El Gobierno de Sánchez está acabando con la clase media, asfixiándola poco a poco, empobreciéndola. El sector público en general, y el gobernado por los intervencionistas, en particular, no deja de adoptar constantemente medidas de gasto público, donde se otorgan subvenciones, se compensan gastos de los agentes económicos y se priman unas u otras decisiones de los mismos.

Con Sánchez ha alcanzado cotas inimaginables que aniquila a la clase media -que, por cierto, trata magníficamente Ana Samboal en su nuevo libro «El final de la clase media»-: un elevado intervencionismo en el mercado, más gasto público y la perseveración en la aniquilación de la economía productiva y de la valía de las personas a través de una suerte de subsidio permanente, extendido a múltiples actuaciones y ni siquiera limitado, en muchos casos, por razón de necesidad, pagado todo con unos impuestos insoportables y confiscatorios con los que abrasan a los ciudadanos.

Al final, tras tanta subvención, siempre terminan pagando los mismos más y más impuestos

Gasto, déficit y deuda y, sobre todo, una apuesta decidida por una economía subsidiada sólo puede conducirnos a acentuar la destrucción del tejido productivo y, con ello, de millones de puestos de trabajo, dejando a trabajadores y empresarios sin cobertura alguna, y a destruir, así, la prosperidad labrada por los ciudadanos, convirtiendo a nuestra sociedad en un ente pobre y subvencionado, incapaz de prosperar, con grave perjuicio a la clase media, especialmente en materia de vivienda, con lo que afecta más todavía a los jóvenes de ese nivel de renta.

En este proceso, como ese gasto hay que pagarlo, porque no es gratis -nada es gratis-, lo financia el sufrido contribuyente. De esa manera, opera la redistribución de la renta, pero, ¿cuántas veces?

Si una persona obtiene menos ingresos, paga menos impuestos que otra con más ingresos, dentro del sistema progresivo de impuestos que tenemos. Por tanto, la persona con menos ingresos contribuye menos a la solidaridad para con los demás. Además, la primera persona puede optar a subvenciones diversas por sus menores ingresos, en relación con lo anterior. Del mismo modo, puede optar a una vivienda de protección oficial, sufragada en sus ayudas con los impuestos de los contribuyentes. Muchos de los ciudadanos que financian con sus impuestos esa subvención a la vivienda no pueden optar a ella y tienen que ir al mercado. Sin embargo, pese a poseer más renta que los beneficiarios de una vivienda con ayudas públicas, no es un nivel suficiente de renta para poder comprar una vivienda en el mercado, o el precio que tienen que pagar por ella es tan elevado que les deja una renta disponible menor que quienes ingresan menos renta. Es decir, una diferencia de 30.000 euros brutos en su salario hace que los ciudadanos que tienen esa mayor renta de esos miles de euros tengan que pagar en el mercado el doble por una vivienda similar, lo cual supone una total injusticia.

Esta política económica del subsidio está destrozando a la economía española

Y así, con todo, ya sea inversiones arriesgadas que tienen que cubrir los contribuyentes con sus impuestos por la mala cabeza de otros agentes económicos, ya sea el coste energético por el dogma absurdo del Gobierno. Es una redistribución permanente, infinita, para pagar un nivel de gasto innecesario en una gran mayoría de rúbricas, porque, además, con esa política del subsidio, ponen en peligro los servicios esenciales que hay que prestar al distraer el dinero en otras medidas populistas y clientelares innecesarias.

Al final, tras tanta subvención, siempre terminan pagando los mismos más y más impuestos, en esa redistribución infinita de la renta, de manera que, en muchos casos, pueden terminar contando con una mayor renta disponible muchos de los beneficiarios de tanta subvención frente a quienes por tener una renta de partida mayor sufragan las subvenciones, quedando, después del reparto, más pobres que los primeros en muchos casos. Esto es desincentivador para el trabajo y para el esfuerzo, que lastra la economía, además de la clara injusticia que supone esta redistribución infinita de la renta.

Esta política económica del subsidio, está destrozando a la economía española, a su estructura, restándole valor añadido, perdiendo capital humano, pues el más valioso se marcha cada vez en mayor número, y generando un marco de actividad económica de empleos poco cualificados, de escasa calidad y de poca potencia para impulsar de manera sostenible a la economía en el medio y largo plazo. Es la aniquilación de la prosperidad española sin que nadie parezca darse cuenta, que se refleja, en muchos casos también, en lo que a veces parece que empieza a ser un Estado fallido, donde todo empieza a no funcionar. La destrucción de la clase media es el triste legado económico de Sánchez.