La reducción de jornada sigue sin el aval empresarial pese a retrasar un año su entrada en vigor

La negociación por la reducción de jornada se enquista a cada paso, en medio de acusaciones de inmovilismo por todas las partes. Al término del encuentro celebrado esta tarde, los sindicatos denunciaron que está «estancada». Desde el Ministerio aún creen poder alcanzar un acuerdo y emplazan a las partes a otra reunión el 11 de octubre en la que Trabajo y sindicatos asumen el más que probable retraso de un año en la entrada en vigor de la medida, en caso de salir adelante.

Así lo ha revelado la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Mari Cruz Vicente, al término de una discusión que ha durado cuatro horas. Vicente ha indicado que la tramitación parlamentaria del proyecto hará que la reducción de jornada a 37,5 horas semanales se aplique ya para el año 2026, mientras que el tramo previo, el recorte desde las 40 horas actuales a las 38,5 horas, llegará para el año 2025, lo que supondría retrasar un año los planes del Gobierno.

"Por mucha prisa que nos demos en el proceso de negociación, falta un trámite parlamentario que, bueno, pues si conseguimos que sus señorías se pongan del lado de la ciudadanía y voten a favor de la reducción, será un trámite corto, pero también podemos situarnos en una posición distinta y el procedimiento puede ser un poquito más largo", ha reconocido.

En cualquier caso, el plan propuesto, que incluye bonificaciones para los nuevos empleos indefinidos que se generen como consecuencia de la reducción de jornada y un periodo de transición para completar ese tránsito hacia las 37,5 horas semanales y se ejecute correctamente el nuevo registro horario, sabe a poco o nada para la patronal. Para enturbiarlo todo aún más, Trabajo ni siquiera presentó con antelación su nueva propuesta para bonificar las contrataciones que hagan las pymes que reduzcan la jornada laboral.

Fuentes empresariales consultadas por LA RAZÓN consideran que tras la reunión de ayer la reducción de la jornada «no saldrá con su aval» en las actuales circunstancias, tras el rechazo unánime de la Comisión Laboral de la CEOE. La patronal estima que lo que hay sobre la mesa «ahonda en el intervencionismo de las relaciones laborales y desprecia la negociación colectiva» cuando en los sectores con mayor productividad ya se ha reducido de forma efectiva la jornada sin necesidad de regulación adicional.

Además, critican con dureza que Díaz pretenda convertir el SEPE en un organismo asesor de las pymes para la aplicación de la nueva jornada «cuando no coloca ni al 3% de los desempleados» y tachan el plan de ayuda planteado para las pequeñas y medianas empresas –las más afectadas– de «absolutamente impreciso» y que, «en realidad frena la creación de empleo».

Pero la más ancha de las líneas rojas tiene que ver con el «aumento desmesurado de los sobrecostes laborales, inasumibles para la mayoría de las pymes. Siguen sin entender que es imposible afrontarlo en muchos sectores». A esto se suma la intención de los empresarios de que se incluya un plan de choque contra el aumento disparado del absentismo laboral.

Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, lanzaron esta mañana sin tapujos un ultimátum: «Si la CEOE no cambia su actitud en la mesa de negociación a su bloqueo y a demorar injustificadamente las conversaciones, la negociación estaría agotada». Ambas organizaciones insisten en que «somos el país de la UE que más horas trabaja y uno de los países menos productivos. La productividad no se consigue con más presencia en las empresas. Se consigue mejorando el aparato productivo y las empresas invierten tecnológicamente en la medida en que les sale rentable y mientras les salga más rentable que las personas trabajen más horas en las condiciones que sean no lo van a hacer», apostilló Sordo.

Desde la patronal insisten en que los sindicatos se olvidan de que «no es simplemente la cuestión de reducir la horas, sino que son inasumibles los nuevos costes laborales y que hay sectores en los que rebajar las horas es certificar la muerte de miles de pequeñas empresas y dar carpetazo a la negociación colectiva».

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, presentó el pasado 9 de septiembre el «Plan pyme 375», que contiene medidas de apoyo a las pymes, con bonificaciones para el «empleo creado» para dar cumplimiento a la reducción de la jornada laboral, aunque aclaró que «más allá de supuestos vinculados a la sustitución o a la maternidad», dichas bonificaciones irán encaminadas al fomento de la contratación indefinida que derive de la reducción de jornada.

Pérez Rey también destacó que con este plan se va a «crear un sistema de acompañamiento a los pequeños empresarios para orientarles, para formarles, para asesorarles» mediante una red de orientación y empleo, financiada con los fondos europeos. Sin embargo, la patronal insiste en que este plan es «impreciso, que en sí mismo implica el reconocimiento de que sus continuos anuncios están frenando la creación de empleo» y «no soluciona los problemas». Y advierten: «Queremos normas claras y sin sorpresas, ya sabemos lo que pasa luego».