La presión de rectores y empresas retrasa a 2024 la cotización de los becarios

Las advertencias de la comunidad educativa y universitaria y del mundo empresarial sobre el desastre que supondría la aprobación del nuevo Estatuto del Becario con las actuales condiciones, al poner contra las cuerdas los estudios de más de un millón de alumnos, han hecho recapacitar al Gobierno. El Consejo de Ministros ha decidido aplazar uno de los apartados más polémicos del Estatuto, que obligaba a empresas e instituciones públicas a abonar de forma inmediata las cotizaciones sociales de los trabajadores en prácticas formativas o académicas externas. Por tanto, se ha otorgado una prórroga a esta exigencia hasta el próximo 1 de enero de 2024, en vez del 1 de octubre de este año que exigía el Estatuto.

Según ha adelantado elDiario.es y han confirmado a LA RAZÓN fuentes del Ministerio de Seguridad Social, el objetivo de este retraso es otorgar una margen temporal de adaptación a la nueva norma a los centros educativos a empresas e instituciones y no interferir en el desarrollo académico de los alumnos y futuros becarios. En contraposición, el real decreto ley amplía de dos a cinco años los convenios especiales para poder computar como cotizados periodos de prácticas realizados con anterioridad. En este sentido, fuentes de Seguridad Social explicaron que el real decreto incluye "una ampliación temporal de la vacatio legis de la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas.. Esta medida, acordada en el diálogo social y recogida en el último bloque de la reforma de pensiones, permitirá su inclusión en la Seguridad Social desde el primer momento de su vida profesional, independientemente de que las prácticas sean o no remuneradas".

Desade el Ministerio de José Luis Escrivá se insiste en que el coste para empresas e instituciones será "prácticamente cero, ya que se prevén bonificaciones del 95% al 97%. Dado que las prácticas formativas suelen hacerse en el segundo o tercer trimestre de los cursos, la nueva fecha aprobada no afectará negativamente a los alumnos y permitirá, además, facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos".

Este cambio supone un nuevo golpe para Yolanda Díaz, impulsora principal de este Estatuto rubricado con los sindicatos, que ya han mostrado su descontento con este cambio, pese a que el Ministerio asegura que se ha consensuado con ellos, "como el resto de la reforma". Fuentes de CC OO han criticado al Ejecutivo por "no cumplir el acuerdo en su conjunto" y por "cambiar las fechas en el último momento". El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de este sindicato, Carlos Bravo, ha espetado que la decisión del Consejo de Ministros supone un incumplimiento flagrante de los compromisos contraídos en el diálogo social y ratificados por las Cortes Generales". Para Bravo, la decisión del Ejecutivo "supone una cesión inaceptable a las presiones de las autoridades académicas, que de manera desgraciada y lamentable vienen intentando evitar este nuevo derecho por razones injustificables". De momento, Díaz, calla.

Los Ministerios de Universidades y de Educación, la Conferencia de Rectores, la de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes, la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue) mostraron su "rechazo frontal" desde el primer momento, que que estimaban que más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) podrían quedarse sin poder realizar prácticas y no finalizar sus estudios.