
Telecomunicaciones
Sánchez asalta a Telefónica
El Gobierno ha colocado al frente de la compañía a Marc Murtra, cercano al Partido Socialista de Cataluña, socavando la autonomía de la principal operadora de telecomunicaciones

La entrada del Estado en el accionariado de Telefónica, justificada en su momento como una respuesta a la inversión del Estado saudí, ha terminado evidenciando los temores que muchos anticipamos: la progresiva instrumentalización política de una de las principales empresas de telecomunicaciones de España. En un primer momento, el gobierno socialista, a través de la SEPI, exigió un asiento en el Consejo de Administración de Telefónica, que recayó en Carlos Ocaña, exsecretario de Hacienda con José Luis Rodríguez Zapatero. Lejos de conformarse con esa posición, el Ejecutivo de Sánchez ha impuesto finalmente el cese de José María Álvarez-Pallete para colocar al frente de la compañía a Marc Murtra, una figura históricamente cercana al Partido Socialista de Cataluña.
Las consecuencias de esta apropiación son muy preocupantes. Por un lado, se socava la autonomía de la principal operadora de telecomunicaciones, lo que podría entorpecer investigaciones judiciales delicadas —por ejemplo, la solicitud del Tribunal Supremo para acceder al registro de llamadas del fiscal general del Estado— en la medida en que el Gobierno influya en la respuesta de Telefónica. Por otro lado, también afecta a la producción de contenidos audiovisuales, ya sea a través de Movistar+ o de las empresas en las que se publicita Telefónica: basta observar lo que ocurre con Radiotelevisión Española para temer que la producción audiovisual de Telefónica termine siguiendo una línea editorial marcada por el PSOE.
En última instancia, el control gubernamental sobre empresas teóricamente privadas atenta contra la libertad de los ciudadanos. En una sociedad plural, existen contrapoderes capaces de limitar los excesos del Gobierno. Las empresas, dentro de su ámbito de propiedad, deberían decidir con autonomía, basándose en criterios de rentabilidad y servicio al cliente, no en los designios políticos de turno. Sin embargo, el creciente intervencionismo del Ejecutivo, en este caso a través de la SEPI, diluye esa libertad empresarial y la convierte en un mero apéndice del poder político.
La conclusión es clara: el Estado no debería participar en el accionariado de compañías privadas. Al igual que no debería poseer medios de comunicación estatales, tampoco debería comprarse empresas privadas con el dinero de todos los contribuyentes.
✕
Accede a tu cuenta para comentar