Récord de inspectores para el control de contratos de verano

La Inspección de Trabajo alcanzará los 2.728 funcionarios en 2020.

El Ministerio de Trabajo quiere echar el resto en su objetivo de acabar con el fraude laboral. Y para ello ha aumentado su plantilla de Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta los 2.055 efectivos, una cifra récord en la historia de esta institución, tras la incorporación esta semana de 47 nuevos inspectores. La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ya aprobó el pasado verano el Plan Director por el Trabajo Digno para el periodo 2018-2020 para luchar contra el fraude laboral, por el que la plantilla de inspectores se reforzaría con 833 nuevas plazas en cinco años, hasta alcanzar un incremento neto del 23%. Para este plan, el Gobierno ha destinado 30 millones de euros, 15 millones para este ejercicio y la otra mitad para el próximo año.

A estas 47 altas se unirán las nuevas incorporaciones que resulten de los procesos selectivos actualmente en marcha, con 353 plazas para los tres cuerpos de Inspección, además de 160 plazas de la Oferta de Empleo Público de 2019 y otras 160 que se prevén para 2020. En total, 2.728.

El Gobierno pretende aumentar aún más la presión en cuatro frentes primordiales: lucha contra el fraude en la contratación temporal, contra los abusos en los contratos a tiempo parcial, en el control de registro horario y en la comprobación del cumplimiento de salario mínimo. Tampoco perderán de vista la persecución del conocido como «falso autónomo».

La Inspección de Trabajo ha previsto intensificar su campaña de actuaciones de control en la contratación veraniega. Para ello, como ya ha hecho otros años, intensificará las visitas de inspección en horario especial –visitas sorpresa, horas nocturnas, fin de semana y festivos– para aflorar el trabajo no declarado.

Para ello, ha previsto refuerzos temporales de las plantillas de Baleares, Canarias y la costa mediterránea para incrementar sus actuaciones durante la temporada alta de turismo. Su intención es asegurar que la mano de obra empleada temporalmente ajuste sus contratos a las condiciones establecidas por la normativa laboral vigente.

«La Inspección debe mantenerse a la vanguardia de la defensa de los derechos laborales y de la protección social de las personas trabajadoras y a eliminar las incertidumbres en las nuevas formas de organización de trabajo», apuntó ayer Magdalena Valerio, en el acto de entrega de los diplomas acreditativos a los nuevos funcionarios, de los que dijo que son «un potente instrumento para que la justicia social sea una realidad en España».

La ministra en funciones aprovechó el acto para poner en valor los buenos resultados que está alcanzando el Plan Director por un Trabajo Digno, que ha permitido, junto a las actuaciones ordinarias de la Inspección, mejorar la calidad del empleo. Según los datos ofrecidos por la propia Valerio, 225.000 trabajadores consiguieron en 2018 regularizar su situación laboral, bien porque sus contratos temporales se hicieron indefinidos –un total de 193.146–, o porque aumentaron su jornada laboral.