En 2022, el gobierno socialista de Pedro Sánchez cambió de arriba abajo el régimen de cotización de los trabajadores autónomos. Hasta entonces, cada autónomo podía elegir su base de cotización a la Seguridad Social; desde 2022, se le obliga a cotizar en función de sus “ingresos reales”. El resultado ya lo conocemos: una brutal y progresiva subida de cotizaciones que se prolongará, como mínimo, hasta 2031.

En medio de esa transformación jurídica, algunos vieron la oportunidad de rascar privilegios particulares. Me refiero a ciertos grupos minoritarios, pero bien organizados, de mutualistas. En España, varias profesiones colegiadas -como abogados o procuradores- disfrutan de una libertad que ojalá tuviéramos todos: la alternatividad a la Seguridad Social. Es decir, poder elegir entre cotizar al sistema público de reparto (RETA) o canalizar su ahorro previsional hacia una mutualidad privada de capitalización.

Esa mutualidad invierte el ahorro voluntariamente entregado por los colegiados en una cartera de renta fija y/o variable. La lógica de la capitalización es la autonomía y la responsabilidad personal: tanto ahorras y cómo lo inviertes, tanto tendrás mañana. Sin embargo, una parte de estos mutualistas que ahorraron poco y asumieron poco riesgo ha decidido ahora llorar ante el poder político para que el Estado les garantice una pensión más alta que aquella por la que realmente han contribuido. Reclaman ser trasladados retroactivamente al RETA “como si” hubieran cotizado siempre allí.

Eso ya sería, por sí solo, un nuevo expolio a costa de los futuros autónomos, cuyas cotizaciones deberían subir para financiar ese sobregasto sobrevenido. Pero el Partido Socialista ha ido más lejos: acepta el privilegio para esta minoría ruidosa a cambio de cargarse la alternatividad para todos. La proposición de ley que se tramita en el Congreso suprime, a partir de 2027, la libertad de los nuevos colegiados para elegir entre Seguridad Social y mutualidad: todos, obligatoriamente, al régimen público, en las pésimas condiciones diseñadas desde 2022.

Hoy, quien quiere cotizar al RETA ya puede hacerlo. Quien prefiere capitalizar su ahorro a través de la mutua, también. Eliminar la alternatividad no beneficia a nadie salvo al propio Estado, que gana control y recursos, y a una minoría de mutualistas que vende la libertad de todos a cambio de su pensión particular. Afortunadamente, han surgido organizaciones como Mutualistas por el Futuro que reclaman simplemente que se respete la libertad de elección de los profesionales colegiados.

Cuando se vote esta ley, PP, Vox, Junts o PNV deberán retratarse: o están con la libertad financiera de los profesionales colegiados, o están con el PSOE en su proyecto de ir clausurando, una a una, las pocas rendijas de autonomía que aún quedaban fuera del Estado.