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PSOE-Podemos: así será el Gobierno del déficit y los impuestos

Los equipos de Sánchez e Iglesias negocian los primeros pasos de un posible acuerdo programático. El partido morado se queja de la lentitud de los avances y de que sus propuestas económicas más populistas sean un freno para llegar a un pacto. En lo que ambos coinciden es en alcanzar la mayor presión fiscal de la historia

  • Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en uno de sus encuentros en La Moncloa
    Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en uno de sus encuentros en La Moncloa /

    Jesús G. Feria

Tiempo de lectura 8 min.

25 de junio de 2019. 13:48h

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Javier de Antonio 25/6/2019

El reloj de la investidura corre inexorable para Pedro Sánchez. El 21 de mayo se inició la XIII Legislatura con la votación de los presidentes y los miembros de las mesas del Congreso y el Senado. A partir de aquí, todo es ya especulación. El PSOE ganó las elecciones, pero su triunfo no le permite un Gobierno en solitario y deberá echar mano de las alianzas y los pactos. Combinaciones contra natura, condicionantes secretos y conflictivos compañeros de viaje marcarán la agenda de negociación de Pedro Sánchez.

Todo hace presagiar que su colaborador preferente será Podemos. Su mal resultado electoral no implica que no pueda poner duras condiciones a sus votos. Y será en el aspecto económico donde más influencia intentará ejercer el líder morado, y donde más puntos coincidentes pueden tener, ya que tanto Iglesias como Sánchez tienen claro el mismo objetivo: más gasto y mayor presión fiscal.

Pedro Sánchez seguirá adelante con la reforma fiscal que ya esbozó en su primer mandato. Y para llevarla a cabo tendrá que buscar nuevas vías de financiación con el objetivo de sanear las cuentas de la Seguridad Social e incrementar el gasto social, como prometió en campaña e incluyó en su fallido proyecto presupuestario para 2019. Todo apunta a que lo hará con un alza generalizado de impuestos, centrado principalmente en las rentas altas, la mayor presión sobre las grandes empresas y la banca, y con el incremento de los impuestos indirectos, sobre todo a través de los carburantes y las tasas verdes.

Esta estrategia tributaria, que deberá soportar este incremento del gasto público, quedó plasmada por el PSOE en su campaña electoral con tres medidas estrella: el establecimiento de medidas para erradicar la desigualdad social y la pobreza –como la renta mínima–, la revisión de la reforma laboral –pero derogando sólo sus aspectos más lesivos– y el incremento progresivo del salario mínimo desde los 900 euros actuales hasta la equiparación con los países más desarrollados de Europa.

No parece que con esos mimbres vaya a haber demasiados puntos de fricción con Podemos, aunque algunos de sus planteamientos morados más radicales y populistas pueden tensar la cuerda, tales como nacionalizar empresas y banca, expropiar viviendas o conceder una renta básica universal, que ya adelantaron en su programa electoral. Pero a estas pueden sumarse algunas más extremistas y que el PSOE difícilmente podría asumir, como el impago de la deuda pública; un mayor intervencionismo económico y sobre los precios –del mercado eléctrico, la vivienda o los alimentos–; intensificar la rigidez laboral y, por encima de todo, sumar el mayor incremento de gasto público e impuestos de la historia de España.

En este último punto coinciden al cien por cien ambas formaciones. Eso dispararía tanto la deuda como el déficit público, como ya ha pasado en las comunidades que gobernaron tanto socialistas como podemitas durante la última legislatura. En este sentido, el conjunto de las autonomías cerró el pasado ejercicio con un déficit equivalente al 0,23% del PIB, cumpliendo así el objetivo marcado del 0,4%. Sin embargo, estas cifras podrían haber acabado en positivo si las comunidades gobernadas por socialistas y morados –ya sea en solitario o en coalición–, hubieran cumplido con el límite de déficit. El agujero autonómico habría desaparecido en favor de un superávit. De las 10 comunidades que no cumplieron con el objetivo de déficit, siete son regiones gobernadas por la izquierda, y sólo en una de ellas, Asturias, se acabó con 13 millones en positivo. Y este déficit se ha incrementado por el dispendio excesivo que estos gobiernos han dedicado al gasto público. En apenas 20 años, ayuntamientos y autonomías han incrementado su gasto hasta situarlo en el 50% del total del Estado. El año pasado se gastaron 250.187 millones de euros, 180.768 millones las regiones y 69.419 millones las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares).

