Objetivo: acabar con la brecha fijos-temporales

La reforma laboral no se derogará, pero debe revisarse. Ciudadanos presentará en las próximas semanas una propuesta para unificar las modalidades de contratación y combatir la dualidad del mercado.

La tasa de paro ha bajado del 19% por primera vez en siete años y buena parte del mérito puede atribuirse a la reforma laboral. Si antes de su aprobación la economía debía crecer en torno al 3% para la creación de empleo, su puesta en marcha redujo ese umbral hasta el 1,2%. Además, el nuevo marco regulatorio ha incrementado la probabilidad de firmar un contrato indefinido y disminuido la posibilidad de sufrir un despido a los trabajadores temporales. De hecho, la reforma podría ser responsable de, aproximadamente, el 32% de la reducción del paro entre marzo de 2012 y diciembre de 2015.

La reforma laboral evita que en momentos de crisis económica las empresas acudan a extinciones de contrato en vez de a otro tipo de medidas menos traumáticas, lo que frena la destrucción de empleo y crea un clima de confianza para sanear el mercado laboral. Más allá de su buena acogida, el nuevo marco ha propiciado mayores inversiones empresariales, lo que a la postre se traduce en generación de puestos de trabajo. Continuar creando empleo y alcanzar los 20 millones de ocupados en 2020 debería seguir siendo prioritario. Sin embargo, las diferencias entre los trabajadores fijos y temporales son cada vez mayores. Así, la revisión tendría que pivotar en torno a la «guerra» contra la dualidad.

La reforma laboral no se derogará. Es una de las líneas rojas –junto a la estabilidad presupuestaria y la unidad de España– que Mariano Rajoy no está dispuesto a traspasar en las negociaciones para sellar los acuerdos que garanticen la gobernabilidad de España. No obstante, el nuevo gabinete ha mostrado cintura y disposición a mejorar todo lo que sea mejorable. Y la revisión de la normativa laboral se cimentará sobre los 150 compromisos que adquirieron PP y Ciudadanos con vistas a la investidura.

Mientras que el empleo indefinido se ha incrementado en 213.100 personas, el temporal lo ha hecho en 242.600 y la tasa de temporalidad ha escalado hasta el 26,96%, la cifra más alta desde finales de 2008. España ostenta el récord de dualidad en Europa, sólo por detrás de Polonia. José Ignacio García, investigador de Fedea, asegura que la reforma ha impulsado en cierta medida la contratación indefinida, pero remarca la necesidad de acercar los costes de contratación y despido para temporales y fijos. Sin embargo, advierte de que habría que pensar bien si esta respuesta implica subir las indemnizaciones para los temporales, ya que podría afectar a la creación de empleo. «Quizás lo mejor sería fijar una indemnización única para el primer año de empleo (12 o 15 días, por ejemplo) y a partir del segundo año todos a 20 o 33, dependiendo de si el despido es procedente o improcedente», detalla.

Trabajadores temporales y fijos deberían tener los mismos costes de contratación y de despido, lo que ayudaría a despedir menos, pero también podría frenar la contratación indefinida. García piensa que la reforma se quedó a medias en este sentido y recuerda que los académicos vienen pidiendo desde hace ocho años el contrato único, «que no debería haberse llamado único. No importa que haya uno, dos o 21 contratos. Lo que importa es que la protección por despido sea la misma para cualquier trabajador», señala el también profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que pide igualar el despido de fijos y temporales abre la puerta a la que sería la medida estrella para acabar con la dualidad: el contrato único. Aun así, debería tenerse en cuenta que la temporalidad en España es imprescindible, debido al modelo productivo y a la estacionalidad implícita de muchos sectores, que está justificada cuando la respalda, por ejemplo, un eventual pico de trabajo para una empresa.

Trabajadores con contratos indefinidos y máxima protección ante hipotéticos despidos conviven con empleados temporales vulnerables frente a cualquier inestabilidad laboral. Pero las personas que hacen el mismo trabajo no pueden tener derechos distintos. Una de las resoluciones de la sentencia europea dice que un trabajador interino no puede tener diferente indemnización que la persona a la que sustituye con contrato indefinido. Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, insta a acabar con la discriminación que sufren los temporales. Y aunque asevera que la reforma no debe derogarse, afirma que hay que abrir un nuevo marco laboral, donde se retoque el Estatuto de Trabajadores para reducir el abuso de la rotación que conlleva la mala regulación.

Si bien en un principio PP y Ciudadanos se comprometieron a reducir a tres las modalidades de contrato –indefinidos, de formación y uno nuevo «de protección creciente»–, el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones ha caducado antes de su materialización tras la sentencia del TJUE. Ciudadanos lo reformulará y propondrá en las próximas semanas un nuevo modelo más unificado, junto a una batería de medidas encaminadas a reducir la dualidad, así como a penalizar a las empresas que más despidan.

El nuevo Gobierno deberá trasladar a la legislación las últimas sentencias europeas, lo que probablemente llevará a una revisión de los costes de despido de todos los temporales e implicará un cambio en la normativa laboral para evitar litigios, inseguridades y, sobre todo, adecuar la legislación española a la comunitaria.

Los equipos negociadores de ambos partidos tienen una visión parecida y son conscientes de que no pueden quedarse de brazos cruzados. Avanzarán hacia un modelo de «flexiseguridad», más parecido al nórdico.

