Sánchez niega que la presión de Repsol haya forzado el "rediseño" del impuesto a las energéticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado hoy que se dispone a rebajar la presión sobre las energéticas, un anuncio que ya avanzó esta semana desde Dubái su vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la Cumbre del Clima COP28.

Sánchez ha incidido en que se está trabajando en el "rediseño" del impuesto extraordinario a las energéticas, aunque ha negado que se deba a las advertencias de Repsol de que este impuesto "condiciona" sus inversiones en España, según ha dicho en una entrevista con Antena 3.

El Gobierno justificó el "impuestazo" en que la subida meteórica de los precios de la electricidad y los combustibles a causa de la invasión rusa de Ucrania llevó a las compañías energéticas a obtener beneficios "por no hacer nada" -los llamados 'beneficios caídos del cielo'- por lo que Sánchez aprobó la sobrecarga fiscal a estas compañías. Una justificación que las energéticas han recurrido vía judicial por considerar que penaliza su crecimiento y su capacidad inversora.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, advirtió esta semana al Gobierno que inversiones como las destinadas al hidrógeno, que proyectan para España unos 1.500 millones de euros, requieren de estabilidad jurídica y fiscal y si hay un impuesto a la producción que no tienen Francia o Portugal, se irán allí.

"¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable", ha apuntado.

De este modo, Sánchez ha confirmado que el impuesto extraordinario a las energéticas se encuentra ahora mismo en fase de "rediseño" para ver también cómo se pueden incentivar dichos proyectos industriales.

El presidente he negado que en España falte seguridad jurídica y ha apuntado que el 20% de todos los proyectos mundiales vinculados con el hidrógeno verde, "que es la energía del presente y del futuro, están localizados en España", según recoge Europa Press.

"Y eso tiene mucho que ver la seguridad jurídica, que no dio, por cierto, el Gobierno de Rajoy, que se planteó la eliminación de las primas a las renovables, con efectos retroactivos. Nos abrió muchos laudos a nivel internacional por eso que, afortunadamente, gracias a la capacidad negociadora de las vicepresidentas, pues hemos ido cerrando y acordando", ha apuntado.

Superávit del sistema

La Comisión Europea no es la única que cree que ya no hay ninguna justificación para aplicar mayor presión fiscal sobre la energía. De hecho, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado hoy indica que el superávit en el que se encuentra hoy el sistema eléctrico permite eliminar definitivamente el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica.

Según Fedea, los costes del sistema eléctrico en España están "bastante controlados", por lo que habría margen para que el superávit sea utilizado para aliviar la factura de los consumidores, siempre asumiendo que los ingresos de las subastas de derechos de emisión no se reducen en relación con los niveles actuales.

Diego Rodríguez, autor del informe, propone la eliminación definitiva del impuesto del 7% a la producción eléctrica, suspendido desde mediados de 2021 como medida para frenar la escalada de precios energéticos. El desequilibrio temporal de ingresos y costes del sistema al que esta eliminación conduciría, mitigado por un pequeño aumento de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), se cubriría con el excedente acumulado de años anteriores.

Ello a la espera de que la desaparición ya prevista de los costes de la deuda en tres años vuelva a reconducir al sistema a una situación de equilibrio.

En una nota de prensa, Fedea asegura que, a falta de su cierre definitivo, el ejercicio 2022 concluirá con un "extraordinario superávit" en el sistema de liquidaciones del sector eléctrico, el "mayor registrado hasta ahora".

En su trabajo, el autor destaca la notable reducción en los ingresos regulados procedentes de los peajes y cargos debido, fundamentalmente, a la reducción de estos últimos en la factura y a la caída de la demanda eléctrica en el bienio 2021-2022. Sin embargo, esa disminución ha sido compensada sobradamente por la inyección de ingresos adicionales provenientes de transferencias desde el sector público.

En concreto, estos ingresos se situaron en un promedio de 2.750 millones de euros en 2018-2020 y se incrementaron a 3.800 millones en 2021 y a más de 8.000 millones en 2022.

Esta aportación se debió a que, a las fuentes tradicionales procedentes de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de las subastas de derechos de emisión de CO2, se unieron distintas transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado para compensar la caída de ingresos por las iniciativas para paliar el incremento de los precios de la energía.

Además, esas mismas subidas de precios en los mercados, junto a la adopción de ciertas medidas regulatorias, empujaron a la baja los costes asociados a la retribución específica de renovables, cogeneración y residuos y a una disminución en la retribución adicional que perciben los generadores térmicos en los sistemas no peninsulares.

Fedea recuerda que el coste de la deuda del sistema eléctrico se reducirá fuertemente en el ejercicio 2027, con un pequeño remanente final que deberá ser liquidado en 2028, de modo que la desaparición de ese coste, actualmente en el entorno de 2.400 millones de euros anuales, "será un elemento muy importante en la reducción de los costes del sistema".