Riesgos de la marcha atrás

Dar marcha atrás siempre atañe algún tipo de riesgo. Máxime, en materia laboral, donde la reforma de 2012 comienza a dar sus frutos. Si bien es necesario perseverar en las medidas emprendidas para que surtan más efectos, cualquier intento de derogarlas podría tener nefastas consecuencias sobre un mercado de trabajo todavía castigado. Los resultados de las urnas, tras el próximo 20 de diciembre, serán cruciales para ahondar en el impulso reformista o dejarlo de lado, aun a sabiendas de los peligros relacionados.

Prácticamente se trata de la única reforma estructural que se ha acometido a lo largo de la legislatura, transformando todo el sistema laboral y modernizándolo para que las negociaciones se lleven a cabo empresa por empresa, atendiendo a sus circunstancias y no a los intereses de lobbies sindicales o patronales. Javier Santacruz, profesor del IEB, asegura que permitir que los salarios se ajustaran a la realidad de cada compañía fue la clave para detener la destrucción de empleo y empezar a estabilizar el mercado. «Si echamos marcha atrás, volveremos a las viejas rigideces».

Abandonar las reformas en el ámbito laboral encarecería «una contratación que sigue siendo cara, no tanto por el coste monetario sino por la enorme burocracia que perdura en el mercado de trabajo». Santacruz piensa que los resultados electorales serán totalmente claves, ya que de ellos depende que la recuperación económica española sea más o menos sólida.

«Cuánto menores sean los costes del despido, menores serán los de la contratación». En España sale muy costoso contratar y algo más barato despedir, hecho que, según los economistas consultados, debe corregirse. Y no precisamente subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social. Rafael Pampillón afirma que las cotizaciones sociales que se pagan en nuestro país son de las más altas de Europa y que las empresas no contratan a más gente porque «el trabajo en España es muy caro». El profesor del IE Business School y catedrático de la Universidad CEU San Pablo insta a continuar con el impulso reformista, y piensa que para que las empresas puedan proseguir con su actividad, «es importantísimo reducir todos los trámites administrativos para que haya unidad de mercado y para que las compañías no tengan que pedir permiso constantemente para trabajar en una comunidad donde no estén instaladas».

Vuelta de tuerca

Lejos de abandonar el impulso reformista, los expertos creen que el mercado laboral español requiere una vuelta de tuerca con una segunda reforma orientada hacia un modelo de contrato único. O, dicho de otra forma, lograr una simplificación extraordinaria de la burocracia y de los costes de la contratación para reducir la brecha entre trabajadores indefinidos a tiempo completo y el resto, que son la mayoría, tanto temporales como a tiempo parcial. Santacruz sostiene que el contrato único supondría que todos los empleados y empresarios se rigieran por las mismas reglas, lo que haría desaparecer buena parte de la incertidumbre y otorgaría poder a los que puedan sentirse indefensos con una solución de arbitraje rápida y eficaz. Pampillón, por su parte, también aboga por unificar los tipos de contratos. Y alerta de que subir el salario mínimo, como proponen algunos partidos políticos, «es mortal. Establecer sueldos mínimos genera desempleo. Los salarios deben subirse con la productividad, de forma individual. Los sueldos tienen que ser variables en función de la productividad de cada uno. No puede haber congelación para todos, ni subidas o bajadas generalizadas».

La reforma laboral ha permitido que los acuerdos salariales se alcancen a nivel de empresa, lo que ha logrado moderar los costes laborales. Esto ha avivado la competitividad de la economía y ha ayudado a aumentar de forma espectacular las exportaciones de bienes y servicios. Pampillón destaca que este Gobierno, quizás inconscientemente, ha conseguido que España tenga un modelo productivo distinto, con una mayor apertura al exterior. De hecho, las exportaciones de bienes y servicios han pasado del 24% del PIB en 2008 hasta el 35% en 2015. «Este año vamos a llegar a los 250.000 millones de euros en exportaciones de bienes, una cifra mágica».

Aunque admite que fue necesaria, la tacha de incompleta porque «se limita a hacer reformas políticamente correctas». Al profesor del IE Business School le parece que dos años de prestaciones por desempleo es una barbaridad. Sin embargo, reconoce que el plan de pago de proveedores de las comunidades autónomas, que ha refinanciado las empresas y ha reducido su deuda, fue una buena medida. Asimismo, una mayor flexibilidad es sinónimo de una mayor competitividad. Y Pampillón resalta que España ha incrementado sus exportaciones de bienes y servicios gracias a la mejora competitiva lograda a raíz de la reducción de los costes laborales.