La OCDE alienta a Sánchez a subir más los impuestos a los carburantes

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha echado un capote fiscal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su carrera hacia un nuevo impulso de las presión fiscal en España. La OCDE, en su informe anual sobre reformas estructurales de sus miembros, ha pedido al Ejecutivo que eleve los impuestos a los carburantes para que el precio tenga mejor en cuenta el coste de las emisiones de carbono, aunque también ha advertido de que cualquier cambio al alza "debe ser asumible socialmente y debe ir acompañado de ayudas selectivas para los más vulnerables".

Esta organización cree que la fiscalidad debe incidir en elevar el precio que se impone a las emisiones de efecto invernadero tanto en el transporte por carretera como en otros focos contaminantes -como empresas y hogares-, por lo que propone ampliarlo a otras actividades que también contaminen. Creen que hay margen porque España es uno de los países de Europa occidental "con la fiscalidad más baja sobre los carburantes", aunque esa comparativa la hace sobre países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Bélgica, países que tienen una capacidad salarial mucho más elevada que la española y, porcentualmente, esa menor fiscalidad estaría compensada en España por los menores salarios. En el texto, los expertos de la OCDE plantean que el Ejecutivo español debe valorar la posibilidad de equiparar la fiscalidad entre gasolina y gasóleo, para equiparar el coste de las emisiones a la tributación.

Los autores de este informe señalan también que los planes de inversión "ya bien desarrollados" en materia de ahorro energético, renovación de edificios y transporte sostenible deberían acelerarse, aunque basan sus aseveraciones sobre datos de 2018, cinco años en los que el cambio producido en España ha sido enorme, y la realidad actual nada tiene que ver con aquella -aunque aseguran que es el último dato comparativo que tienen disponible-. Según esto, a un 60,7% de las emisiones de CO2 en España se las sometía a una imposición de al menos 30 euros por tonelada, cuando la media en la OCDE era del 50,4%, por lo que piden una adecuación a la baja de esta carga fiscal. Pero también apuntan que el peso de la producción de las renovables en el consumo energético del país en el periodo 2019-2021 se limitaba al 15,9%, cuando la media era del 22,1% y en los cinco miembros más eficientes el porcentaje subía al 55,5%, unas cantidades que nada tienen que ver con las actuales en España.

Contra la sobrelegislación autonómica

Asimismo, la OCDE advierte de que la eficiencia económica en España, la creación de empresas y la movilidad laboral están siendo lastradas por los excesos regulatorios de las comunidades autónomas, por lo que recomienda que haya una legislación estatal que regule a todos para buscar una ley de unidad de mercado, para que cese de "obstaculizarse" el desarrollo y la expansión de empresas emergentes. También critica la falta de movilidad laboral en España, que vincula en el mismo sentido con las diferencias regionales, ya que el hecho de pasar de una autonomía a otra implica la pérdida de ayudas sociales y de vivienda por la prioridad que se da a los residentes.

Esta recomendación no es nueva y vuelven a incidir en los problemas que crean la excesivas normativas de las autonomías, que en la práctica ponen en cuestión la unidad del mercado español, y el hecho de que eso redunda en una menor eficiencia económica. "En algunos sectores, como los servicios profesionales y el comercio, las normativas son estrictas y difieren entre autonomías, lo que pesa en la expansión de empresas emergentes". Por ello proponen eliminar "gradualmente" las regulaciones diferentes en función del tamaño de las empresas, porque eso al final redunda en "problemas a la hora de crecer, de superar un determinado umbral a partir del cual tendrán que someterse a nuevas reglas".

El informe apunta la baja productividad de las empresas y elevada tasa de paro. La productividad laboral por empleado -medida en dólares de PIB- era de 86,3 dólares en España (con datos de 2022), inferior a los 89,1 de media de la OCDE y muy lejos de los 144,5 dólares en los cinco países más eficientes. Además, España es el miembro con la tasa de paro más elevada: un 12,9% en el conjunto de 2022, frente al 5,6% de media en la organización.