El presidente de la Sareb duda de que las autonomías tengan capacidad para gestionar vivienda social

El presidente de Sareb, Javier Torres, considera que la entidad constituye una oportunidad extraordinaria para, a partir de sus activos y la experiencia acumulada en sus más de diez años de vida en su gestión, crear en un futuro inmediato una empresa pública de vivienda social. Así lo pone de manifiesto Torres en un artículo publicado en el último número de la revista del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el "think tank" de la CEOE, dedicado al sector de la vivienda y la colaboración público-privada.

Sareb nació en 2012 con el cometido de liquidar los activos tóxicos vinculados a promotores inmobiliarios heredados de la crisis financiera de 2008 provocada por la caída de las antiguas cajas de ahorro. Durante su puesta en marcha, se decidió que Sareb tuviera una vida acotada de quince años. En consecuencia, en 2027 deberá poner fin a su actividad, salvo que el Gobierno decida otra cosa. En 2022, a través de la pública Autoridad de Resolución Bancaria (FROB), el Estado se convirtió en el máximo accionista de la entidad, por lo que el Ejecutivo de turno tendrá la última palabra sobre su futuro llegada la teórica fecha de su disolución.

Si no hay cambio de planes, deberá poner fin a su actividad en 2027

Torres explica que de los tres programas promovidos al amparo de la aplicación del principio de sostenibilidad y utilidad social que mandató a Sareb el Estado cuando asumió su control, será especialmente necesario plantearse qué hacer con la cartera de viviendas en régimen de alquiler social de Sareb que, en 2027, habrá alcanzado una dimensión de entre 10.000 y 15.000 viviendas afectando a una población que puede superar las 50.000 personas. Sareb, afirma su presidente, se habrá convertido, con toda probabilidad, "en el mayor operador de vivienda social del Estado español". Una opción, dice, será transmitir estas carteras a las comunidades autónomas. Sin embargo, no es su opción favorita dado que, según asegura, "ese traspaso no estaría exento de riesgos, ya que, como hemos visto, hay Administraciones autonómicas con dificultades para asumir el reto que implica la gestión de alquileres sociales. Estaríamos desaprovechando la experiencia de gestión y el conocimiento que se está acumulando en Sareb en este campo", explica Torres.

Oportunidad

Por eso, prosigue el presidente de Sareb, la alternativa sería "valorar la oportunidad de que Sareb -o una parte de esta sociedad- se reconvirtiera en el embrión de un futuro gestor público de vivienda social". Su presidente considera que, de esta forma, Sareb podría ejercer "un papel de liderazgo que permita suplir la escasez de gestores profesionalizados, que cuenten con una escala suficiente, en el ámbito de la vivienda social y asequible, algo que nos diferencia, de forma muy significativa, de nuestros socios europeos". Así, añade, "se pondría en valor la experiencia adquirida en este campo y se evitaría que la misma se pierda en los vericuetos administrativos que podría suponer el traspaso de esta actividad al entorno de las administraciones autonómicas o locales".

Hasta ahora, Sareb ha puesto en marcha tres grandes proyectos con la aplicación del principio de sostenibilidad y utilidad social: el programa de alquiler social con acompañamiento, que ya han firmado más de 6.000 hogares vulnerables; la puesta a disposición de las Administraciones públicas en régimen de compraventa de hasta 21.000 viviendas -que no son siempre las mismas dado que entran vía transformación y salen vía venta, según detalla-; y un programa de cesión de suelos para promover hasta 15.000 viviendas en régimen de alquiler asequible bajo fórmulas de colaboración público-privada.