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Sánchez "sacrifica" a Madrid para colocar a Calviño en el BEI

Martínez-Almeida anunció en octubre de 2022 la decisión de optar a la nueva institución. Sin embargo, el Gobierno no presentó formalmente la candidatura hasta noviembre pasado.

MADRID, 21/09/2020.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, dan una rueda de prensa conjunta tras la reunión celebrada este lunes en la sede del Gobierno regional, en Madrid, para reforzar la colaboración entre ambas administraciones para doblegar la curva en uno de los territorios más castigados por la pandemia de covid-19. El encuentro se celebra el mismo día en el que entran en vigor nuevas medidas de restricción de actividad y de movilidad en 37 zonas básicas de salud de la Comunidad con una mayor incidencia acumulada de coronavirus. EFE/Emilio Naranjo
MADRID, 21/09/2020.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, dan una rueda de prensa conjunta tras la reunión celebrada este lunes en la sede del Gobierno regional, en Madrid, para reforzar la colaboración entre ambas administraciones para doblegar la curva en uno de los territorios más castigados por la pandemia de covid-19. El encuentro se celebra el mismo día en el que entran en vigor nuevas medidas de restricción de actividad y de movilidad en 37 zonas básicas de salud de la Comunidad con una mayor incidencia acumulada de coronavirus. EFE/Emilio NaranjoEmilio NaranjoAgencia EFE

El nombramiento de Nadia Calviño como nueva presidenta del BEI tiene peajes. Aunque al Gobierno de Pedro Sánchez le ha costado poco pagarlos en el caso de Madrid, que aspiraba a ser la flamante sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (llamada AMLA, por sus siglas en inglés) y que, según indican fuentes a este diario, se ha quedado sin el apoyo del Ejecutivo central con el pretexto de que la candidatura se presentó fuera de plazo.

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció el pasado 26 de octubre de 2022 junto al Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la decisión de presentar la candidatura de Madrid como sede para albergar la nueva institución europea. Sin embargo, el Gobierno no presentó formalmente la candidatura hasta noviembre pasado.

Madrid se postulaba con la percha de España como referente internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, al disponer de las máximas calificaciones globales en esta área. Su robusto modelo institucional, encabezado por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y el SEPBLAC, actúa como regulador, supervisor y Unidad de Inteligencia Financiera.

España cuenta con las mejores valoraciones del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), el organismo de referencia en el control. Según las calificaciones de este organismo, España es el primer país de la Unión Europea en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre otras cuestiones gracias al uso de tecnologías innovadoras y de inteligencia financiera.

España es actualmente el único país del mundo en el que 10 de los 11 indicadores de evaluación de la efectividad de su sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han obtenido una calificación de 'Sustancial' o 'Alto'. Esta elevada calificación sitúa a España como uno de los países con un sistema de prevención de blanqueo de capitales más seguros.

Madrid ofrecía, además, infraestructuras de primer nivel, un gran dinamismo económico, colegios y universidades internacionales, hospitales de prestigio, un coste de vida inferior al de otras ciudades europeas.

El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El paquete también incluía la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, que se ubicará en alguno de los estados miembros de la UE, para coordinar a las autoridades nacionales y garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE de manera correcta y coherente.

AMLA también apoyará a las Unidades de Inteligencia Financiera para mejorar su capacidad analítica en torno a los flujos de dinero ilícitos y hacer de la inteligencia financiera una fuente clave para la aplicación de la ley.