La salida de Ferrovial marca un precedente y los empresarios avisan: «Hay vida sin España»

El pasado 28 de febrero se anunciaba el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos. Con este terremoto se consumaban los presagios que anunciaban la respuesta empresarial a los continuos ataques del Gobierno presidido por Pedro Sánchez a sectores estratégicos como la energía o la banca, muy intensivos en términos tributarios y de empleo.

La noticia sacó ampollas en La Moncloa, que contraatacó con descalificaciones a la familia Del Pino, una de las grandes fortunas del país, acusándola de «falta de patriotismo» por sacar de España "por motivos fiscales" a una empresa establecida en nuestro país desde 1952.

Sin embargo, las explicaciones de Ferrovial eran bien distintas y han sido replicadas desde entonces por muchas otras multinacionales españoles: la creciente inseguridad jurídica y el mayoritario negocio exterior, que permite a muchas de las cotizadas en el Ibex 35 asegurar en confianza que «pueden vivir sin España».

Medio año después, la acción de Ferrovial cotiza en máximos tanto en Madrid como en Ámsterdam, espoleada por la venta de su 25% en el aeropuerto londinense de Heathrow por 2.736 millones de euros tras 17 años en su capital.

Una venta jugosa que implica plusvalías «limpias» pues están exentas de tributar en Holanda, algo que de haber tenido la sede en España le hubiera supuesto un pago cercano a los 35 millones de euros. Ferrovial sigue enfocado en Estados Unidos, donde espera debutar en Wall Street en el primer trimestre de 2024, cumpliendo así uno de los hitos que motivaron su traslado a Países Bajos, y sigue ampliando su cartera de negocios, con concesiones de autopistas, así como la nueva Terminal 1 del aeropuerto JFK, a donde podrían destinarse parte de los fondos provenientes de Heathrow.

El órdago lanzado por Rafael del Pino espoleó a otros grandes empresarios, cansados de los ataques directos de los miembros de la extrema izquierda del anterior Ejecutivo, con el silencio cómplice de Pedro Sánchez y sus ministros.

Antes incluso, en enero pasado, el presidente de Mercadona, Juan Roig, había respondido a la por entonces ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra que lo acusó de ser un «capitalista despiadado. «Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro: son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies», había dicho Belarra en un acto de la hoy menguante formación morada.

En plena escalada de los precios de los alimentos, Roig, uno de los mayores empleadores de España, pasaba a engrosar la lista de grandes empresarios en la diana de Podemos, junto a Amancio Ortega, Ana Botín, Ignacio Galán, Florentino Pérez o a grupos como El Corte Inglés, responsables todos ellos de dar trabajo a más de seis millones de personas, el 36,19 de los trabajadores asalariados –no autónomos–, pese a representar sólo el 0,18% del tejido empresarial español.

La salida de Podemos del Ejecutivo y el respaldo al mismo de partidos conservadores, como el PNV, han moderado el discurso antiempresarial, al menos por el momento, aunque las pullas de Yolanda Díaz sigan latentes.