Florentino Felgueroso, profesor titular de la Universidad de Oviedo, asegura que la implicación de la sentencia europea acabará en la formulación de algún tipo de contrato único, probablemente con indemnización creciente si se estima que la sentencia puede dañar la contratación eventual. «La sentencia puede ayudar a que se reduzca la tasa de temporalidad si se adapta el Estatuto de los Trabajadores para que se aplique con generalidad y se reduzca la inseguridad jurídica que ha generado». Felgueroso cree que no será suficiente y que habrá que innovar, porque «son ya demasiadas reformas sin ningún efecto práctico sobre la dualidad laboral. El futuro de las relaciones laborales pasa por el desarrollo de cuentas individuales o mochilas portables entre empresas a lo largo de la vida laboral».

Los equipos de Rajoy –que mantiene a Fátima Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social– y de Rivera también acordaron establecer desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada, mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos e incrementen su porcentaje de contratos indefinidos al compararlo con otras de su mismo sector.

Todos los expertos consultados consideran importante simplificar el sistema de contratación laboral, unificando los regímenes jurídicos de temporales e indefinidos en aras de acabar con la dualidad. Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, opina que el acuerdo de investidura alcanzado entre PP y Ciudadanos sería una buena base sobre la que negociar una posible revisión. «La simplificación del número de contratos y la unificación de las indemnizaciones –de forma progresiva– serían un muy buen punto de partida», agrega. En este sentido, y entre los 150 compromisos sellados entre populares y naranjas, destaca la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como «mochila austríaca», mantenida a lo largo de su vida laboral, que favorecería la movilidad y combatiría la dualidad.

En cuanto a las retribuciones, una de las medidas más sonoras es la del complemento salarial garantizado, que se articularía mediante un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas con el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores. Roldán admite que existe una restricción presupuestaria, aunque revela que habría que empezar cuanto antes con un programa piloto que complemente las rentas más bajas de las familias con hijos a cargo.

Reformas continuas

Mientras que el 63% de los empresarios cree que la formación de Gobierno traerá consigo la creación de más empleo, más de la mitad piensa que el nuevo Ejecutivo debería revisar la reforma laboral. Al menos, según se desprende de un estudio de Adecco. Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de CEOE, recuerda que desde 1995 hasta 2015 el Estatuto de los Trabajadores se modificó en 50 ocasiones, lo que demuestra que nuestro mercado de trabajo se está reformando continuamente, algo que incrementa la inseguridad jurídica.

García destaca la necesidad de reformar el mercado laboral para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y conseguir mayor flexibilidad en las empresas. Y aunque éstos puedan parecer objetivos contradictorios, son totalmente complementarios, ya que ambos buscan la creación de empleo. En cuanto a la mejora de la empleabilidad, afirma que el elemento fundamental es la formación de los trabajadores. El director de Relaciones Laborales de CEOE apunta que la flexibilidad resulta imprescindible para que las empresas satisfagan sus necesidades. «Es fundamental que puedan elegir diversas modalidades de contratación, según sus exigencias». De forma paralela, aboga por poner en máximo valor los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva, que después de ser modernizada, «ha de ser replanteada su relación con la norma mínima para que las relaciones laborales sean reguladas por los sujetos que mejor conocen la realidad y las necesidades de la empresa y del sector».

1. Mejorar las políticas activas de empleo: Muchos expertos abogan por modernizar el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) –que durante años no ha servido para casar la oferta con la demanda– y por incrementar la competencia entre las agencias privadas. Los índices de colocación de parados de los servicios públicos de empleo apenas alcanzan el 2%.

2. Profesionalizar los cursos de formación: El modelo de formación para desempleados es un fracaso estrepitoso. Cerca de un 20% de las empresas no cubre vacantes por falta de personal cualificado y casi cinco de cada diez parados de muy larga duración tienen más de 45 años, lo que se trata de una señal inequívoca de que se requieren cambios. Algunos expertos defienden la necesidad de profesionalizar su gestión para mejorar la cualificación y construir puentes entre las habilidades de los candidatos y los requerimientos de las empresas.

3. Limitar la judicialización de los despidos: España es el único país de Europa en el que un juez determina si se dan las circunstancias para acometer un despido procedente, lo que se trata de uno de los vestigios del modelo laboral de los años 40.

4. Reducir las cuotas a la Seguridad Social y delimitar las bonificaciones a la contratación: El actual es un sistema opaco, poco transparente, discrecional y arbitrario. Los impuestos al trabajo deben reducirse, pero las cuotas sociales tienen que rebajarse de manera homogénea. Los cálculos deben realizarse sobre el coste laboral, no sobre la nómina en bruto del trabajador –que encubre que tres cuartas partes de las cuotas las paga el empresario–.

5. Implantación del contrato único: Acabaría con los conflictos existentes a la hora de elegir los tipos de contrato y de establecer la relación entre empresario y trabajador, y reduciría los costes operativos. Los contratos sólo se diferenciarían en la duración –como en Reino Unido–, con costes crecientes de despido. Al llegar al límite de encadenamiento de contratos temporales, muchos se pierden. Y es que los empresarios, por no pagar el salto de protección–mucho más alto en los indefinidos– los despiden, pese al conocimiento y experiencia acumulados, lo que conlleva pérdidas de productividad, crecimiento y empleo.