear cerca de 5.000 nuevas plazas en este ámbito de la administración.

También destacan los 150 millones de euros para lograr la transformación digital de la justicia con el objetivo “cero papel”, lo que supone un incremento del 87,9 por ciento, los 100 millones para inversiones de modernización de este servicio público y los 34 millones para equipamientos e infraestructuras.

Con la entrada del personal procedente de la oferta pública de empleo de 2016 y la que se apruebe este año se crearán cerca 5.000 nuevas plazas al servicio de la Administración de Justicia.

Los gastos de personal con los que se dota esta política alcanzan en este ejercicio los 1.358 millones de euros, para el gasto social se destinan 38 millones y para garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita 37 millones.

También se destina un millón de euros para garantizar el servicio público y gratuito de ayuda y asistencia a las víctimas en cuanto a la atención psicológica y pericias en procesos judiciales.

Se avanzará en el concepto de justicia 24 horas con nuevos servicios que permitan la existencia de un punto de acceso general para los ciudadanos en el que puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones, así como acceder de manera telemática a sus procedimientos judiciales.

Asimismo se instaurará un nuevo Registro Civil público, gratuito, electrónico y más seguro y operativo.

Investigación y desarrollo

Las partidas destinadas a Investigación, Desarrollo e Innovación Civil ascienden a 6.029 millones de euros en 2017, y suben el 4,1 % respecto al presupuesto de 2016.

El programa de Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica crece el 110,5 % y estará dotado con 3.395 millones, lo que supone el 56,2 % del total de estos créditos. Además los presupuestos incorporan una partida de 150 millones para fomentar la competitividad de las industrias electrointensivas y otros 50 millones para impulsar el uso de los vehículos eficientes.

Tráfico

La dotación destinada a las políticas de seguridad vial en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 desciende un 1,9 % hasta los 740 millones de euros, dinero que, entre otras cuestiones, servirá para implantar un nuevo sistema de gestión de las denuncias y sanciones a los ciudadanos.

El presupuesto servirá para implantar el proyecto de Tratamiento en Movilidad de Accidentes, Denuncias y Gestión de la Información general de tráfico (TRAMO).

Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) continuará desarrollando un plan de investigación dirigido a las necesidades y responsabilidades de la Institución.

Servicio Público de Empleo

Los fondos destinados al Servicio Público de Empleo Estatal disminuyen 2.298 millones de euros en 2017 debido al menor pago de prestaciones por desempleo.

Asimismo, el gasto por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad y paternidad, se sitúa en 12.010 millones de euros, que incluyen 342 millones de incremento para protección a la familia y lucha contra la pobreza infantil.

Los presupuestos de este año destinarán 2.408 millones de euros a programas y servicios destinados a mejorar los niveles de protección de la personas y grupos sociales más vulnerables, lo que supone un incremento de 4,9 % respecto al año 2016.

El importe destinado a la Atención a la Dependencia asciende a 1.355 millones de euros, el 8,2 % más que en 2016, y Hacienda destaca el crédito para el Nivel Mínimo de Dependencia, 1.262 millones de euros.

Para la ayuda a Inmigrantes habrá 313 millones de euros y ante el ascenso del número de solicitantes de protección internacional sobretodo procedentes de Siria y de Ucrania se presupuestan 24 millones y 11 millones para atender a los llegados a las costas del Mediterráneo.

Asimismo, los presupuestos de 2017 dirigen 28 millones de euros, el 9,9 % más a los planes de prevención integral contra la violencia de género.

Cultura

La política cultural española tendrá este año un presupuesto de 801 millones de euros, un 0,7 % menos que los 807 millones de euros de 2016, año en el que se prorrogaron los Presupuestos Generales del Estado al tener un gobierno en funciones. En conjunto, un 0,2 por ciento del total de gastos previstos.

El presupuesto de los organismos dependientes del departamento (un 69,2 por ciento de los gastos de la política cultural) ascienden a 554 millones, lo que supone un incremento del 2,9 por ciento respecto al año anterior.

La mayor partida será la correspondiente a Artes Escénicas, con 235 millones, de los cuáles 100 millones serán para música y danza; cinematografía (85 millones) y teatro (51 millones).

El programa de museos y artes plásticas tendrá una dotación presupuestaria de 153 millones de euros, mientras que el de arqueología y protección del patrimonio histórico-artístico tendrá una asignación de 141 millones de euros, y bibliotecas y archivos de 70 millones de euros.

Asuntos Exteriores

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación contará en 2017 con un presupuesto de 1.155,46 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,2 % respecto a 2016.

