Empresarios

Las pymes estallan con un manifiesto durísimo contra el Gobierno y su política "intervencionista y persecutoria"

Cepyme llama a las empresas a una "defensa activa" frente al "hostigamiento" del Gobierno. Cuerva va más allá y acusa al Ejecutivo de seguir "tesis comunistas"

MADRID, 02/07/2024.-El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, este martes durante el desayuno informativo organizado por Forum Europa.-EFE/ Chema Moya
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuervachema MoyaAgencia EFE

"Queremos denunciar la situación de ataque que estamos sufriendo los empresarios, porque es injusta, porque lesiona nuestros legítimos derechos amparados en la Constitución y porque es objetivamente mala para nuestro país”. Así lo han espetado las pymes en la Asamblea General de Cepyme, en la que hicieron un llamamiento a la "defensa activa" frente al "hostigamiento" del Gobierno y en "defensa de la libertad de empresa" y contra la política "persecutoria e incriminatoria" contra el empresariado.

Alto y claro sonaron las palabras de las pequeñas y medianas empresas españolas -el 99,8% del tejido productivo y con cerca de 11 millones de empleos-, que han decidido soltar un sonoro "basta ya" a la injerencia gubernamental en la empresa. Así encabezó Cepyme el durísimo e histórico manifiesto contra el Gobierno durante su Asamblea, inaugurada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que han dado soporte a esta llamada de socorro empresarial transcrita en un manifiesto que intenta visibilizar las demandas que han hecho empresarios y organizaciones empresariales. "Sólo se podrá hacer frente a los ataques que sufrimos alzando la voz y levantando la cabeza con orgullo para reclamar nuestro papel protagonista en el crecimiento y el progreso de España, en la generación de innovación y, por supuesto, en la creación de empleo y en el sostenimiento de las políticas de bienestar. Nadie va a defendernos si no lo hacemos nosotros".

Cuerva ha cargado especialmente contra la última negociación de la reducción de la jornada, que es sólo "el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Lo cierto es que está demostrándose que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas. Negociar en estas condiciones resulta muy difícil, a veces hasta nos parece estéril, pero hay que seguir negociando".

Bajo el título 'Manifiesto de la pyme por la libertad de empresa', las patronales reclaman la defensa de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española. Dividido en siete bloques, las pymes claman por la dignidad empresarial; el cese del control y la sobrerregulación; el respeto a la negociación colectiva; la no intervención salarial; la flexibilidad interna y la no injerencia en los recursos de la empresa; cargas sociales y fiscalidad que no lastren la competitividad, y el respeto al diálogo social. "La sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador y un cambio de cultura que se está procurando sobre la figura del empresario basada en la persecución de los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios", clama el documento.

Para las pymes, el Gobierno debe poner fin a la aprobación de reformas que intervienen en el funcionamiento de la empresa y "hurtan" la flexibilidad necesaria para su desarrollo. "El Gobierno ha actuado unilateralmente, mediante la imposición coercitiva, ignorando y menospreciando el diálogo social, la interlocución entre trabajadores y empresarios que durante cinco décadas han remado juntos por la eficacia y el consenso; supone un retroceso hacia fórmulas pretéritas e ineficaces", advierte la organización empresarial.

También denuncia que la empresa ha dejado de ser vista como un actor fundamental de la sociedad para ser utilizada "como un instrumento de polarización política. La ganancia de rentabilidad y los beneficios son perseguidos y se ha promovido políticamente una desvirtuación de lo que es la actividad empresarial. En base a ella, el Gobierno demanda el control y la intervención de dicha actividad condicionando de forma decisiva la asignación de los recursos empresariales a partir de diagnósticos erróneos y basados en un estereotipado negativo del empresario".

La patronal de las pymes insta al Gobierno a renunciar a su política "persecutoria e incriminatoria" hacia el empresario. "El objetivo de las empresas es obtener beneficios. Y esto no debe avergonzarnos. Sólo las empresas con beneficios sobreviven y sólo las empresas con beneficios sólidos pueden invertir, aumentar sus plantillas e incrementar los salarios". Asimismo, critica el "goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones" adoptadas en los últimos años por la desconfianza hacia el cumplimiento de las normas por parte del empresario, así como "el alza continuada de cotizaciones sociales que se ha llevado a cabo" y el aumento de la carga fiscal sobre el empresariado.

La organización empresarial critica el "goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones" adoptadas en los últimos años por la desconfianza hacia el cumplimiento de las normas por parte del empresario, así como "el alza continuada de cotizaciones sociales que se ha llevado a cabo" y el aumento de la carga fiscal sobre el empresariado. "Actualmente, el único factor de corrección aplicado a la falta de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social es el aumento de cuotas", y recuerdan que las empresas aportan en España un 32,4% de la recaudación fiscal, frente a un 25,8% de media en la UE.

La patronal de las pymes reclama además que acabe "la tutela gubernamental" en la organización interna de las empresas. "La ordenación del tiempo del trabajo, la organización de la producción, su funcionamiento y la toma de decisiones son ámbitos privados de la empresa, cuya resolución sólo le corresponde a la propia empresa y a los trabajadores afectados". Cuerva ha insistido en que no pone en duda que "quien tiene la mayoría parlamentaria tiene la legitimidad de gobernar" y "quien tiene el BOE, tiene el poder", pero ha subrayado que "quien gobierna contras las pequeñas y medianas empresas y contra nuestra libertad, gobierna contra el progreso de España".