Probar la culpabilidad

A lo largo de la mañana de ayer continuaron los registros en las oficinas de Rodrigo Rato, siguiendo la investigación abierta por la Agencia Tributaria y la acusación de la Fiscalía de Madrid contra el ex ministro por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Como no podía ser de otra manera, la noticia de esta operación ha creado un gran revuelo mediático y político, ya que Rato es una persona que ha tenido un destacado papel en la vida pública española y la más alta responsabilidad en el FMI. Pero conviene no precipitarse ni sacar conclusiones atropelladas por encima de los hechos y de las salvaguardas que el Estado de Derecho dispone para todos los ciudadanos, más allá de su relevancia. En este punto, el Gobierno se ciñó ayer a la realidad y delimitó de forma adecuada el ámbito en el que se mueve la investigación sobre Rato. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que «estamos ante un asunto particular» al que le corresponde la investigación que se llevaría a cabo contra cualquier ciudadano, ya que las pesquisas que se están realizando no tienen que ver con «hechos relacionados con el cargo en el ámbito público». El caso no deber mirarse como un ejercicio de rentabilidad política a corto plazo, sino como el cumplimiento de un compromiso contra el fraude, con «independencia de que haya o no elecciones» o «afecten a un partido político», dijo Sáenz de Santamaría. La Justicia debe hacer su trabajo –el juez bloqueó ayer las cuentas del ex ministro– y el Gobierno debe actuar con absoluta independencia y firmeza. Pero sin perder de vista los principios básicos sobre los que gravita toda Justicia que se precie de tal. De todos ellos, el de la presunción de inocencia es capital. En un Estado de Derecho, nadie debe demostrar su inocencia, sino que es obligado probar la culpabilidad.

La sociedad española tiene muy asumido que los que han ocupado importantes responsabilidades públicas deben ser un ejemplo de comportamiento, incluso cuando se trata de negocios personales que nada tuviesen que ver con su anterior actividad política, pero no deben estar sometidos al reproche extrajudicial que supone la llamada «pena del telediario», convertida hoy en una disfunción deplorable de nuestro sistema.

La investigación abierta se inscribe en la política contra el fraude fiscal emprendida por el Gobierno. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no pudo expresarlo con más claridad tras el Consejo de Ministros: «La Ley es igual para todos». Sin duda es un principio que tiene consecuencias políticas, pero los principios o se defienden o acaban pasando factura. En estos momentos, lo importante es que las instituciones del Estado funcionen, actúen y sepan diferenciar lo que es la actividad profesional de un ex político de sus supuestas responsabilidades como ex ministro.