Rajoy sella con el PNV un pacto sobre Presupuestos a cambio de subir las pensiones con el IPC

El Gobierno dinamita su reforma de 2013 al permitir alzas vinculadas al IPC en 2018 y 2019, y aplazar a 2023 la introducción del factor de sostenibilidad, en vigor en 2019, a cambio del apoyo de los cinco diputados vascos .

El Gobierno mató ayer dos pájaros de un tiro. Tres, si contamos la dimisión de Cristina Cifuentes. El Ejecutivo logró el apoyo de los cinco diputados del PNV a los Presupuestos Generales del Estado a coste cero, políticamente hablando. Cierto es que el acuerdo supone claudicar en una de las reformas bandera del PP, la de las pensiones, defendida a capa y espada hasta hace casi dos días. Pero también lo es que con el acuerdo para volver a indexar el alza de las pensiones al IPC durante 2018 y 2019 –lo que supone una subida asegurada del 1,6% para todas y del 3% para las mínimas– y el aplazamiento a 2023 de la introducción del factor de sostenibilidad, la auténtica tijera que salió de la reforma de 2013 y que se iba a introducir el próximo año, se logran aplacar de raíz las protestas de los jubilados, uno de los caladeros de votos más importantes del PP a un año de las elecciones muncipales y autonómicas. Protestas, curiosamente, más beligerantes en el País Vasco, región donde sus jubilados cobran las pensiones más elevadas (un 23,5% superiores a la media) pese a tener uno de los mayores déficit entre ingresos por cotizaciones y gastos (-2.271 millones).

Ya lo advirtió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en su intervención matutina, poco antes de que el portavoz de la formación nacionalista vasca, Aitor Esteban, anunciara el trato para desbloquear la legislatura: las pensiones son cuestión del Estado y el déficit de la Seguridad Social importa, pero no tanto como para que se aplacen los presupuestos. «Las pensiones no están en peligro. Una cosa es que un subsector del sistema, como es la Seguridad Social, esté en déficit y otra que no se vayan a pagar. Ya tuvimos este problema en 1990 y por eso se creó el Pacto de Toledo, para sacar las pensiones del debate político. Claro que nos tiene que preocupar el déficit de la Seguridad Social, pero las pensiones se van a pagar en España porque no las garantiza la Seguridad Social, las garantiza el Estado», afirmó Montoro. Esta última frase del titular de Hacienda dejaba claro que la reforma de 2013, que priorizaba la salud de la Seguridad Social sobre el alza de las pensiones y suprimía su revalorización de acuerdo al IPC, era papel mojado. Vuelta a la casilla de salida, como reclamaba la oposición en bloque.

Más déficit para el sistema

La revalorización final pactada con el PNV costará cerca de 2.000 millones este año, unos 1.700 millones adicionales a los de la anterior revalorización, del 0,25%, que suponía un coste de 332,37 millones. Pero el acuerdo implica, además, dinamitar el actual índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). El índice aprobado por el Gobierno en la ley 23/2013 tenía en consideración variables económicas, como el crecimiento, la inflación o los ingresos por cotizaciones, pero siempre en relación a la salud del sistema de la Seguridad Social y no de forma aislada, con lo que el alza de los precios quedaba diluido. Su introducción permitía ajustar gradualmente los gastos a los ingresos del sistema, pero no garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo a los pensionistas pese a fijar una revalorización mínima anual del 0,25% y una máxima del IPC+0,5%.

El aplazamiento de la introducción del factor de sostenibilidad, que hubiera supuesto un recorte del 0,5% anual acumulativo revisable cada cinco años en función de la esperanza de vida, vuelve a dejar en manos del Pacto de Toledo las fórmulas para tratar de sanear las cuentas de la Seguridad Social ante el progresivo envejecimiento de la población.

Por último, el pacto que permitie la aprobación de los PGE pretende acelerar el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este año y al 60% en 2019. Según las previsiones del propio Gobierno, la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad supondría un incremento de la pensión inicial de un 1,92% en 2018 y de un 15,38% en 2019 y los años siguientes. El coste estimado para el sistema sería de 107 millones este año (restando los complementos de mínimos) y de 1.381 millones anuales a partir de 2019.