Sánchez dispara los impuestos al récord histórico

El Gobierno sacará del bolsillo de los españoles 26.500 millones de euros más en la nueva legislatura. Justo después de las elecciones y tras pasar de puntillas en la campaña electoral, anuncia a la UE un alza de la presión fiscal hasta su mayor nivel.

Apenas habían pasado 48 horas desde el cierre de las urnas y sobre la mesa de la Unión Europea ya figuraba un plan fiscal para España del que nada se había oído comentar a Pedro Sánchez en campaña. Nada durante la infinidad de actos y apariciones públicas (dos debates incluidos) en las semanas previas a las elecciones generales del pasado 28 de abril: un nivel de presión fiscal sobre los contribuyentes nunca antes visto en la historia.

En la actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas, el Gobierno socialista contempla disparar en la próxima legislatura el nivel de impuestos y cotizaciones en más de dos puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB). En euros contantes y sonantes, 26.500 millones de euros más de aquí a 2022 que saldrán de los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas españolas para acabar en las arcas públicas. Este es el resultado de incrementar la presión fiscal (ingresos tributarios respecto al PIB) del 35,1% en el que cerró 2018 hasta el 37,3% que prevé Moncloa en 2022. Este nivel superará al anterior récord, marcado por otro Gobierno socialista en 2007. En pleno boom inmobiliario y justo antes del estallido de la burbuja, José Luis Rodríguez Zapatero elevó la presión fiscal de España hasta el 37%, tras haberla recogido en el 34%. Después, la crisis hundiría la economía y con ello la actividad, recortando drásticamente los ingresos tributarios y dejando la cifra en apenas un 30,5% en 2009, un nivel no visto desde 1988.

Ni rastro en el programa

Eso sí, en las 300 páginas del programa electoral con el que el PSOE ganó las pasadas elecciones no aparecía ni una sola cifra o mención a esos 26.500 millones de euros o a ninguna otra subida fiscal. Nada concreto, tan sólo una serie de frases ambiguas en las que aparecen términos como «adaptar la fiscalidad» o «armonización a nivel europeo». El punto más «concreto» tan sólo señala que «se reforzará la progresividad del sistema fiscal en línea con los países de nuestro entorno, convergiendo paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión Europea, incrementando la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios, y mejorando la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo, al tiempo que se reduce la carga fiscal soportada por las pymes».

Aunque esos 26.500 millones de aumento de la presión fiscal también se ven influenciados por la actividad económica (y por extensión de la recaudación), tal incremento no puede explicarse por sí solo por esta razón sin una fuerte subida de impuestos por medio. En este sentido, dos de cada tres euros del alza recaudatoria del año que viene procederán de subidas impositivas. De hecho, pese a la espectacularidad del dato, los fallidos Presupuestos Generales del Estado de 2019 de Sánchez preveían ya una batería de subidas fiscales con un impacto de más de 8.000 millones, anticipo de lo que ahora se avecina.

Un «hachazo» tributario que perjudicaba sobre todo a las empresas (grandes y pequeñas), que debían cargar con tres cuartas partes de la subida, unos 6.200 millones de euros más cada año. Aunque desde el Gobierno han repetido hasta la saciedad que su objetivo es que sean las grandes corporaciones las que contribuyan más, lo cierto es que buena parte de esas medidas afectan también a pymes: subida de las bases máximas de cotización (850 millones), aumento del salario mínimo (600 millones para las empresas y 1.000 para los autónomos), Sociedades (1.776 millones), diésel (670 millones) etc. Pese a las subidas tributarias, la Seguridad Social cerrará este año con un desfase de 17.088 millones.

A esto se sumaban los nuevos impuestos a los servicios digitales (tasa Google) y a las transacciones financieras (tasa Tobin). Subidas fiscales todas ellas que Pedro Sánchez sacará del cajón donde quedaron antes de las elecciones en caso de ser elegido presidente del Gobierno para la nueva legislatura, como de hecho ya ha incluido en su Programa de Estabilidad para 2020.

En concreto, para el año que viene ya se ha comprometido con la Unión Europea a un aumento de impuestos de 5.654 millones de euros, incluyendo la mayoría de estas iniciativas, así como el aumento del IRPF para las rentas de más de 130.000 euros. Una medida cosmética, con un impacto más de imagen pública que recaudatorio, ya que apenas supondrá, según los cálculos del Gobierno, un alza de 328 millones de euros.

Ingeniería fiscal

Eso suponiendo, además, que se cumplan las previsiones del Gobierno, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya echó por tierra antes de las elecciones con la mayor parte de las subidas tributarias, al igual que hizo el Banco de España y otros organismos. En este sentido, la AIReF desmontó la optimista ingeniería fiscal del Gobierno y llegó a rebajar hasta la mitad los cálculos de ingresos. Por ejemplo, mientras que Hacienda calculaba que las subidas previstas en el Impuesto sobre Patrimonio aportarían 339 millones de euros, la AIReF dejaba estos ingresos entre cero y ocho millones, en el mejor de los casos. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez estima que en tres años ingresará 2.500 millones con el impuesto a las transacciones financieras (soportado también por los pequeños inversores en bolsa) y otros 3.600 millones con la tasa Google, pese a que la AIReF no daba a estos tributos ni la mitad de capacidad recaudatoria.

Lo que no ha cuantificado el Gobierno es el posible impacto que esta fuerte subida de impuestos puede tener sobre el empleo y sobre una economía que ya muestra evidentes signos de desaceleración. De hecho, el propio Gobierno asegura que una subida de intereses por parte del BCE restaría un punto al crecimiento de España. Es consecuencia del impacto que tendría sobre las familias un aumento de los costes de financiación, mientras que no calcula ningún perjuicio por el alza tributaria.