Nuevo ultimátum de la UE al Gobierno de Sánchez por no aplicar la «ley pyme»

Los problemas del Gobierno de Pedro Sánchez con la transposición de normativas de la Unión Europea al ámbito jurídico español se han convertido en un incumplimiento habitual, lo que ha llevado a España a ser el país con más número de infracciones y sanciones impuestas desde Bruselas, junto a Grecia. En este caso, la Comisión Europea ha dado un ultimátum al Gobierno de Sánchez para que actualice los umbrales económicos que determinan el tamaño de las empresas según su balance y volumen de negocio.

El Ejecutivo comunitario da así un paso más en el procedimiento de infracción que abrió en enero a España después de que incumpliera la fecha límite del 24 de diciembre de 2024 para trasladar a su legislación nacional la directiva delegada que ajustó, de acuerdo con la inflación, los criterios para establecer si una firma es considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa. Junto a España, también se ha procedido a expedientar a Portugal, Chequia y Malta por el mismo motivo.

En España, esta actualización fue adoptada por el Consejo de Ministros el 29 de octubre de 2024 a través de un anteproyecto de ley. Los umbrales que determinan el tamaño empresarial llevan desajustados con respecto a la normativa comunitaria desde 2013 y la Comisión calcula que, desde ese año y hasta 2023, la inflación acumulada alcanzó el 24,3% en la eurozona y el 27,2% en el conjunto de la Unión Europea.

El objetivo de la medida era evitar que se empiecen a aplicar sobre microempresas y pymes europeas las obligaciones de información financiera y de sostenibilidad que se exigen a las grandes compañías. En concreto, la actualización modifica los umbrales en términos monetarios que establecen la cantidad máxima de volumen de negocio neto y del tamaño de balance, pero no introduce cambios con respecto al criterio relativo al número de empleados.

El objetivo es «garantizar que las pymes no estén sujetas a disposiciones indebidas de la UE en materia de presentación de información financiera y de sostenibilidad aplicables a empresas más grandes, y es fundamental para seguir reduciendo la carga administrativa», informó la Comisión. España –y los otros tres países– disponen ahora de dos meses de plazo para responder bajo amenaza con elevar los casos al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si no actualizan sus normativas.