El Gobierno recula tras las amenazas de las energéticas y se plantea suprimir el "impuestazo"

Las advertencias de las energéticas, en especial los últimos comentarios de Repsol sopesando redireccionar sus inversiones fuera de España si el Gobierno mantiene el "impuestazo" sobre los beneficios de estas compañías, y de la propia Comisión Europea, cuestionando la justificación del impuesto sobre presuntos beneficios extraordinarios ya no es tal, parece haber surgido efecto y el Gobierno se plantea ya recular.

El contexto de los precios de la energía en los mercados, mucho más estabilizado tras el chaparrón que supuso la invasión rusa de Ucrania y la parcial ruptura de la UE con Moscú, puede favorecer que el Gobierno se replantee el impuesto que grava temporalmente los llamados "beneficios extraordinarios" derivados del incremento de los precios de la energía. La justificación, ahora, es que no se pueden perder las grandes inversiones que requiere la transición energética, aunque el tirón de orejas de Bruselas y las advertencias de las grandes energéticas, que tienen recurrido el impuesto, han alertado al Ejecutivo.

"Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa", ha indicado a la agencia Efe la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Dubái, donde participa en la Cumbre del Clima COP28.

Ribera considera ahora que "es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético" y que cuanto antes se logre hacer esa transición, "más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía", ha dicho.

"Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir" para evitar que "unos ganen mucho" y todos paguen más. "Y cómo puede usted -compañía energética- puede asegurar que mantiene o acrecienta esa reinversión".

"Estamos analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto", ha señalado, siempre con la vista puesta en que el cambio sea un proceso ágil, pero también "justo" desde el punto de vista de "reparto de beneficios y costes".

Cada euro invertido en transición energética, en eficiencia, en renovables o en descarbonización del sistema es un coste en el que no se incurrirá mañana "y son reducciones de importaciones en la balanza comercial, son beneficios inmediatos" y, por lo tanto, "cuanto antes mejor".

Un sistema fiscal, ha insistido, debe ser esencialmente justo y "si hay un incremento importante de los beneficios de las ganancias eso requiere una reacción".

En relación con la posibilidad de ampliar las medidas aprobadas para paliar los efectos de la crisis energética sobre las familias que vencen a fin de año, Ribera ha considerado "capital" garantizar la cobertura de los consumidores más vulnerables por renta.

En lo que respecta al resto de ciudadanos al que se ampliaron las ayudas (clase media), habrá que ver si las medidas "tienen todas sentido o si hay aspectos que se pueden ir modulando". "Ese es un ejercicio que estamos haciendo a nivel técnico entre los distintos ministerios", ha añadido.