Paraguas protector

La posición de fortaleza del Banco Santander, claramente por encima de sus rivales domésticos, lo convierte en un refugio seguro dentro de España, pero tiene también sus inconvenientes. El mayor banco de España por capitalización (6% del PIB) y por activos (120% del PIB) se ha visto obligado a acudir en ayuda de Banesto, afectado por las exigencias regulatorias y la necesidad de provisionar las pérdidas potenciales de sus activos inmobiliarios, y posiblemente deba acudir también al rescate de alguna de las entidades nacionalizadas a subasta.

Banesto debía hacer frente a 1.300 millones de euros en provisiones para cumplir con el requisito mínimo de capital de solvencia del 9% (core tier 1), que actualmente se situaba aproximadamente en el 8,6%, lo que significa un déficit de capital de 458 millones para llegar a una posición cómoda del 9,5%. Eso teniendo en cuenta la transferencia de algunos activos a la «joint venture» con Santander, que se había anunciado previamente. Ante los inconvenientes de lograr el capital necesario en solitario o mediante alguna otra alternativa como vender activos u oficinas y, descartado el estigma de una ampliación de capital, solamente ha quedado englobar la entidad bajo el paraguas protector del Banco Santander, en una operación que hábilmente disimula las dificultades de Banesto por continuar en solitario y destaca las ventajas de la operación, especialmente a corto plazo para los accionistas de Banesto, que reciben una prima interesante.

Pero los parámetros y criterios empleados para la banca en general no son comparables con los que se piden a Banco Santander, que debe hacer frente a las exigencias propias de su condición de entidad sistémica y a la dureza de Basilea III, como el resto de grupos internacionales de tamaño y relevancia comparable. Banco Santander logra con esta operación mantener la imagen de fortaleza y desacoplamiento de la situación española, pese a que comienza a notar las dificultades de los cumplimientos regulatorios: Basilea III le exige unas necesidades adicionales de capital de 15.000 millones, aunque sea en 2018. Sería deseable, si queremos que siga siendo refugio seguro en España y líder en el mundo, no comprometerlo con las situaciones más delicadas de las entidades domésticas, nacionalizadas o no, que frenan su desarrollo y comprometen su posición de capital de modo inoportuno.