Nueva brecha en el Gobierno: Díaz reprocha a Calviño que no impida la salida de Ferrovial

La tensa relación de los dos socios de Gobierno se acentúa día a día con cada tema espinoso que asalta la actualidad política. En este caso, las chispas han vuelto a saltar entre Podemos y PSOE tras el anuncio de la dirección de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Por esta razón, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que tome las "medidas necesarias" para evitar que Ferrovial traslade su sede. "Espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca", amenazó la dirigente morada, que reclamó a los accionistas de la empresa "que reconsideren la posición" porque Ferrovial es una empresa que ha crecido al albur de "enormes contratos con la Administración Pública"

En su habitual tono populista afeó a la dirección de la compañía su salida "sin rubor. Le pido compromiso con el país. Esto no es ser españoles. Ser español es defender la permanencia en tu país". También indicó que se debe trabajar en una Europa "en la que el 'dumping' fiscal y los paraísos fiscales no puedan existir", ya que este ha sido, según ha afirmado, el motivo que ha llevado a Ferrovial a anunciar su decisión de trasladar su sede social fuera de España. "Muchos españoles están atónitos. En momentos de compromiso, las empresas tienen que ser ejemplares".

En la misma línea, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado medidas conjuntas en el seno de Europa para erradicar "paraísos fiscales" dentro del continente y evitar que empresas como Ferrovial eviten el modelo tributario "justo" que impulsa el Gobierno. En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, ha señalado que los planes de traslado de esta empresa revelan un claro caso de "dumping fiscal" y aboga por trabajar con el resto de países de la UE para evitar que se generen este tipo de situaciones. "Y es que este fenómeno va en detrimento de naciones" que, como España, avanzan hacia un "modelo de fiscalidad justa", que es "condición de posibilidad" de financiación de servicios públicos. "Si hoy tenemos las ayudas públicas que se han desplegado, si hoy tenemos una sanidad pública que, a pesar de los muchísimos ataques y privatizaciones que está recibiendo, una referencia todavía en el mundo es gracias a esa fiscalidad".

El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha propuesto que las Administraciones públicas dejen de dar contratos a Ferrovial. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no?", escribió Echenique en sus redes sociales. "El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí".

Varios cargos de Podemos y de otros partidos de izquierda han criticado a la cúpula de Ferrovial, a los que han llegado a tachar de ser "antipatriotas" y de tratar de "evadir impuestos" como el reciente tributo de solidaridad de grandes fortunas. A través de Twitter la coportavoz de la formación morada y candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha recriminado que el caso de Ferrovial ilustra que "este es el patriotismo de las constructoras: construir en base a pelotazos urbanísticos y evadir los impuestos". "Son la antiEspaña", ha lanzado en las redes.

Por su parte, el presidente del grupo confederal en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha ido más allá y ha deslizado que Ferrovial es una empresa "manchada por la corrupción", fue "favorecida por el franquismo", con beneficios "récord" en 2022 y cuyo presidente es "el tercer hombre más rico de España". "Ahora se va a los Países Bajos para pagar menos impuestos. Su patria es el dinero", ha recriminado Asens.

Mientras, el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha proclamado que Ferrovial deja de ser una empresa española para convertirse en una sociedad holandesa, algo que evidencia una "ingeniería fiscal para no tributar en España por la actividad desarrollada en otros países. ¡Teniendo domicilio en España tendría que tributar aquí por todos sus beneficios. Unos patriotas!", ha censurado también en las redes sociales.