Las pymes denuncian que «el Gobierno incumple el Estatuto de los Trabajadores con la subida del SMI»

Todo apunta a que el Gobierno volverá a elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) sin el apoyo de la patronal, que ha vuelto a acusar al Ejecutivo de utilizar este incremento como «un arma política, populista e intervencionista», incumpliendo el propio Estatuto de los Trabajadores. En concreto, Cepyme denuncia que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha eludido «sistemática y conscientemente» el cumplimiento del artículo 27.1, el citado Estatuto, cuyo texto indica que la decisión, «previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales», debe tener en cuenta «el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Nada de eso lo ha cumplido Yolanda Díaz desde que es ministra».

Fuentes de la patronal la acusan de no haber tenido en cuenta en los últimos cuatro años –en los que el SMI se ha elevado un 52%– «la difícil coyuntura económica, los crecientes costes financieros y unos costes laborales disparados». Según Cepyme, si se tiene en cuenta el impacto de las dos pagas extraordinarias, las cotizaciones sociales a cargo del empleador y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional–, el coste salarial mínimo mensual por cada trabajador que cobra el SMI se eleva entre 1.740 euros y 1.824 euros –según cual sea el tipo de cotización de accidentes de trabajo–.

Por tanto, el coste salarial efectivo por mes de trabajo está en un rango de entre 1.898 euros y 1.990 euros, teniendo en cuenta vacaciones. «Es decir, que el coste salarial efectivo mensual es entre un 67% y un 75% más alto que la cifra conocida del salario mínimo». Así, lo determina l último informe «Repercusión del SMI en la pyme española», presentado ayer por la patronal, que incide en que los incrementos del SMI de los dos últimos años han elevado loscostes laborales por trabajador un 19,3%.

En este sentido, han criticado la intención del Ejecutivo de elevar el SMI a 1.135 euros, lo que supondría un incremento del 57,6% desde 2018, alcanzando la cota del 61% del salario promedio neto de jornada completa. «Hay provincias en las que el SMI alcanza ya el 80% e incluso en 90% del salario medio. Por eso, no se puede elevar de forma generalizada sin tener en cuenta todas las variables. Hay formas de hacerlo, pero no interesan».

También abunda en que su incremento en los últimos años no responde a una mejora de la productividad, «sino al contrario». Entre 2018 y 2023, la productividad registró en España una caída del 3,8%, la mayor entre los países más avanzados, que tuvieron un incremento medio del 4,6%, lo que sitúa a España al mismo nivel que en 2015 y un 9,6% más bajo que en 2009. Por contra, el SMI ha subido un 52%, un incremento más de 30 puntos por encima de la evolución de los precios. «Las alzas deben siempre ir acompasadas de moderación y la marcha de la situación empresarial para no impactar en el empleo. De hecho, la subida del SMI ha impedido la creación de unos 163.000 empleos».