Infraestructuras
Puente ignora la denuncia de Bruselas de falta de independencia en Adif con el nombramiento del nuevo presidente
La Comisión Europea ha denunciado a España ante los tribunales por su injerencia en la compañía al designar a sus directivos y influir en la toma de decisiones
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha procedido en los últimos ocho días a destituir al que era presidente de Adif, Ángel Contreras, y a sustituirlo por el que era viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno vasco, Luis Pedro Marco de la Peña. Ambos movimientos, según el Ministerio de Transportes, forman parte de una reestructuración de la cúpula del administrador español de las infraestructuras ferroviarias impulsada por el departamento que nada tiene que ver con el escándalo de las mascarillas adquiridas durante la pandemia por Transportes y que salpican a Adif.
Puente, en realidad, no ha hecho nada que no hicieran sus predecesores en el cargo al cambiar al presidente de Adif. La diferencia es que, en su caso, lo ha hecho después de que España haya sido denunciada por la Comisión Europea precisamente por este tipo de prácticas en la compañía.
El pasado mes de octubre, el Ejecutivo comunitario anunció que había denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no garantizar la independencia del consejo de administración de Adif, puesto que el Estado, según la Comisión, tiene la capacidad de «ejercer una influencia decisiva» en sus decisiones.
A juicio de Bruselas, en la legislación española «no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de la empresa ferroviaria correspondiente». «Teniendo en cuenta la composición del consejo de administración, que es nombrado por el Ministerio de Transportes, el derecho del ministerio a poner fin al mandato de sus miembros y las normas relativas a la toma de decisiones, cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del Consejo de Administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes», según afirmó la Comisión.
Modificación
Tras la denuncia, el entonces Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aclaró sobre los consejos de administración de Adif y Adif-Alta Velocidad y de Renfe que «se encuentra en tramitación una modificación de los respectivos estatutos para reforzar su independencia de gestión respecto al Gobierno».
Desde el año 2018, la Comisión Europea vienen emplazando a España a que cumpla con la directiva para la creación de un «espacio europeo ferroviario común». Sin embargo, el Gobierno se ha ido dejando siempre cosas pendientes por el camino. A este respecto, la Comisión Europea también aseguró que había detectado otras deficiencias que están relacionadas con la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de empresas ferroviarias de acuerdo a principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.
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