Opositores sin formación ni máster optan a funcionarios

La utilización de las bolsas de interinos ha sido una constante desde la pandemia para reforzar departamentos saturados como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que tenía que hacer frente a los ERTE y a las nuevas prestaciones. Sin embargo, tras la situación de «emergencia» se ha instaurado una práctica que debía de ser residual en la Administración General del Estado.

Así lo denuncian las organizaciones de los cuerpos superiores del Estado, A-1 y A-2, que ven cómo ingresan a la carrera opositores que no tienen la formación necesaria ni para ejercer su carrera. Es el caso, por ejemplo, de los letrados de la Seguridad Social (A-1), cuerpo en el que están ingresando opositores que no tienen el máster necesario para ejercer la abogacía, según denuncian desde la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil de Estado (Fedeca).

Las bolsas de interinos son una herramienta común en el ámbito de la función pública en España. Las integran aquellos aspirantes que no logran su plaza en la convocatoria a la que optan pero que han superado una serie de pruebas y que, ante la necesidad de cubrir una plaza vacante en la administración pública, pueden ser llamados para trabajar temporalmente en ella.

El problema surge cuando se «cuela» a interinos y opositores por delante de funcionarios que ya han aprobado la oposición o cuando no disponen de la formación ni titulación necesaria.

La situación es generalizada. Tanto como para que una plataforma que representa a unos mil funcionarios de carrera y estudiantes de oposición contrarios a las medidas que se vienen dictado para reducir la temporalidad haya denunciado ante la Comisión Europea la ley del Gobierno que «va a convertir a cientos de miles de trabajadores interinos (temporales) en funcionarios de carrera (trabajadores fijos)» incluso aunque no hayan aprobado completamente una oferta de empleo público o examen-oposición.

La Asociación Defensa del Turno Libre ha presentado una denuncia en la que se pone de manifiesto que la Ley 20/2021 de medidas urgentes de la temporalidad en el empleo público, impulsada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, «vulnera gravemente» el reglamento europeo, la Constitución Española y el principio de igualdad de todos los ciudadanos para acceder a un empleo público.

Agentes "limitadores" de los políticos

Esta asociación denuncia que las soluciones propuestas por el Gobierno para reducir la temporalidad limitan las posibilidades de éxito de los opositores de libre turno. Aducen que los funcionarios de carrera deben contar con amplios conocimientos y capacidades acreditados en procesos selectivos muy exigentes y que gracias a la independencia que les otorga la inamovilidad en su condición de funcionarios de carrera, actúan como un agente limitador de «potenciales acciones propuestas por los representantes políticos que sean contrarias a la legalidad». «Es por esto que los funcionarios de carrera son una figura fundamental para la función pública y para la democracia española».

Por el contrario, las soluciones para abordar la problemática de los funcionarios interinos «no garantizan la acreditación suficiente de los conocimientos y las capacidades necesarias para que éstos se conviertan en funcionarios de carrera».

Además, prosigue esta asociación, el acceso a tal condición mediante procesos que requieren un menor sacrificio son «una especie de regalo por parte del poder político» que opera en detrimento del papel limitador de ese poder. «Lo que poco cuesta conseguir, poco cuesta poner en peligro», argumentan.

Boicot a los tribunales

Por su parte, la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) ha llamado a los funcionarios a boicotear los procesos con listas de interinos instando a los mismos a no participar en los tribunales de esas convocatorias.

Fedeca se opone a la decisión de la Secretaría de Estado y la Dirección General de Función Pública de incluir en las convocatorias de la mayor parte de las oposiciones de los diferentes Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (subgrupo A1) una cláusula por la que se obliga a crear una lista de personas candidatas para el nombramiento de funcionarios interinos.

Esta asociación de funcionarios de carrera de los cuerpos superiores recuerda que, en marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que España había hecho un uso abusivo de la figura de los funcionarios temporales, contratados como interinos, contraviniendo los principios de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada.

Asimismo, Fedeca subraya la contradicción implícita del Gobierno, que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia remitido a Bruselas, y de cuyo cumplimiento dependen los fondos europeos, contempla dentro del componente 11, reforma 1, (hito 144), reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, para lo que se están llevando actualmente a cabo procesos de estabilización de personal interino. Según la asociación, tirar otra vez de interinos es incoherente con ese objetivo.

Los altos funcionarios de la AGE ejercen directa o indirectamente potestades administrativas públicas y salvaguardan el interés general, siendo garantía de legalidad y seguridad jurídica para altos cargos y gestores gracias a su inamovilidad e independencia, reitera Fedeca. Para poder ejercer dichas potestades, los funcionarios tienen que aprobar un riguroso proceso selectivo que consta de varios ejercicios, además de posteriores cursos de especialización.

Captar talento joven

Por último, la asociación critica los argumentos de miembros del Gobierno, como el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, para tirar de interinos con el pretexto de que se pretende «captar talento joven para la Administración, teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos años».

Los funcionarios del subgrupo A-1 consideran que la posibilidad de ser interino aprobando un solo ejercicio de una oposición va en contra de la atracción del talento y de la excelencia en el desarrollo de funciones públicas. En algún caso, el temario correspondiente a este primer ejercicio «no comprende los conocimientos especializados propios del Cuerpo y podría dar lugar a una posible entrada de personal sin estos conocimientos, esenciales para ejercer su función».