Reyal Urbis deja al Estado un agujero de 1.400 millones

Gigante con pies de barro como Martinsa-Fadesa, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha arrastrado a Reyal Urbis al mismo destino que a la inmobiliaria que levantó Fernando Martín: el concurso de acreedores.

Gigante con pies de barro como Martinsa-Fadesa, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha arrastrado a Reyal Urbis al mismo destino que a la inmobiliaria que levantó Fernando Martín: el concurso de acreedores. Incapaz de alcanzar un acuerdo con sus acreedores para refinanciar 2.300 millones de euros de su deuda, la compañía que preside Rafael Santamaría anunció ayer la declaración del segundo mayor concurso de acreedores de la historia de España con un pasivo de cerca de 4.400 millones –de ellos, 3.613 de deuda financiera–, sólo superado por la de Martinsa, que se acogió a la suspensión de pagos con una deuda de más de 7.000 millones de euros.

Aunque el plazo para renegociar la deuda finalizaba el próximo sábado, los acontecimientos se precipitaron el lunes, cuando la dirección de la compañía se reunió de urgencia con la banca acreedora para lograr 30 millones de liquidez adicional para hacer frente a pagos de proveedores y a los intereses de la deuda contraída con la Agencia Tributaria, así como un embargo de 5 millones de euros de las cuentas de Reyal para liquidar minutas derivadas de pleitos. En el encuentro, la banca , como hizo en la reunión previa del jueves, rechazó la nueva petición de la compañía, que, ante la imposibilidad de alcanzar acuerdo alguno con sus acreedores, optó por solicitar el concurso voluntario de acreedores. «Las entidades ya estaban bastante hartas y algunas acudieron a la reunión con la clara idea de no dar más tiempo a la inmobiliaria», explican fuentes conocedoras de las negociaciones.

La compañía ha preferido adelantarse y solicitar el concurso de acreedores de forma voluntaria antes de que alguno de sus acreedores lo forzara. La diferencia entre ambas opciones es notable. Mientras que los gestores de una empresa pueden seguir al frente de su gestión si son ellos los que solicitan el concurso sometidos sólo a la supervisión de un administrador, en el caso de que el concurso sea forzoso serían reemplazados por un administrador concursal y perderían el control de la empresa.

Según explicaron fuentes de la compañía, el complejo comercial Castellana 200, emplazado en el céntrico paseo de Madrid, no está incluido en el concurso. El recinto lo gestiona Complejo Inmobiliario Castellana 200, una sociedad de propósito específico en la que Reyal controla el 93% del capital pero en la que la banca dispone del 51% del derecho de voto. Tampoco se verá afectada su división hotelera, que gestiona ocho establecimientos. La compañía no tiene previsto de momento realizar ningún ajuste de personal, pues ya ha realizado «un importante esfuerzo en los últimos años» en este aspecto, según explicaron fuentes de la misma a Ep.

La caída de Reyal se daba por descontada en el sector después de que el pasado jueves la banca acreedora dijera no a su última propuesta para refinanciar su pasivo. El plan proponía que las entidades financieras liberasen las garantías que tienen sobre una serie de activos para que la inmobiliaria pudiera venderlos y, de esta forma, obtener la liquidez necesaria para seguir operando. Anteriormente, también había propuesto, sin éxito, segregar a una filial activos de suelo y promociones ligados a un préstamo sindicatos de unos 2.000 millones de euros para ponerlos en valor y venderlos después.

Las deudas

Aunque el listado de acreedores de la inmobiliaria es amplio, el principal damnificado por su suspensión de pagos es el Estado, al que adeuda más de 1.300 millones de euros. Reyal debe 707 millones de euros a la Sareb, el «banco malo» creado por el Gobierno para limpiar de activos tóxicos los balances de las entidades nacionalizadas. Además, tiene deudas contraídas con Hacienda por valor de 400 millones de euros y otros 215 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Junto al Estado, el principal acreedor es el Grupo Santander, con un pasivo de 530 millones de euros, al que es preciso sumar gran parte de la deuda de unos 300 millones que soporta Inveryal, una sociedad patrimonial de Rafael Santamaría. El fondo Appaloosa, que ha comprado la deuda que tenía Barclays, también tiene pendientes de cobro otros 406 millones de euros.

Frente a estas deudas, y según los últimos datos aportados en junio por la compañía de valoraciones independientes, los activos de Reyal Urbis están valorados en 4.194 millones de euros.

Nada más anunciar la solicitud del concurso, la CNMV suspendió la cotización de la inmobiliaria en Bolsa. Al cierre de la sesión del lunes, cada uno de sus títulos valía apenas 12 céntimos. Hace dos años, sus acciones se cambiaban a 1,12 euros cada una.