La nueva Ley de Industria no aclara cómo pretende el Gobierno reindustrializar España

Reindustrializar España es un mantra que forma parte del programa electoral de prácticamente todos los partidos que concurren a unas elecciones generales. Pero la realidad de la economía española es que el turismo y el sector servicios siguen siendo sus principales motores y que la industria pierde cada vez más terreno. Para intentar revertir la situación, el Gobierno ha elaborado una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica que, según el Consejo Económico y Social (CES), deja muchas dudas respecto a cómo pretende el Gobierno reindustrializar España.

Este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral en el que están representados los principales actores sociales y empresariales de la economía española acaba de aprobar su dictamen sobre el anteproyecto de esta ley y aunque valora positivamente la iniciativa, también destaca la existencia de numerosas lagunas en la misma.

Para empezar, el CES asegura que en la ley «no se desarrolla con la suficiente profundidad el funcionamiento de los procesos de reindustrialización, lo que podría generar problemas con el correspondiente a otras regulaciones».

El organismo también añade que, para los casos en que concurre el reto demográfico y el declive industrial, la norma debería contemplarlos como «supuestos específicos, con su correspondiente definición y desarrollo». Igualmente, solicita umbrales menos estrictos de manera que se puedan plantear reindustrializaciones más allá de los casos más extraordinarios.

A nivel de gobernanza, el análisis también echa en falta la necesaria coordinación no sólo entre distintas administraciones con competencias en industria (central y autonómicas), sino también entre distintos departamentos. A este respecto, asegura que un pacto de Estado por la industria «significaría elevar la política industrial al rango de las grandes políticas de Estado, y ello supone fortalecer las atribuciones del Ministerio de Industria e incluso crear un órgano estatal interministerial de industria».

Asimismo, al referirse a los Perte (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) como elementos clave para evitar la desindustrialización de España, el CES propone «más transparencia e información» de estos proyectos a los agentes sociales y administraciones concernidas.

El anteproyecto, además, no concreta el plazo en el que se tendrá que elaborar el Reglamento de la mesa de reindustrialización que propone crear, lo que, a su entender, puede generar «incertidumbre sobre su funcionamiento».

Financiación

El análisis del CES incide igualmente en ciertas deficiencias del anteproyecto en lo que a la financiación se refiere. Así, recuerda que el acceso a recursos financieros resulta «decisivo para las empresas del sector industrial a la hora de afrontar los retos derivados de la doble transición digital y medioambiental. Por ello, el anteproyecto debería hacerse eco de la necesidad de incidir en una mayor diversificación de las fuentes de financiación existentes y facilitar el acceso al crédito».

En cuanto a la agilidad para conseguir estos recursos, el consejo también critica que no se contemplen medidas concretas que permitan «una agilización real y efectiva de los procedimientos administrativos que reduzcan tiempos de espera y eliminen trámites innecesarios».

El CES llama asimismo la atención sobre que a pesar de la urgencia de la nueva ley, elementos clave de la misma como la Estrategia, el Plan Estatal, el Consejo, o la Reserva Estratégica carecen de previsiones o plazos. Asimismo, considera que el texto debería ser «más preciso a la hora de incorporar orientaciones respecto al diseño, habilitación o puesta en marcha relativos a los nuevos órganos, instrumentos o procedimientos incorporados en el anteproyecto, inconcreción que puede generar incertidumbre jurídica sobre su funcionamiento».

El análisis del órgano consultivo, el segundo en importancia en España tras el Consejo de Estado, también advierte de que algunas cuestiones que califica de transversales no tienen un tratamiento lo suficientemente adecuado en la ley. Es el caso, según explica, de las pequeñas y medianas empresas industriales, para las que asegura que «no se abordan sus necesidades particulares y sus dificultades»; la reducción de la brecha de género, con ausencia de instrumentos específicos; o el talento industrial, donde asegura que tampoco se contemplan en el articulado medidas con la suficiente profundidad y precisión para llevar a cabo su desarrollo.