Puente cesará hoy al presunto «Alvarito» del Ministerio

El «caso Koldo» se ha cobrado una nueva pieza del dominó. El ministro de Transportes, Óscar Puente, decidió ayer prescindir del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, tras señalarle como responsable de haber tramitado la adquisición de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García. Una decisión que según fuentes gubernamentales tiene que ver «con la confirmación de los indicios judiciales» que le implican y por la «pérdida de confianza» en su gestión, a pesar de que reconocen que «no existe ninguna sospecha de corrupción» sobre su persona.

Puente quiere así marcar distancias con un Sánchez Manzanares que el juez de la Audiencia Nacional implica en una «relación directa y personal» con Koldo García y de quien la Guardia Civil sospecha que podría ser «Alvarito» –como se ha recogido en sus grabaciones de la investigación–, al que consideran fundamental para «ejercer su influencia» sobre el contrato que adjudicó Puertos del Estado en favor de Soluciones de Gestión y del empresario Víctor de Aldama, uno de los supuestos cabecillas de los imputados.

Puente, que abrirá a primera hora de hoy la puerta de salida del Ministerio a Sánchez Manzanares y la cerrará a cal y canto tras su marcha, ha tomado esta decisión tras confirmar en el auto judicial que, presuntamente, «participó en la adjudicación» del contrato y firmó la «declaración de usuario final», en la que se acordaba la contratación de las mascarillas.

Puertos del Estado, institución dependiente de Transportes, fue el primer ente público que concedió una adjudicación a esta empresa. Fue el 21 de marzo de 2020 y, raíz de ello, los investigadores creen que Adif, la siguiente en adjudicar a Soluciones de Gestión, pudo elegir esta empresa por los servicios que ya había prestado a Puertos del Estado.

El sumario también apunta que, además de la relación directa que mantenía con Koldo –al que conocía por ser vocal de su consejo rector–, Sánchez Manzanares sería el «interlocutor» de Aldama, al que se concedió «un pase especial» para moverse a su antojo por el Ministerio.

La Guardia Civil centra sus acusaciones en una llamada efectuada el pasado 2 de noviembre por el exasesor de Ábalos y que mantuvo con alguien a quien se refirió como «Alvarito» y que «en ese momento estaba haciendo uso de un terminal a nombre de Puertos del Estado», apunta el informe de la UCO. En dicha conversación, Koldo García le solicitó una cita para hacerle «una consulta política», que los investigadores interpretan que «su interlocutor podría ser un alto cargo político de este organismo». Algo que constatan el 7 de noviembre, cuando el dispositivo de localización instalado en la moto de Koldo García le ubicó durante 55 minutos en la avenida donde se encuentran las oficinas de Puertos del Estado, lo que la Guardia Civil interpreta que mantuvo un encuentro con su interlocutor.

En dicha conversación, el exasesor de Ábalos preguntó «qué tal» con el actual ministro y su interlocutor respondió: «Pues yo no le conozco, tío, para que me llegue a mí es muy difícil. No, pero el Ministerio va bien, lo ha montado bien». Aunque la UCO no ha podido demostrar que el contacto sea Sánchez Manzanares, sí explicita en su informe que «podría tratarse» de este alto cargo.

En un primer momento, la Guardia Civil barajó que la persona de contacto podría ser el actual presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez, pero lo descartaron ya que el 28 de noviembre, Koldo mencionó en otra conversación que esperaba que hiciesen a su interlocutor presidente de la institución, de modo que «no podía ser el que actualmente ocupa el cargo».

Precisamente ayer se ha conocido que la Agencia Tributaria (AEAT) advirtió en un informe elaborado sobre la trama del «caso Koldo» del pasado 2 de febrero de las «importantes contradicciones» entre la versión ofrecida por Puertos del Estado y la que dio Soluciones de Gestión. Mientras Puertos negaba conocer al presunto conseguidor Víctor de Aldama, la empresa aportó pruebas en las que señala que sí mantuvo una reunión con el ente público.