En diez años han tenido que endeudarse en 388.440 millones de euros, de los que 210.000 millones se han utilizado para enjugar los números rojos. De todo este montante, alrededor del 60% corresponde a comunidades en manos de la izquierda o de independentistas catalanes, que han tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y al de otros mecanismos de asistencia del Estado para evitar la quiebra.

Una de las banderas que han enarbolado siempre los partidos de izquierda, sobre todo Podemos, pero también el PSOE, es la defensa de una vivienda digna para todos los ciudadanos. Las dos ciudades más importantes de España, Madrid y Barcelona, han estado gobernadas hasta este mismo mes por partidos vinculados a Podemos, y en ninguno de los dos casos, los desahucios y los embargos ha descendido de forma apreciable. Al revés, en Barcelona incluso han ascendido. Tampoco han cumplido con sus promesas electorales. En el caso de Madrid, Manuela Carmena prometió, entre otras cosas, ampliar el parque de vivienda pública, limitar el precio del alquiler y favorecer éste con bonificaciones de impuestos, así como evitar que los fondos acumulen mucha vivienda. Nada de esto lo ha cumplido al cien por cien. Lo mismo que Ada Colau, que prometió 4.000 viviendas de VPO y acabar con los desahucios y no lo ha conseguido. Sólo en 2017, en la capital catalana se produjeron 2.519 desahucios, 2.139 por impago en el alquiler y 250 por embargos hipotecarios.

Una alianza entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al frente del Gobierno central podría revitalizar el triunvirato de los impuestos: Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. El PSOE pretende abordar en esta legislatura la postergada reforma del sistema de financiación regional y, entre otras medidas, pretende fijar un mínimo autonómico en estos tres impuestos, con el fin de equiparar las comunidades gobernadas por los socialistas –las que más gravan estos conceptos– con la «competencia fiscal» que ofrecen los territorios controlados por el centro-derecha. Los casos más flagrantes se producen en el impuesto de Sucesiones, ya que en comunidades como Andalucía –cuando era gobernada por el PSOE–, Asturias o Aragón la diferencia de tributación oscila hasta en un 90% por ciento con regiones como Madrid.

Y para poder financiar la batería de propuestas y planes sociales que para esta legislatura ha esbozado el Gobierno de Pedro Sánchez, el nivel de impuestos y cotizaciones se colocará a la cabeza histórica de mayor fiscalidad en España, alcanzada en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007. Tanto en su programa electoral como en sus presupuestos fallidos, Pedro Sánchez ya había adelantado su intención de aumentar la fiscalidad, y el Plan de Estabilidad lo confirmó. Su intención es que la presión fiscal pase del 35,1% al 37,3% del PIB, lo que supone un incremento de más de 26.000 millones de euros. Y no sólo lo hará con el aumento de las propuestas impositivas directas –Sociedades, Patrimonio, IRPF de las rentas más altas, tasa verde a los hidrocarburos y las tasas Google y Tobin, con las que espera un incremento de recaudación de 5.654 millones–, sino que el verdadero golpe al bolsillo lo hará en el apartado de impuestos indirectos. La previsión del Gobierno eleva a 99.847 millones de euros la recaudación en este apartado para este año, un 5,9% más que en 2018, que fue de 94.278 millones. Es decir, 5.569 millones. La mayor parte de esta recaudación corresponde al IVA, 73.712 millones, y el resto, 22.440 millones, proceden de impuestos especiales –alcohol, hidrocarburos, tabaco, electricidad y carbón, entre otros–. Sobre todos ellos destaca la recaudación de las gasolinas, que se eleva a 12.963 millones, 1.753 millones más que el año pasado.

La estimación de ingresos tributarios para 2019 es de 218.249 millones de euros, lo que supone un incremento de un 4,6% respecto a la recaudación del 2018. Los impuestos indirectos crecen a una tasa de un 5,9% –hasta los citados los 99.847 millones–, superior a la de los directos, que lo hacen a una tasa de un 3,4%, 116.283 millones de euros. Destaca especialmente la evolución de los Impuestos Especiales, que aceleran su tasa de evolución hasta el 9,3%, lo que supone unos ingresos de 22.440 millones. Este incremento está impulsado especialmente por el fuerte crecimiento del Impuesto sobre los Hidrocarburos, explicado por la inclusión dentro de la tarifa estatal la tarifa autonómica del impuesto, lo que llevará a pagar más en aquellas CC AA que no habían establecido el tipo autonómico máximo.El Ministerio de Economía contempla para 2019 un crecimiento del PIB nominal del 3,9%, superior al 3,6% de 2018, lo que confirma la idea de un crecimiento de la recaudación tributaria.

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