Las multas por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria apenas sumaron 640.000 euros

Las multas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria se reducen a 3.289 euros de media, sin que haya ninguna todavía por venta a pérdidas. Y es que se han impuesto únicamente 195 sanciones "firmes" desde enero de 2023 hasta la actualidad, con cuantías que varían entre los 1.801 y 42.769 euros, y un montante total de 641.398 euros. Así se detalla en la información emitida por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Concretamente, sólo siete de las multas alcanzan las cinco cifras y más de la mitad (104) caen hasta los 1.801 euros. La causa más habitual es el incumplimiento de los plazos de pago, que ha sido sancionado hasta en 128 ocasiones, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, lo que ha dado lugar a 41 de las multas.

Desde la asociación Facua, que ha informado de estos datos, consideran "inaceptable" que el Ministerio de Agricultura no haga inspecciones para detectar ventas por debajo de costes tanto en origen como en los supermercados. Lamentan que la medida estrella incluida en la Ley de la Cadena Alimentaria, la prohibición de la venta a pérdidas, no haya sido objeto de ninguna sanción todavía. Un hecho que, según Facua, indicaría el "reducido" número de controles que realiza la AICA para detectar dichas prácticas, aunque también es verdad que apenas ha habido denuncias que habilitaran las investigaciones, por lo que se pondrían en duda las acusaciones de la organización de consumidores.

Pero desde Facua insisten en que estas presuntas ventas a pérdidas pueden darse tanto en origen, tal y como han estado denunciando desde diversas organizaciones de agricultores, como en los supermercados. En este sentido, la asociación advierte de los "sospechosos descuentos" que se aplican en determinados productos desde algunas cadenas. "Productos que o bien son utilizados como gancho con precios por debajo de costes o antes de los descuentos contaban con márgenes de beneficio absolutamente desproporcionados".

Asimismo, desde enero de 2023 los aumentos de márgenes en alimentos afectados por la rebaja del IVA están prohibidos. Sin embargo, desde Facua aseguran que se trata de unas prácticas que "Agricultura no está investigando, pese a que el ministro Luis Planas anunció que su departamento llevaría a cabo el control sobre el cumplimiento de la medida".

Con todo ello, desde la asociación reclaman que se investigue todo este tipo de prácticas por parte del Ministerio de Agricultura, y recuerdan, además, que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene potestad para interponer sanciones por esas actividades. También para solicitar que los supermercados justifiquen el alza de precios, puesto que no pueden deberse a un incremento en los márgenes de beneficio. Los grandes distribuidores recuerdan que sus márgenes de beneficio apenas son de un 2% y niegan las acusaciones vertidas por las asociaciones de consumidores y algunos miembros del Gobierno y políticos, que les acusaron de estar "forrándose" a costa de los agricultores.