Ese aumento también va encaminado a potenciar la presencia e influencia de España en los procesos de definición de la política de paz y seguridad de las principales organizaciones internacionales, adaptándola a los nuevos desafíos en materia de terrorismo, seguridad internacional, construcción y mantenimiento de la paz.

La política exterior se estructura en torno a dos grandes líneas estratégicas: la acción del Estado en el exterior y la cooperación internacional, para cuyo desarrollo se han dotado recursos presupuestarios en 2017 por importe de 1.522 millones de euros, lo que supone un incremento de 44 millones de euros, un 3 % sobre el ejercicio anterior.

La acción del Estado en el exterior, que se desarrolla en cuatro ámbitos (bilateral, multilateral, consular y económica), cuenta con una dotación en 2017 de 780 millones de euros, un 6 % más que en el ejercicio anterior, a los que hay que añadir los 20 millones de euros para la acción diplomática ante la Unión Europea.

España tiene representación permanente en el exterior mediante 118 embajadas y mantiene entre sus objetivos de la acción diplomática bilateral “el reconocimiento del derecho de España a la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar y con ella de la integridad territorial española”.

Para el 2017, la política de cooperación al desarrollo contará con tres instrumentos presupuestarios fundamentales, entre ellos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dotada con un presupuesto de 284 millones de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), con cargo al cual se podrán autorizar operaciones por importe de 375 millones de euros, y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con cargo al cual se podrán realizar operaciones por importe de hasta 35 millones de euros.

La dotación en cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior para 2017 es de 133 millones de euros que gestiona en su mayor parte el Instituto Cervantes, que cuenta con un presupuesto de 121 millones de euros para desarrollar su actividad en el exterior a través de 63 centros y 11 aulas Cervantes.

Interior

El presupuesto asignado al Ministerio del Interior asciende a 7.912 millones de euros, tan solo ocho millones más que el anterior ejercicio, lo que representa un 0,10 por ciento, con especial atención a las políticas de lucha contra el terrorismo yihadista.

Seguridad Ciudadana, Administración Penitenciaria y Seguridad Vial son las tres principales áreas que agrupan las políticas del departamento, según recoge el apartado de Interior.

De entre todas ellas sobresale la partida de 5.526 millones de euros destinada a las actuaciones de seguridad ciudadana que abarcan la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la inmigración irregular y el terrorismo.

Sobre este último punto, el Ejecutivo pretende impulsar el desarrollo de una estrategia integral de lucha contra el terrorismo que contemple un Plan Integral de Lucha contra la Financiación del Terrorismo Internacional y una estrategia contra atentados y emergencias nucleares, radiológicas, biológicas y químicas (NRBQ).

También impulsará a los servicios antiterroristas del Estado con una dotación eficiente y racional de medios humanos, materiales y tecnológicos; se reforzará la cooperación con los servicios antiterroristas de la Ertzaintza y de los Mossos D’Esquadra; y se desarrollará un plan de protección de infraestructuras críticas y otro de lucha contra la radicalización.

La política penitenciaria, el segundo gran eje de actuación de Interior, contará con 1.145 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de los centros penitenciarios, con especial atención a medidas de gestión económica de los recursos disponibles.

Por último, la dotación destinada a las políticas de seguridad vial desciende un 1,9 % hasta los 740 millones de euros, dinero que, entre otras cuestiones, servirá para implantar un nuevo sistema de gestión de las denuncias y sanciones a los ciudadanos.

CNI

El Gobierno dotará en 2017 con casi 261 millones de euros al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que supone un aumento del 8,3 % respecto al pasado año, y reducirá en 335.000 euros los fondos reservados destinados al Ministerio del Interior, mientras que se mantienen los de Exteriores y Defensa.

El CNI, que sigue dependiendo de la Vicepresidencia del Gobierno, tiene un presupuesto de 260,96 millones, un 8,3 % superior a los 240,98 millones con los que contó en 2016.

La mayor parte del presupuesto del CNI se destina a gastos de personal, que suman 178,95 millones de euros.

Por otra parte, el Gobierno ha previsto una partida total de 7.061.120 euros para gastos reservados, cifra que desciende un 4,9 por ciento respecto a los presupuestos de 2016.

La reducción afecta a los fondos que maneja el Ministerio del Interior, que dispondrá el próximo ejercicio de 6.374.810 euros en fondos reservados, frente a los 6.709.610 euros de 2016.

El Ministerio de Defensa vuelve a contar con medio millón de euros para este tipo de gastos, y el de Exteriores tendrá de nuevo este año 186.310 euros.