Las reformas del Gobierno ligadas al Plan de Recuperación son "decepcionantes", de "poca calidad legal" y "mal planteadas"

Unas reformas "decepcionantes", aprobadas con procedimientos de urgencia que "han repercutido negativamente en su calidad", "mal planteadas" y "vacías de contenido". Este es devastador informe presentado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre las reformas ligadas al Plan de Recuperación cuyas normas de tramitación apuntan en la «dirección contraria a la que sería deseable” o se quedan “cortas en el despliegue de medidas necesarias”.

El prestigioso "think tank" no deja títere con cabeza en el último número de su Boletín, cuyo tema principal es el análisis de estas reformas bajo el título "Seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación", firmado por Ángel de la Fuente. En él advierte de que en los últimos dos años y medio se han aprobado numerosas normas legales, que han sido tramitadas de forma apresurada para intentar cumplir con el calendario previsto -salvo en el caso de la segunda parte de la reforma de las pensiones-, lo que ha provocado "una utilización excesiva de procedimientos de urgencia que pueden haber repercutido negativamente sobre su calidad".

Y De la Fuente apunta en dos direcciones, correspondientes a las normas "más paradigmáticas y preocupantes", porque han concluido como reformas nacidas fallidas y "mal planteadas": la reforma de las pensiones y la Ley de Vivienda. Sobre la primera apunta que ha tenido el "efecto contrario" de los que se esperaba y no ha cumplido con uno de sus principales objetivos, ya que "no se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema" al introducir varias disposiciones que pondrán una "fuerte presión al alza sobre el gasto sin acompañarlas de medidas compensatorias adecuadas". Y centra sus críticas en la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que obligará "más pronto que tarde a subir las cotizaciones sociales", por lo que el efecto previsible de la reforma será "un fuerte incremento del déficit básico del sistema de pensiones durante las próximas décadas cuya financiación absorberá buena parte de los ingresos tributarios del Estado", lo que dejará "poco margen para otras prioridades de gasto e inversión".

En ausencia de medidas correctivas, el déficit del sistema de pensiones sería de 4,4 puntos de PIB durante 2022-50 y alcanzaría los 6,3 puntos en 2050, por lo que esta brecha absorbería casi el 40% de los ingresos tributarios netos del Estado (excluyendo las participaciones de las Administraciones Territoriales), y llegaría a superar el 50% en 2050. Con estas cifras, el gasto medio en pensiones entre ahora y 2050 se iría por encima del 15% del PIB y los ingresos incrementales durante el mismo periodo no superarían el 1%, lo que provocaría la activación inmediata del MEI, exigiendo un incremento de los tipos de cotización de entre 3 y 4 puntos. El ajuste dejaría al sistema público de pensiones con un déficit básico todavía muy importante, un 3,2% del PIB entre 2022 y 2050 y en torno al 5% en 2050.

En cuanto a la Ley de Vivienda, apunta que ha buscado paliar el problema de escasez de oferta en el mercado inmobiliario, pero que la consecuencia será la contraria ya que "contribuirá seguramente a agravar el problema" porque "reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad".

El estudio repasa también otras dos normas en tramitación que son buenos ejemplos de las limitaciones de buena parte de la reciente ronda de reformas: Ley de Función Pública y la Ley de Familias. Sobre la norma de los funcionarios, el texto reconoce que ha desarrollado "algunas innovaciones" ya esbozadas en el Estatuto Básico del Empleado Público, que podrían "ayudar a mejorar la eficacia y eficiencia de la administración pública" mediante la "profesionalización de sus directivos y la mejora de las herramientas de las que estos disponen" para "incentivar el buen desempeño del personal" y "desplegar los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades del servicio".

Sin embargo, la norma no ha cumplido con las expectativas y se ha viciado al mismo ritmo de los cambios introducidos al texto original del anteproyecto, al desvirtuar "el papel de las nuevas evaluaciones de desempeño", que ha levantado en armas a los estamentos superiores de la Administración tras denunciar que el Gobierno ha abierto la puerta a los nombramientos a dedo y a los ascensos sin méritos. Junto a ello, también critican que se hayan introducido "elementos de rigidez que tendrán efectos contrarios a los supuestamente buscados", como la exigencia de pactar por adelantado con los sindicatos cuestiones clave para el buen funcionamiento de las administraciones. A ello se une

Respecto a la Ley de Familias, Fedea asegura que el balance es "más positivo" tras introducir una "bienvenida actualización del concepto de familia para adecuarlo a la cambiante realidad social" y, en coherencia, "extiende algunas ayudas antes restringidas a familias numerosas o parejas casadas a nuevos beneficiarios". Pero también ve aspectos negativos por alargar "innecesariamente" con "un voluntarioso catálogo de buenos propósitos que, en muchos casos, carecen de contenido o resultan redundantes por tratarse de derechos ya garantizados en otras normas vigentes". En este sentido, apunta el texto que la norma se limita "en muchos casos a identificar una serie de situaciones familiares que se consideran merecedoras de un apoyo especial y a instar a las Administraciones Públicas a establecer las medidas pertinentes de acuerdo con las necesidades de cada tipo de familia".